Economista advierte que más de la mitad del nuevo endeudamiento público se utiliza para pagar deudas anteriores

Santo Domingo. – El economista y experto en presupuesto Nelson Suárez recomendó auditar, fiscalizar y transparentar los procesos de contratación, gestión, seguimiento y reestructuración de la deuda pública dominicana, al advertir que una proporción considerable de los nuevos préstamos del Estado se destina al pago de intereses y amortizaciones de obligaciones anteriores.

Suárez planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan conocer con mayor precisión las fuentes y el destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento, así como los resultados de las operaciones de refinanciamiento realizadas por el Gobierno.

En un análisis sobre la evolución del endeudamiento público, el economista señaló que, entre diciembre de 2010 y junio de 2026, la deuda pública consolidada se multiplicó por 4.12, al pasar de US$19,705.3 millones a US$81,179.4 millones.

Asimismo, indicó que, entre diciembre de 2010 y agosto de 2026, las entidades del Sector Público No Financiero (SPNF) destinaron US$91,071.9 millones al servicio de su deuda.

De ese monto, US$42,547.4 millones correspondieron al pago de intereses y comisiones, equivalentes al 46.7 %, mientras que US$48,524.6 millones, un 53.3 %, fueron utilizados para amortizar el capital.

El especialista advirtió que el creciente peso de estas obligaciones limita la disponibilidad de recursos públicos para atender necesidades sociales y desarrollar proyectos de infraestructura.

“El creciente peso específico del servicio de la deuda y, sobre todo, del pago de los intereses, se ha convertido en una fuerte presión al presupuesto, limitando de manera significativa la capacidad fiscal del Gobierno para hacerles frente a la creciente necesidad de recursos para mejorar y ampliar los bienes y servicios públicos básicos, así como los requerimientos de inversión en infraestructuras esenciales y para el desarrollo”, sostuvo.

Cuestiona utilización de nuevos préstamos para pagar obligaciones anteriores

Suárez consideró que una proporción importante del endeudamiento interno y externo contratado por el Gobierno ha sido destinada a cubrir intereses, amortizaciones y déficits de empresas e instituciones públicas, en lugar de financiar programas y proyectos capaces de generar beneficios económicos que contribuyan a su repago.

Explicó que las operaciones de refinanciamiento, reestructuración y gestión de pasivos pueden constituir herramientas legítimas para administrar las obligaciones financieras del Estado, siempre que permitan mejorar las condiciones del endeudamiento.

“Pagar el servicio de la deuda pública con nuevo endeudamiento, bajo las modalidades de refinanciamiento, reestructuración de deuda o lo que se denomina gestión de pasivos, se reputa como una práctica que contribuye a manejar los calendarios de obligaciones para quitar presión al presupuesto, sustituir deuda cara con deuda más barata y liberar fondos para destinarlos a la inversión pública”, recalcó.

Sin embargo, cuestionó que no se disponga de información suficientemente detallada que permita comprobar los beneficios económicos de determinadas operaciones de recompra y reestructuración, particularmente aquellas orientadas a reducir riesgos cambiarios o mejorar las condiciones financieras.

El economista insistió en la necesidad de transparentar estas transacciones, con el propósito de determinar si realmente representan ahorros para las finanzas públicas.

Deuda consolidada alcanzó el 56 % del PIB en junio de 2026

Según el análisis de Suárez, la deuda del Sector Público No Financiero aumentó 4.57 veces durante el período estudiado, al pasar de US$14,818 millones a US$67,649.7 millones.

Mientras tanto, la deuda del Sector Público Financiero (SPF) se incrementó de US$7,160.4 millones a US$15,696.1 millones, más del doble del monto inicial.

El especialista recordó que en 2020, durante la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, la deuda pública consolidada alcanzó el 69.4 % del producto interno bruto (PIB), uno de sus niveles más elevados.

Indicó que la relación entre deuda consolidada y PIB era del 36.6 % en 2010 y alcanzó el 57.9 % en 2025.

A junio de 2026, el indicador se ubicó en el 56 %, mientras que la deuda del SPNF representó el 46.6 % del PIB, según las cifras utilizadas en su estudio.

