Carnaval de Santiago Bajo Escrutinio: ¿Dónde Están Las Cuentas y Quién Decide el Futuro de Nuestra Tradición?

Reportaje de investigación y análisis | Diario55.com – Supertv55
Santiago de los Caballeros. El Carnaval de Santiago, una de las manifestaciones culturales más representativas de la identidad popular dominicana, se encuentra ante un debate que trasciende los desfiles, las comparsas, los lechones y los espectáculos artísticos: la transparencia de los recursos públicos, la comercialización de la fiesta, la participación de los auténticos protagonistas y el modelo de dirección escogido por la administración municipal del alcalde Ulises Rodríguez.

Las ediciones de 2025 y 2026 dejaron una serie de interrogantes que merecen respuestas documentadas. ¿Cuánto dinero se invirtió realmente en cada carnaval? ¿Cuánto se recaudó mediante patrocinios, publicidad y comercialización? ¿Qué resultados económicos produjo el evento? ¿Por qué no se ha presentado públicamente, en las fuentes consultadas, un balance financiero consolidado que permita comparar los ingresos con los gastos definitivos?

A estas preguntas se suma otra controversia: el cuestionamiento sobre la designación de la dirección ejecutiva del carnaval, la experiencia de sus responsables, la ausencia de un comité organizador representativo —según los planteamientos que motivan esta investigación— y el papel que deben desempeñar el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, las federaciones y los grupos carnavalescos.

El propósito de este reportaje es colocar esas interrogantes en el centro del debate público y reclamar respuestas verificables.

1. Ulises Rodríguez y la responsabilidad de rendir cuentas
Cuando una administración municipal decide asumir un papel central en la organización de una celebración popular y compromete recursos públicos, también asume una responsabilidad frente a los contribuyentes.

En febrero de 2025, el periódico Diario Libre informó que la inversión estimada para el montaje del Carnaval de Santiago oscilaba entre RD$40 millones y RD$42 millones. La Alcaldía planteó entonces una estrategia de relanzamiento, con cambios en la ubicación del evento y objetivos de innovación, fortalecimiento cultural y proyección internacional.
La cifra anunciada constituye una referencia importante, pero no debe confundirse con el gasto final auditado de la actividad.

La pregunta que debe responder el alcalde Ulises Rodríguez es concreta: ¿cuál fue el monto definitivo ejecutado y cómo se distribuyeron los recursos?
La ciudadanía necesita conocer, como mínimo:

El presupuesto inicial y sus modificaciones.

Los contratos para el montaje, las tarimas, las luces, el sonido, la seguridad y la logística.
Los pagos realizados a proveedores y productores.

Las asignaciones entregadas a las federaciones y los grupos carnavalescos.

Los ingresos procedentes de patrocinadores y anunciantes.

Las recaudaciones por espacios comerciales, casetas y otros derechos de explotación.

El balance final entre los ingresos y los gastos de cada edición.

No basta con informar que se celebró un carnaval exitoso o que se entregaron aportes a los participantes. La rendición de cuentas debe demostrar cuánto se presupuestó, cuánto se gastó, cuánto ingresó y qué resultados se obtuvieron.

La pregunta central sigue pendiente de una respuesta documentada: ¿dónde puede consultar la ciudadanía el balance financiero integral del Carnaval de Santiago de 2025 y de 2026?
2. La comercialización: ¿cuánto dinero produjo el carnaval?

Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento es la explotación comercial de una fiesta que convoca a ciudadanos, visitantes, empresas, medios de comunicación y patrocinadores.

El carnaval representa una oportunidad para promover marcas, vender espacios publicitarios, establecer acuerdos comerciales y dinamizar la economía local. Por eso, la comercialización debe formar parte de la evaluación financiera, y no quedar limitada a anuncios de patrocinio o fotografías de actividades promocionales.

En la edición de 2026, la Alcaldía anunció el respaldo de Cerveza Presidente como patrocinador oficial. Sin embargo, con la información pública examinada para este reportaje no ha sido posible establecer el valor total del acuerdo ni determinar cuánto aportaron, en conjunto, los patrocinadores.

Tampoco se ha podido establecer un balance consolidado de los ingresos obtenidos por publicidad, espacios comerciales y otros acuerdos vinculados al evento.

