Mi ventana óptica – Condenado sin sentencia

El caso de Chiquín Jiménez, es una vergüenza, no sólo por el homicidio que cometió bajo su condición de salud mental, sino por la respuesta que ofreció el sistema de justicia dominicano, encerrarlo, olvidarlo y abandonarlo a su suerte hasta por el entorno familiar, privado de libertad sin una decisión judicial.

Ahora me pregunto ¿Cuánto como él pasan por lo mismo? Existían informes médicos que advertían sobre sus trastornos mentales y, aun así, el proceso quedó suspendido durante años, sin recibir el tratamiento que su condición exigía y recuperó su libertad, tras la intervención de la Defensa Pública, que calificó el caso como una de las más graves vulneraciones de derechos fundamentales registradas en el país.

Lamento, no tener tiempo para llevar su caso a organismos internacionales, donde al Estado y la justicia se le condene debidamente, porque allí existe una cultura de indiferencia institucional, donde un expediente duerme el sueño eterno durante décadas, sobre todo, cuando se trata de gente sin apellidos como el caso en cuestión.

La prisión preventiva se creía la excepción, sin embargo, frecuentemente esto termina convirtiéndose en condena anticipada. Pasar veinte años preso sin ser juzgado, ya no hablamos de un error procesal, es un fracaso del Estado de Derecho y peor, cuando el imputado presenta condiciones especiales.

La ley contempla la protección de estas personas y establece mecanismos para su tratamiento. Está contemplado en la Ley 12-06 sobre Salud Mental, que reconoce la obligación estatal de garantizar atención adecuada, pero entre la ley escrita y la realidad hay tremendo abismo.

En lugar de recibir asistencia psiquiátrica especializada, Jiménez fue enviado a la cárcel, una práctica recurrente. La prisión sustituyendo al hospital y los tribunales, mientras el silencio administrativo apuesta a la indiferencia. Solamente hablan de derechos humanos cuando conviene políticamente, pero estos también protegen a quienes han cometido delitos, especialmente cuando padecen enfermedades que afectan su capacidad de comprender o dirigir sus actos, lo que mide la calidad de un sistema judicial. En la actualidad tenemos un incremento de hechos violentos cometidos por enfermos y esto no preocupa a las autoridades.

Chiquín, no constituye un hecho aislado, la Defensoría Pública ha denunciado reiteradamente la ausencia de centros especializados para imputados con sus condiciones y dice que centenares de privados de libertad conviven con enfermedades psiquiátricas sin la debida atención.

Esto es doblemente trágico, se castiga a quien necesita tratamiento y, al mismo tiempo, se pone en riesgo a la sociedad, al no abordar las causas médicas que originan conductas violentas como lo vengo denunciando desde hace tiempo. La justicia no puede ser sólo para encarcelar. También implica juzgar dentro del plazo razonable, respetar el debido proceso, de lo contrario, es justicia plagada de injusticias, recordamos a Miguel Antonio Valenzuela en San Cristóbal, detenido por un caso menor, retenido ilegalmente en un destacamento desde donde salió a morirse a un hospital contagiado con leptospirosis dice la autopsia. ¿Quién responde por todo esto? ¿Quién indemniza el daño psicológico, familiar y humano de una prisión arbitraria? ¿Quién es responsable de un expediente olvidado durante dos décadas? Mientras llega la respuesta, nuestra justicia seguirá cargando una pesada deuda moral con la sociedad. Porque un condenado sin sentencia lacera lo más profundo de la sensibilidad humana, en un sistema judicial cada vez más desacreditado, que sólo privilegia a los poderosos.

Por Alejandro Almánzar

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