Mi ventana óptica – Una autoridad prejuiciada

Desde que Abinader fuera impuesto en el Estado dominicano para representar intereses de sus incondicionales de la ONU, estoy advirtiendo del futuro incierto que espera a la República Dominicana. El paso del tiempo, desgraciadamente, me ha dado la razón y ¿Qué ocurre cuando dejamos de preguntar quién cometió el delito, si quienes tienen el deber de combatirlo son parte del problema?

El país ha intentado fortalecer sus instituciones de seguridad, persecución penal y lucha contra la corrupción, mientras la propia autoridad se relaciona con el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado. Donde muertes del ciudadano común, como doña Zeneida Socorro Castillo que, aunque dicen “el fin fue un robo que salió mal”, pero tiene la característica de un crimen por encargo y que la autoridad debe desentrañar las manos criminales y su móvil real.

El Departamento de Estado, de Estados Unidos, ha señalado que organizaciones criminales transnacionales utilizan territorio dominicano para el tránsito de drogas desde Sudamérica hacia su territorio y Europa, donde involucra a instituciones comprometidas con combatir dicho flagelo, demostrando que la diferencia entre el delincuente común y un policía es mínima, porque la autoridad ha perdido el beneficio de la confianza en la ciudadanía.

Una democracia sobrevive a un escándalo, a un funcionario corrupto e incluso, a una institución debilitada. Peligroso es cuando la gente tenga que sospechar de una autoridad podrida. Esto cambia la naturaleza del problema, y ya no hablamos solamente de delincuencia, sino también de la credibilidad institucional. Y sin esto, una placa policial puede imponer autoridad, el uniforme representar al Estado y la oficina pública seguir funcionando administrativamente, pero sin legitimidad ante la sociedad.

La amenaza que representa el crimen organizado exige de policías confiables, fiscales independientes, jueces libres de presiones, organismos de inteligencia profesionales, controles financieros eficaces y funcionarios cuya conducta pueda ser sometida al escrutinio público. Este necesariamente no necesita conquistar un Estado, le basta con penetrarlo mediante dinero, corrupción, favores, contratos, tráfico de influencias, financiamiento ilegal, protección institucional o utilización de funcionarios para obtener información privilegiada y luego negociarla, ahora mismo circula la denuncia de que la DEA tendió una “invitación” a dos funcionarios de la DNCD, que terminó en su arresto en Miami, precisamente por la corrupción en ese organismo oficial; lo que supera por mucho a la delincuencia común, que el presidente ordena su ejecución en franca violación a nuestra Constitución y leyes vigentes.

El narcotráfico necesita puertos, aeropuertos, rutas terrestres, sistemas financieros, empresas, documentos, contactos y mecanismos para lavar sus ganancias, de ahí que este no opere sin estas complicidades, el Estado requiere de instituciones impenetrables. Estos males siempre han afectado el país, pero jamás habíamos tenido una autoridad con tantos vínculos con la delincuencia organizada.

Lo que se agrava, cuando ni siquiera el primer poder del Estado escapa a esos cuestionamientos, donde no vemos a un congresista pararse en su hemiciclo a exigir el fin de todo esto y lo que tenemos es una autoridad prejuiciada por doquier. Como lo ocurrido en el Centro Olímpico, Félix Sánchez, donde delincuentes haitianos impusieron el caos que acostumbran en su territorio y donde un ignorante de ellos expresó su deseo de que Haití sea la Hispaniola, que es como querer superar lo ridículo, porque nada une al haitiano con la hispanidad, pero es su derecho a soñar y a exhibir su ignorancia.

Por Alejandro Almánzar

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