Esta falta de información verificable impide contestar preguntas esenciales:

¿Cuánto dinero ingresó por concepto de patrocinio en 2025 y cuánto en 2026?
¿Qué empresas participaron como patrocinadoras y cuáles fueron sus aportes?
¿Cuánto se cobró por instalar casetas, módulos comerciales y otros espacios?
¿Qué ingresos se obtuvieron por derechos publicitarios y exclusividades comerciales?
¿Quién negoció los contratos y qué institución recibió los recursos?
¿Qué mecanismos se utilizaron para registrar, depositar y fiscalizar esas recaudaciones?
Estas preguntas no constituyen por sí mismas una acusación de irregularidad. Son asuntos legítimos de interés público que deben aclararse mediante contratos, registros contables y comprobantes oficiales.

Si la comercialización generó ingresos significativos, la ciudadanía debe conocerlos. Si no produjo los resultados esperados, también debe explicarse por qué.
3. Los gastos de 2025 y 2026: dos ediciones que necesitan un balance comparativo

En 2025 se difundió una estimación de inversión de entre RD$40 millones y RD$42 millones. En enero de 2026, la Alcaldía informó que había previsto una asignación total de RD$6.8 millones para los grupos de lechones y agrupaciones participantes, de la cual anunció una primera entrega de RD$2,337,500.

Estas cantidades corresponden a conceptos diferentes: la estimación de inversión de 2025 se refería al montaje general, mientras que los RD$6.8 millones anunciados para 2026 correspondían al apoyo a las agrupaciones. Por tanto, no sería correcto compararlas como si fueran el costo total de ambas ediciones.

Precisamente por eso se necesita un informe financiero que detalle cada partida.

El Ayuntamiento debe precisar cuánto se destinó al montaje general en 2026, cuánto se pagó por presentaciones artísticas, promoción, seguridad, transporte, producción y logística, y cuánto aportaron las empresas privadas.

También debe explicar cómo se distribuyeron los recursos entre las federaciones y los grupos, cuáles fueron los criterios de asignación y qué mecanismos de comprobación se utilizaron.
La información debería publicarse en un cuadro comparativo que permita examinar ambas ediciones bajo los mismos criterios.

Sin cifras completas de ingresos y gastos, no es posible determinar con rigor si el modelo de organización fue financieramente eficiente ni cuánto costó finalmente cada carnaval a las arcas municipales.

4. La dirección del carnaval: ¿se tomó en cuenta la experiencia de sus protagonistas?
La controversia no se limita al dinero. También alcanza el modelo de dirección de una manifestación cultural cuya historia está ligada a sus artesanos, lechones, comparsas, músicos, dirigentes barriales y gestores tradicionales.

Entre los cuestionamientos planteados por sectores vinculados al carnaval figura la preocupación por la designación de una dirección ejecutiva sin suficiente conocimiento de las particularidades históricas, sociales y culturales de la celebración.

Este señalamiento requiere una evaluación objetiva de la trayectoria, las responsabilidades y los resultados de quienes han estado al frente de la organización. No corresponde dar por demostrada una falta de capacidad profesional sin examinar antecedentes, funciones y evidencias concretas.

Sin embargo, sí es legítimo preguntar cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a los responsables, qué experiencia específica se consideró necesaria y cómo se garantizó la participación de quienes conocen de primera mano la tradición carnavalesca.

Dirigir un carnaval no consiste solamente en contratar tarimas, organizar espectáculos o coordinar una agenda de actividades. También exige conocer la historia de los personajes, las diferencias entre los grupos, las particularidades de los barrios, el trabajo de los artesanos y las normas culturales que sostienen la celebración.

El desafío de cualquier administración es combinar la capacidad de gestión con el respeto a la identidad popular.

Cuando los protagonistas sienten que sus conocimientos no se toman suficientemente en cuenta, pueden surgir tensiones que afectan la confianza y la participación. Por ello, la Alcaldía debería explicar cómo incorporó las opiniones de las federaciones y los grupos tradicionales en las decisiones de 2025 y 2026.

La pregunta no es si una persona ajena a una familia carnavalesca puede dirigir una organización. La cuestión es si el modelo de dirección garantiza experiencia pertinente, diálogo, representatividad y rendición de cuentas.

5. La ausencia de un comité organizador representativo
Otro punto que debe aclararse es la denuncia de que no se habría establecido un comité organizador con representación amplia de los sectores que forman parte del Carnaval de Santiago.

Un comité de esa naturaleza puede servir para distribuir responsabilidades, establecer reglas, coordinar las actividades, prevenir conflictos y asegurar que las decisiones no dependan exclusivamente de una sola oficina.

Su composición podría incluir representantes de:

Las federaciones y los grupos de lechones.

Los artesanos y fabricantes de caretas.

Los gestores culturales y conocedores de la historia del carnaval.
Las instituciones municipales.

