Connect with us

Opinion

Mi ventana óptica – Violencia de Estado

Published

on

El Estado tiene la encomienda de detener la delincuencia, pues ninguna sociedad vive en paz, cuando sus ciudadanos son presos del miedo, con la violencia impuesta por el narcotráfico, crimen organizado e inseguridad; sin embargo, la persecución legítima del delito y el ejercicio del poder también tienen límites. A principios de noviembre, en las primeras 72 horas, la policía mató a 7 supuestos delincuentes, sentenciados por una orden administrativa y no judicial. Un hecho peligroso, como decía el senador Antonio Taveras, (Si la delincuencia se resuelve con el código 29, cerremos los tribunales) y el país se ahorraría tener un aparato judicial tan caro, útil para nada, aunque lo mismo deberíamos decir del Primer Poder del Estado, que sale extremadamente caro, sin que ejerza la capacidad y autoridad para enjuiciar a los responsables de estas barbaries.

Ahora estamos entretenidos en “terroristas que buscan atentar contra Abinader”, y un Ministerio Público que se presta a la distracción de un gobierno que lo único que ha hecho bien es escandalizar a una sociedad permisiva; mientras sustituye la ley por llamados intercambios de disparos. En ningún Estado de Derechos esto constituye ni concede a los agentes autorización para disponer de la vida del delincuente, sin que estemos frente al colapso institucional como sucedió en Haití.

En esos días, la prensa traía otra información escalofriante, al menos 107 personas murieron durante intervenciones policiales entre septiembre y octubre de 2026. Estas ejecuciones extrajudiciales fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por organizaciones que exigen esclarecer cada caso mediante investigaciones independientes.

Cuando una intervención policial deja personas muertas, la primera obligación institucional es esclarecer los hechos, si existió una amenaza inminente contra sus agentes actuantes, como el caso donde perdió la vida un oficial policial este fin de semana en Santiago, al enfrentar a tres delincuentes. Para que siga el entretenimiento, las autoridades investigan al menos diez personas relacionadas con supuestos planes para atentar contra el presidente "el pasado 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución". Serían los terroristas más estúpidos, ni que fueran principiantes en ese oficio, usarían aplicaciones de Telegram, WhatsApp, Instagram y otros, hablando de fabricar artefactos explosivos y obtener información sobre los desplazamientos del mandatario. Quizás sea el dudoso comportamiento del presidente que lo lleva a tener miedo e inventar historias que nadie le creerá, porque la dificultad es creer a quién miente deliberadamente, y cuando su gobierno es el que realmente ejerce el terrorismo matando a supuestos o reales antisociales, violando la Constitución.

Por un lado tenemos ciudadanos perdiendo la vida durante actuaciones policiales en circunstancias pocos transparentes y un Ministerio Público, denunciando supuesta conspiración y para mayor desgracia para los dominicanos, la llamada oposición política al parecer ni se entera de las acciones de un gobernante que al salir del poder no dejará en pie elementos tan fundamentales como el derecho a una justicia sana, pues el respeto que se exige para la vida del presidente, es el mismo para los ciudadanos, cuando nadie esté por encima de las leyes.

El presidente representa la institucionalidad del país y su integridad debe ser protegida. Pero eso no establece una categoría privilegiada del derecho a la vida. La Constitución protege a todos, independientemente de posición económica, social o política. Porque cuando la autoridad confunde justicia con venganza, persecución con represión y seguridad con eliminación física, el problema deja de ser exclusivamente la delincuencia común para convertirse en violencia de Estado.

Por Alejandro Almánzar 

Solfuturo09@gmail.com

X, @laactualidadtv

You Tuve, @miventanatv

Tic Tok, @alejandroalmanzar470

Trending

Copyright © 2026 SuperTV