Abogado de Constructora Vista Sol denuncia presunta campaña de difamación y advierte posibles acciones judiciales

Santiago. – El abogado José Miguel Minier, representante legal de Constructora Vista Sol CVS, SRL, afirmó que el conflicto judicial entre la empresa y el comunicador Marcos Álvarez tiene su origen en una disputa económica relacionada con adelantos de comisiones por ventas inmobiliarias que, según explicó, no llegaron a concretarse. Asimismo, denunció una presunta campaña de difamación contra la compañía y advirtió sobre posibles acciones legales contra otras personas que considera involucradas.

Durante una entrevista en el programa El Café de Diario 55, Minier explicó que la controversia surgió a raíz de un contrato de promoción y venta de proyectos inmobiliarios suscrito en 2020, mediante el cual Álvarez habría recibido adelantos de comisiones en el marco de una relación comercial de varios años.

El jurista sostuvo que el vínculo contractual concluyó mediante un documento de descargo firmado el 19 de enero de 2023, en el que, según su interpretación, se reconocía un excedente de RD$12,915,652.08, relacionado con comisiones de ventas que debían ser compensadas.

Minier indicó que, durante la relación comercial, el comunicador recibió aproximadamente RD$60 millones por concepto de comisiones inmobiliarias, pero aseguró que una parte de los recursos adelantados correspondía a operaciones que finalmente no se materializaron.

Explicó que la empresa intentó recuperar esos fondos mediante acuerdos que permitieran al vendedor continuar sus actividades comerciales y destinar parte de las nuevas comisiones al pago de la deuda.

“Yo necesito que tú sigas vendiendo y te voy a rebajar el 50 %; se lo voy a aplicar a la deuda”, relató el abogado al describir una de las propuestas que, según dijo, se plantearon para solucionar el conflicto.

Minier defiende proceso judicial y rechaza trasfondo político

El profesional del derecho sostuvo que la controversia debe resolverse en los tribunales y rechazó que exista una motivación política detrás de las acciones emprendidas por la constructora.

Según explicó, una decisión de primera instancia fue revocada por la Corte de Apelación, que habría conocido el fondo del proceso. También aseguró que la Suprema Corte de Justicia ratificó una decisión favorable a los intereses de la compañía.

Minier manifestó que el monto inicialmente reclamado ronda los RD$12 millones y que, con los intereses acumulados, la suma podría acercarse a los RD$20 millones.

Afirmó que Álvarez tiene derecho a ejercer su defensa y presentar los argumentos que considere pertinentes, pero insistió en que cualquier reclamación debe tramitarse por las vías judiciales correspondientes.

Asimismo, defendió la necesidad de que el Ministerio Público examine tanto las pruebas de cargo como las de descargo, a fin de garantizar el debido proceso y una evaluación objetiva de los hechos.

Denuncia presunta campaña de difamación

Durante la conversación, Minier acusó al comunicador y a otras personas de promover publicaciones en redes sociales que, según su versión, buscan desacreditar a la constructora y a José Pinar, a quien identificó como representante de la empresa.

El abogado consideró que esas publicaciones podrían estar orientadas a presionar a la compañía para que desista de sus reclamaciones económicas y judiciales.

En ese sentido, explicó que, desde su interpretación jurídica, una conducta extorsiva no necesariamente implica exigir dinero, sino que también podría perseguir que una persona o entidad renuncie a un derecho o abandone un proceso legal.

“La finalidad extorsiva no siempre persigue dinero. También puede consistir en obligar a la víctima a renunciar a un derecho o desistir de un proceso”, expresó al desarrollar su argumento.

Advirtió que las publicaciones contra una empresa pueden perjudicar su reputación comercial, generar incertidumbre entre sus clientes y comprometer la estabilidad económica de las familias que dependen de sus operaciones.

El jurista comparó los efectos de una campaña que incentive a compradores a suspender pagos o reclamar masivamente la devolución de sus recursos con una situación de pánico financiero, debido a las consecuencias que podría ocasionar en el funcionamiento de una compañía.

Advierte sobre responsabilidad de terceros y medios de comunicación

Minier también planteó que las personas y los medios de comunicación que participen en la difusión de contenidos presuntamente difamatorios podrían enfrentar reclamaciones legales, dependiendo de su grado de responsabilidad.

Explicó que la estrategia jurídica de la constructora contempla evaluar posibles acciones civiles y penales contra quienes, a su entender, hayan contribuido a perjudicar la imagen de la empresa.

Asimismo, señaló que podrían presentarse reclamaciones relacionadas con la responsabilidad de un canal de televisión que difundió contenidos vinculados al conflicto, así como planteamientos ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Indicó que el Ministerio Público, mediante su área especializada en delitos de alta tecnología, habría solicitado información sobre publicaciones retiradas de plataformas digitales.

En ese contexto, recordó que la eliminación de contenidos en internet no necesariamente implica la desaparición de los registros digitales que podrían servir como elementos de investigación.

El abogado también mencionó el caso de una mujer que habría adelantado aproximadamente RD$500,000 para adquirir una propiedad y cuya identidad, según denunció, habría sido utilizada en publicaciones falsas, presuntamente mediante herramientas de inteligencia artificial.

Aclaró que las responsabilidades de las personas señaladas deberán establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Abierto al diálogo, pero sin presiones

Pese a la controversia, Minier aseguró que existe disposición para buscar una solución mediante el diálogo, siempre que las conversaciones se desarrollen en condiciones de respeto y sin presiones.

“La única manera es reconocer todos esos errores y sentarnos a ver cómo se le busca la vuelta”, expresó.

No obstante, reiteró que la empresa no aceptará negociaciones que considere condicionadas por amenazas, chantajes o publicaciones destinadas a afectar su reputación.

El jurista insistió en que las partes deben acudir a los mecanismos establecidos por la legislación dominicana para dirimir sus diferencias y evitar que el conflicto continúe desarrollándose mediante enfrentamientos públicos.

Destaca crecimiento de los maratones y el turismo deportivo

En otro momento de su participación en El Café de Diario 55, Minier compartió su experiencia como corredor de maratones internacionales y destacó el potencial de estas competencias para impulsar el turismo y dinamizar la economía.

Explicó que ha participado en cinco de los seis maratones que integran el circuito tradicional de las grandes competencias internacionales: Londres, Berlín, Chicago, Tokio y Nueva York, y que tiene pendiente Boston.

Señaló que su mejor registro fue de cuatro horas y 20 minutos, alcanzado en Londres, y explicó que completar una carrera de 42 kilómetros exige preparación física, disciplina y fortaleza mental.

El abogado consideró que el crecimiento del interés por el atletismo representa una oportunidad para promover actividades deportivas que atraigan visitantes y generen beneficios económicos.

En ese sentido, exhortó al empresariado dominicano a respaldar la organización de maratones y carreras de cinco y 21 kilómetros, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo deportivo.

Minier también se refirió a los cambios en la legislación penal dominicana y a la importancia de que los profesionales del derecho mantengan una formación continua para adaptarse a las nuevas disposiciones legales.