El Ministerio de Cultura.

Los sectores artísticos, comerciales y turísticos.

Las organizaciones comunitarias vinculadas a la celebración.

La cuestión debe examinarse con documentos y no únicamente a partir de declaraciones. Es necesario conocer si existió una estructura formal de organización en 2025 y 2026, quiénes la integraron, cómo fueron seleccionados sus miembros y cuáles decisiones tomaron.

Si no hubo un órgano representativo con funciones claramente definidas, la Alcaldía debe explicar por qué optó por ese modelo y qué mecanismos utilizó para garantizar la participación de los carnavaleros.

Un comité no debería ser una estructura decorativa ni una simple lista de nombres. Su valor depende de que tenga responsabilidades definidas, capacidad real de deliberación, actas de reuniones y mecanismos de seguimiento.

La organización del carnaval requiere coordinación institucional, pero también legitimidad cultural.
6. ¿A quién le corresponde organizar el Carnaval de Santiago?
La discusión sobre las competencias institucionales debe apoyarse en el marco legal.

La Ley núm. 1-12, que declara el Carnaval de Santiago de los Caballeros Patrimonio Folclórico de la Nación dominicana, establece que el Estado debe proteger, conservar, desarrollar y promover esta manifestación cultural mediante la coordinación entre el Ministerio de Cultura, el gobierno local y la Corporación Carnavalesca de Santiago.

La misma ley atribuye al Ministerio de Cultura responsabilidades de apoyo, protección y promoción, así como participación en la organización junto con los artesanos, los sectores involucrados y las entidades públicas y privadas. También reconoce la participación activa de la comunidad en la gestión y protección del carnaval.
Por tanto, no sería jurídicamente preciso afirmar, sin un análisis adicional de las normas aplicables, que la organización corresponde exclusivamente al Ministerio de Cultura y que el Ayuntamiento carece de atribuciones para participar.

Lo que sí establece la legislación es la importancia de la coordinación institucional y de la participación de los protagonistas culturales.
En consecuencia, cabe preguntar:

¿Qué acuerdo de coordinación se estableció entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la Corporación Carnavalesca de Santiago?
¿Qué funciones asumió cada institución?
¿Qué participación tuvieron las federaciones y los grupos tradicionales en la planificación?
¿Qué recursos aportó cada entidad y cómo se distribuyeron las responsabilidades?
¿Qué mecanismos se utilizaron para proteger el patrimonio cultural y garantizar la continuidad de la tradición?
El debate no debe reducirse a determinar qué institución tiene mayor protagonismo. Debe orientarse a establecer si se está cumpliendo el marco legal y si la organización protege adecuadamente el carácter patrimonial y comunitario del carnaval.

7. El riesgo de convertir una tradición popular en una operación exclusivamente institucional
El Carnaval de Santiago es mucho más que una actividad incluida en el calendario del Ayuntamiento. Es una expresión cultural construida durante generaciones por personas que han dedicado tiempo, recursos y creatividad a conservar sus personajes, caretas, vestuarios y formas de participación.

Las instituciones públicas tienen una función importante en su financiamiento, promoción, seguridad y organización. Sin embargo, la intervención institucional debe contribuir a fortalecer la tradición, no a desplazar a sus protagonistas.

La profesionalización de la organización puede mejorar la producción, ampliar el patrocinio y atraer visitantes. Pero esos objetivos deben desarrollarse con la participación de los sectores culturales y con reglas transparentes.

El reto consiste en encontrar un equilibrio entre la administración de los recursos, el desarrollo comercial y la protección de la identidad carnavalesca.

Una dirección que escuche a los grupos, un comité con representación efectiva y un sistema de información financiera accesible pueden ayudar a alcanzar ese equilibrio.

Por el contrario, la falta de información o de canales claros de participación puede alimentar la desconfianza y dificultar la construcción de una política cultural duradera.

