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Diputada Millys Martínez fue esposada durante incidente en Elías Piña; Policía anuncia investigación

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Comendador, Elías Piña. – La diputada Millys Johanna Martínez Morillo fue esposada durante un incidente con agentes de la Policía Nacional la tarde de este domingo en una estación de combustible del municipio de Comendador, según los videos descritos en los reportes del hecho.

La situación ocurrió durante una actividad vinculada a las fiestas patronales, cuando al menos diez agentes intentaban detener a un joven. Según las versiones preliminares, la legisladora intervino para impedir el arresto y los policías también le colocaron esposas, que posteriormente retiraron en medio de los reclamos de ciudadanos.

En las grabaciones se observa a los agentes rodeando a Martínez mientras varias personas advierten que se trata de una congresista. También se escucha a la diputada pedir que dejaran tranquilo al joven y que le quitaran las esposas.

Policía niega arresto y dispone investigación

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que negó que la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hubiera sido arrestada.

La institución informó que su director general, el mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general, el general Martín Tapia Sánchez, a trasladarse a Elías Piña para encabezar las investigaciones.

Según el comunicado, las pesquisas permitirán esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Pacheco condena lo ocurrido

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó lo que calificó como una agresión contra Martínez y señaló al coronel De León como participante en el intento de arresto.

“Condenamos la agresión que sufrió la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, quien fue esposada durante un intento de arresto”, expresó en una publicación en X.

Pacheco invocó el artículo 86 de la Constitución y recordó que la inmunidad legislativa protege a los congresistas frente a la privación de libertad sin autorización de la cámara correspondiente, salvo en caso de flagrante delito.

“El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, enfatizó.

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