Reportan al menos 92 muertes en presuntos intercambios de disparos con la Policía entre septiembre y octubre

Santo Domingo. – Al menos 92 personas han muerto durante septiembre y lo que va de octubre de 2026 en hechos reportados como presuntos intercambios de disparos entre agentes de la Policía Nacional y ciudadanos señalados por su vinculación con actividades delictivas, según un recuento difundido a partir de informes policiales y publicaciones periodísticas.

Los fallecimientos se han registrado durante los primeros meses de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien asumió la dirección general de la Policía Nacional el pasado 18 de agosto, en sustitución de Andrés Modesto Cruz Cruz.

Su designación fue dispuesta por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 558-26, emitido el 17 de agosto de 2026, que también estableció el ascenso de Rodríguez García al rango de mayor general.

De acuerdo con el recuento presentado, durante septiembre se registraron 55 muertes atribuidas a supuestos enfrentamientos con agentes policiales, mientras que en octubre la cifra ascendía a 37, con la posibilidad de aumentar antes de finalizar el mes.

Los hechos se han producido en diferentes demarcaciones del territorio nacional, desde el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo hasta provincias del interior, incluida Bahoruco.

Sin embargo, el levantamiento periodístico permitió identificar individualmente 37 de los 55 casos correspondientes a septiembre y 26 de los 37 reportados durante octubre.

La diferencia entre las cifras generales y los casos identificados plantea interrogantes sobre la disponibilidad de registros oficiales detallados que permitan conocer las circunstancias de cada fallecimiento.

Muertes durante operativos policiales generan preocupación

Los presuntos intercambios de disparos han estado presentes en diferentes operativos realizados por agentes policiales durante las últimas semanas, algunos de los cuales han generado cuestionamientos de familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Entre los casos que han provocado preocupación figura la muerte de los hermanos gemelos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años, ocurrida el pasado 21 de octubre en el sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este.

Los adolescentes murieron durante una intervención policial realizada dentro de su residencia, en circunstancias que han sido cuestionadas por sus familiares, quienes rechazaron la versión de un supuesto enfrentamiento con los agentes.

El caso se suma a otros fallecimientos reportados durante operativos policiales que han reabierto el debate sobre el uso de la fuerza y los procedimientos empleados por los organismos responsables de la seguridad ciudadana.

Aunque las autoridades han presentado distintos hechos como intercambios de disparos, las circunstancias particulares de cada intervención requieren investigaciones que permitan establecer cómo ocurrieron las muertes y si las actuaciones se ajustaron a los procedimientos legales.

Derechos Humanos solicita estadísticas oficiales y verificables

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, consideró necesario que las autoridades dispongan de un registro público y detallado de las personas fallecidas durante intervenciones policiales.

El defensor de los derechos humanos sostuvo que la falta de información consolidada dificulta conocer la magnitud de estos acontecimientos y evaluar las circunstancias en que se producen.

“Para establecer cuántas personas han sido colocadas en el llamado código 29 desde la llegada del nuevo director de la Policía Nacional, es necesario contar con estadísticas oficiales y verificables. No podemos permitir que estas muertes se conviertan en simples cifras; detrás de cada caso hay una vida, una familia y una sociedad que merece conocer la verdad”, declaró.

Mercedes también manifestó preocupación por las edades de las personas fallecidas durante estos operativos, al señalar que una parte importante corresponde a jóvenes de entre 18 y 25 años.

A su juicio, esta situación hace necesario fortalecer las estrategias de prevención del delito y establecer mayores mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales.

“Debemos fortalecer la prevención del delito, las oportunidades de reinserción social y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales, garantizando siempre el derecho a la vida y el debido proceso”, precisó.

Reclaman transparencia en investigaciones sobre actuaciones policiales

El debate sobre los denominados intercambios de disparos también ha puesto de manifiesto la importancia de contar con mecanismos que permitan esclarecer cada muerte ocurrida durante una intervención policial.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran necesario conocer los resultados de las investigaciones, las circunstancias de los enfrentamientos reportados y los procedimientos aplicados por los agentes involucrados.

El recuento de septiembre y octubre refleja la cantidad de fallecimientos atribuidos a estas intervenciones durante el período analizado, aunque no permite establecer por sí solo si en cada caso existió un enfrentamiento armado.

La publicación de estadísticas oficiales y verificables contribuiría a determinar la magnitud de estos hechos y facilitaría el seguimiento de las investigaciones correspondientes.