8. Las preguntas que Ulises Rodríguez debe responder
Para avanzar en esta investigación, Diario55.com considera necesario solicitar al alcalde Ulises Rodríguez, al director ejecutivo del carnaval y a las áreas financieras y de contratación del Ayuntamiento una respuesta formal a las siguientes interrogantes:
Sobre los recursos públicos
¿Cuál fue el gasto total ejecutado del Carnaval de Santiago de 2025?
¿Cuál fue el gasto total ejecutado del Carnaval de Santiago de 2026?
¿Dónde están los informes de ejecución presupuestaria de ambas ediciones?
¿Cuáles fueron los principales contratos, sus montos y sus proveedores?
Sobre la comercialización
¿Cuánto dinero se recaudó por patrocinios y publicidad en cada edición?
¿Cuáles fueron los aportes individuales de los patrocinadores?
¿Cuánto se obtuvo por espacios comerciales y otros derechos?
¿En qué cuentas institucionales se registraron esos ingresos?
Sobre la dirección y la organización
¿Cuáles fueron los criterios para designar a los responsables ejecutivos?
¿Qué experiencia profesional y cultural se tomó en consideración?
¿Existió un comité organizador formal y quiénes lo integraron?
¿Qué participación tuvieron las federaciones, los artesanos y los grupos tradicionales en las decisiones?
Sobre las competencias institucionales¿Qué acuerdos se establecieron con el Ministerio de Cultura y la Corporación Carnavalesca de Santiago?
¿Cómo se distribuyeron las responsabilidades y los aportes entre las instituciones?
¿Qué medidas se adoptarán para garantizar una organización participativa, transparente y sostenible en las próximas ediciones?
La publicación de las respuestas, acompañadas de documentos verificables, permitiría esclarecer las dudas planteadas y ofrecer a la ciudadanía una visión más completa de la gestión municipal del carnaval.

Conclusión: el carnaval necesita transparencia, participación y respeto a su historia

El debate sobre el Carnaval de Santiago no debería convertirse en una disputa personal entre autoridades y gestores culturales. Lo que está en juego es la administración de recursos públicos, la protección de una tradición patrimonial y el derecho de la ciudadanía a conocer los resultados de las decisiones institucionales.
El alcalde Ulises Rodríguez tiene la oportunidad de despejar las interrogantes mediante la publicación de un balance financiero completo de 2025 y 2026, con los gastos ejecutados, los ingresos comerciales, los contratos de patrocinio y la distribución de los recursos entre los participantes.

También corresponde explicar el modelo de dirección adoptado, los criterios utilizados para seleccionar a sus responsables y las vías de participación ofrecidas a los sectores carnavalescos.
La discusión sobre el papel del Ayuntamiento y del Ministerio de Cultura debe resolverse a partir de la ley y de acuerdos institucionales transparentes, con participación efectiva de la comunidad cultural.

Santiago merece un carnaval capaz de crecer, atraer inversiones y proyectar su identidad sin perder el vínculo con sus raíces.

La pregunta final para el alcalde es sencilla: ¿está la Alcaldía dispuesta a publicar las cuentas completas del Carnaval de Santiago y a establecer un modelo de organización donde las instituciones, los expertos y los auténticos protagonistas de esta tradición tengan responsabilidades claras?
La respuesta debe estar en los documentos, las decisiones y los resultados.

Diario55.com y Supertv55 podrán dar seguimiento a esta investigación mediante solicitudes formales de información pública, revisión de contratos y entrevistas con las autoridades, las federaciones y los gestores culturales.

Fuentes documentales para la investigación

Diario Libre, 24 de febrero de 2025: información sobre la reanudación del protagonismo municipal en la organización del carnaval y la inversión estimada de RD$40 a RD$42 millones.
Ayuntamiento de Santiago, enero de 2026: comunicación oficial sobre la asignación de RD$6.8 millones para los grupos carnavalescos y la primera entrega de RD$2,337,500.

Ley núm. 1-12: declaración del Carnaval de Santiago como Patrimonio Folclórico de la Nación y disposiciones sobre la responsabilidad del Estado, el Ministerio de Cultura, el gobierno local y la participación comunitaria.

Nota editorial: Este reportaje plantea interrogantes de interés público; no afirma que se hayan cometido irregularidades financieras ni que exista una infracción legal. Antes de su publicación definitiva, conviene solicitar la posición del alcalde Ulises Rodríguez, del director ejecutivo Adalberto Rodríguez y del Ministerio de Cultura, e incorporar sus respuestas. La ausencia de un balance localizado en las fuentes consultadas no demuestra, por sí sola, que no exista un informe interno o publicado en otro canal.

Recomendación para completar la investigación

El paso más importante es solicitar formalmente al Ayuntamiento los informes financieros de ambas ediciones, los contratos de patrocinio y comercialización, los gastos de montaje y los documentos que acrediten la estructura organizativa. Eso permitiría preparar una segunda entrega con cifras verificadas y respuestas oficiales.

La base legal puede consultarse en la Ley núm. 1-12, sobre el Carnaval de Santiago. Para contextualizar la inversión anunciada en 2025, también puede revisarse la publicación de Diario Libre sobre la organización del carnaval.