Suárez destacó que este último porcentaje supera en 6.3 puntos porcentuales el nivel registrado en 2019, antes de la pandemia.

Pago del servicio de la deuda continúa presionando el presupuesto

El economista señaló que, entre 2010 y 2025, los pagos por concepto del servicio de la deuda pública del SPNF se multiplicaron por 3.21, al pasar de US$2,894.5 millones a US$9,300.7 millones.

Durante ese período, el servicio de la deuda representó, en promedio, el 6.32 % anual del PIB, de acuerdo con sus estimaciones.

También indicó que los pagos de intereses y comisiones correspondientes a 2025 fueron 4.5 veces superiores a los de 2010, mientras que su promedio anual en relación con el PIB fue del 2.73 %.

En cuanto a la amortización del capital, señaló que representó un promedio anual del 2.54 % del PIB durante los años analizados.

Para el período comprendido entre enero de 2025 y agosto de 2026, Suárez calculó que el servicio de la deuda pública ascendió a RD$653,430.4 millones.

De ese monto, RD$498,908.6 millones, equivalentes al 76.4 %, correspondieron al pago de intereses, mientras que RD$154,522.4 millones, un 23.6 %, fueron destinados a la amortización de capital.

El economista sostuvo que el 58.9 % del servicio de la deuda durante ese período fue financiado mediante nuevos préstamos internos y externos, por un total de RD$384,555.2 millones.

Según explicó, RD$294,410.1 millones provinieron de endeudamiento externo, mientras que RD$90,145.1 millones correspondieron a financiamiento interno.

“Esto significa que de los RD$715,633.7 millones percibidos en el mismo período por concepto de endeudamiento, el Gobierno utilizó 53.7 %, más de la mitad, para pagar intereses y amortización de la deuda del SPNF”, indicó.

A su juicio, estos resultados muestran una elevada dependencia del financiamiento para cubrir obligaciones previamente contraídas, situación que considera necesario revisar para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Presupuesto de 2027 contempla financiar parte de la deuda con nuevos préstamos

Al analizar el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, Suárez advirtió que una proporción significativa de los recursos destinados al servicio de la deuda del SPNF provendría de nuevas operaciones de crédito.

Según sus cálculos, las obligaciones correspondientes a intereses, comisiones y amortización de capital ascenderían a RD$461,553.9 millones, de los cuales el 61.2 %, equivalente a RD$282,483.1 millones, sería financiado mediante endeudamiento interno y externo.

El economista explicó que el proyecto contempla RD$351,327.1 millones para intereses y comisiones.

De esa cantidad, RD$184,089.3 millones, equivalentes al 52.4 %, procederían de nuevos préstamos, mientras que los restantes RD$167,237.7 millones se cubrirían con recursos internos provenientes de la recaudación tributaria.

En relación con la amortización de capital, estimada en RD$110,226.8 millones, Suárez señaló que el 89.3 %, equivalente a RD$98,393.8 millones, sería cubierto mediante préstamos externos.

El 10.7 % restante se financiaría con recursos internos, de acuerdo con las estimaciones presentadas en su análisis.

Advierte sobre endeudamiento destinado a obligaciones del Banco Central

Suárez también llamó la atención sobre las transferencias previstas para cubrir compromisos financieros del Banco Central de la República Dominicana.

Indicó que el Proyecto de Presupuesto de 2027 contempla RD$44,555.9 millones para atender intereses del Banco Central, mediante recursos provenientes de la colocación de títulos valores y bonos internos.

A partir de estas operaciones, el economista calculó que el 70.5 % del endeudamiento contemplado para 2027 estaría destinado al pago de obligaciones vinculadas al Sector Público No Financiero y al Sector Público Financiero.

El especialista consideró que estos resultados refuerzan la necesidad de establecer mayores controles sobre la contratación y utilización de los recursos obtenidos mediante préstamos.

Asimismo, sostuvo que las autoridades deben ofrecer información detallada sobre las operaciones de refinanciamiento, las condiciones financieras acordadas y los posibles ahorros derivados de las reestructuraciones de deuda.

Suárez reiteró que la fiscalización y la transparencia son necesarias para evaluar el impacto del endeudamiento sobre el presupuesto nacional y determinar su contribución al desarrollo económico y social del país.