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Comerciantes piden prórroga para aplicar cobro de fundas plásticas previsto para diciembre

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Santo Domingo. – A menos de un mes de la entrada en vigor de la disposición que prohíbe la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso en los establecimientos comerciales, representantes del sector expresaron preocupación por la falta de reglas claras para implementar la medida, prevista para el 15 de diciembre de 2026.

La disposición está contemplada en la Ley 98-25, que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de reducir el consumo de plásticos desechables y fomentar la utilización de bolsas reutilizables.

Sin embargo, su aplicación plantea desafíos operativos para supermercados, colmados, farmacias, ferreterías y otros negocios, especialmente por la proximidad de las festividades navideñas, cuando aumenta la actividad comercial.

Entre las principales interrogantes figuran cuáles tipos de fundas estarán sujetos al cobro, cuánto deberán pagar los consumidores, cómo se incorporarán a los inventarios, si estarán gravadas con el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y cuáles serán los procedimientos de facturación.

Comerciantes reclaman reglas claras

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, advirtió que miles de establecimientos todavía desconocen los procedimientos que deberán aplicar para cumplir con la nueva disposición.

Explicó que en República Dominicana operan aproximadamente 62,000 colmados, 3,570 pequeños y medianos supermercados, 3,900 farmacias, 5,550 ferreterías y 9,800 tiendas dedicadas a distintas actividades comerciales.

García sostuvo que todos estos negocios necesitarán adecuar sus operaciones a un protocolo que, según indicó, todavía no ha sido definido por las autoridades.

La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso, coincidió en la necesidad de establecer las reglas antes de iniciar el cobro.

Troncoso señaló que su organización solicitó desde el pasado año la conformación de una mesa de trabajo para abordar los aspectos técnicos y comerciales de la medida.

Aunque ese espacio de diálogo fue establecido, atribuyó parte de los retrasos a cambios administrativos dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre los asuntos pendientes mencionó las posibles excepciones, las condiciones para cobrar las fundas, los mecanismos de supervisión y las consecuencias del incumplimiento.

También consideró necesario definir cómo funcionará el cobro en las compras realizadas mediante aplicaciones digitales y servicios de entrega a domicilio.

No obstante, indicó que los establecimientos afiliados a la ONEC llevan varios meses realizando ajustes internos relacionados con inventarios, procedimientos de caja y capacitación del personal.

Solicitan extender el plazo hasta después de marzo

Los comerciantes han participado durante este año en al menos seis reuniones de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y sectores vinculados a la fabricación y comercialización de productos plásticos.

En esos encuentros se han discutido distintos aspectos de la aplicación de la ley, aunque todavía existen puntos pendientes de consenso.

Uno de ellos es el precio que deberán pagar los consumidores por las fundas. Entre las propuestas examinadas figuran montos de 50 centavos, uno y dos pesos por unidad, sin que exista una decisión definitiva.

Ante esta situación, la Federación Dominicana de Comerciantes solicitó una prórroga que extienda la implementación de la medida más allá de marzo de 2027.

La organización también contempla proponer una aplicación gradual, comenzando por las grandes superficies comerciales y extendiendo posteriormente el procedimiento hacia los negocios más pequeños.

García manifestó preocupación por las dificultades que podrían enfrentar los establecimientos ubicados fuera de las principales ciudades para conocer las especificaciones de las fundas, adquirirlas y adaptar sus operaciones.

Por su parte, el gerente de Mercadeo de Supermercados Bravo, Igor Casanova, indicó que la empresa mantiene conversaciones con las autoridades ambientales y evalúa distintos escenarios para cumplir con la disposición.

Casanova consideró necesario que las reglas sean uniformes y conocidas por los consumidores, de manera que el cobro no sea interpretado como una decisión particular de cada establecimiento.

Industria del plástico asegura estar preparada

Mientras los comerciantes solicitan más tiempo, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast), José María Munné, afirmó que el sector industrial cuenta con condiciones para adaptarse a los cambios.

«De parte de la industria estamos preparados», aseguró.

Munné explicó que algunas empresas han incorporado tecnologías relacionadas con la biodegradación de sus productos, aunque no precisó cuántos fabricantes de fundas plásticas utilizan actualmente esos procesos.

En el caso de los fabricantes de productos de poliestireno expandido, conocido como foam, indicó que algunas empresas comenzaron a incorporar estas tecnologías entre 2021 y 2022.

El representante empresarial destacó, además, que la legislación contempla la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador.

Este mecanismo busca que las empresas participen en la gestión de los residuos generados por sus productos, mediante sistemas de recuperación, tratamiento y disposición que pueden desarrollarse de manera individual o colectiva.

Medio Ambiente trabaja en resolución y reglamento

El asesor del Ministerio de Medio Ambiente, José María Tost, informó que la institución trabaja en una resolución y un reglamento destinados a precisar las condiciones de aplicación de la normativa.

Entre los aspectos que permanecen bajo análisis figuran las características de las fundas que deberán cobrarse, las posibles excepciones y el establecimiento de precios mínimos según su tipología.

También se estudian criterios técnicos de reciclabilidad, reutilización y resistencia para determinar cuáles productos cumplen con las condiciones requeridas.

Tost reconoció que la implementación exigirá campañas informativas, colocación de avisos en los comercios y capacitación del personal encargado de atender a los consumidores.

Asimismo, explicó que el Ministerio trabaja con el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) en aspectos relacionados con la certificación de biodegradabilidad de plásticos y productos de foam.

El propósito es garantizar que las características ambientales atribuidas a estos productos cuenten con respaldo técnico y no se utilicen afirmaciones sin sustento.

Cambios en las compras y posibles efectos laborales

Sobre las repercusiones laborales, Iván García consideró que la medida no necesariamente provocará pérdidas de empleos en el sector comercial.

Por el contrario, entiende que la adaptación de los establecimientos podría generar nuevas responsabilidades y puestos de trabajo destinados a supervisar el cumplimiento de las disposiciones.

Entre los cambios previstos figura que el personal de caja consulte a cada cliente cuántas fundas necesita y registre su costo antes de entregarlas.

Los consumidores, por su parte, podrán decidir si compran las bolsas disponibles en los establecimientos, utilizan alternativas reutilizables o trasladan sus productos sin ellas.

Mientras se aproxima el 15 de diciembre, comerciantes, industriales y autoridades ambientales mantienen las conversaciones para establecer las condiciones que permitan aplicar la disposición sin afectar significativamente las operaciones comerciales durante la temporada navideña.

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