Persisten impugnaciones al Código Penal pese a modificaciones del Congreso

Santo Domingo. – El Tribunal Constitucional ha recibido un total de 23 acciones directas de inconstitucionalidad que abarcan temas penales, electorales, laborales, ambientales y sanitarios. De estas, cuatro recursos mantienen objeciones específicas a disposiciones del nuevo Código Penal.

Acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional

Las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional al Código Penal no han logrado poner fin a las impugnaciones. Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia pública en la que se examinaron 23 expedientes que incluyen diversas materias legales.

Cuestionamientos sobre discriminación y derechos

Los accionantes han planteado cuestionamientos sobre varios aspectos de la legislación penal, tales como la discriminación por orientación sexual, el ejercicio de la medicina, así como la difamación, injuria y ultraje.

Reclamos de la comunidad LGBTI+

Uno de los procesos destacados ante el TC involucra a organizaciones de la comunidad LGBTI+ y otros intervinientes que solicitan el rechazo de un recurso. La Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo han cuestionado el artículo 173 del Código Penal, argumentando que no incluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación.

Díaz ha señalado que las personas LGBTI+ han enfrentado históricamente discriminación y ha argumentado que no debería ser responsabilidad de fiscales y jueces determinar cuándo una conducta constituye discriminación por orientación sexual.

En contraposición, el abogado Juárez Castillo, que representa a organizaciones como la Iglesia Católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), ha defendido que el Tribunal Constitucional no puede incorporar nuevas categorías de discriminación ni crear tipos penales a través de interpretaciones.

Preocupaciones del Colegio Médico Dominicano

Otro de los recursos fue presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que continúa con sus objeciones a pesar de las modificaciones realizadas por el Congreso a algunas disposiciones inicialmente cuestionadas.

El gremio ha expresado que persisten aspectos que podrían afectar el ejercicio profesional de los médicos, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad penal. Su principal preocupación es que ciertas disposiciones no consideran adecuadamente las condiciones del sistema sanitario dominicano.

El CMD advierte que esta situación podría llevar a una práctica de medicina defensiva, donde los médicos tomen decisiones influenciadas por el temor a enfrentar procesos penales, aun cuando los resultados adversos puedan estar relacionados con limitaciones del centro de salud.

Libertad de expresión y protección del honor

Otras acciones presentadas ante el Tribunal Constitucional abordan el delicado equilibrio entre la protección del honor y el ejercicio de la libertad de expresión. Fernando Almonte Almonte ha cuestionado varios artículos del Código Penal, mientras que Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino impugnan otros artículos relacionados con la difusión de contenidos y la difamación.

Las disposiciones en cuestión abarcan temas como la difusión de contenidos, la difamación extorsiva, injuria y ultraje, y buscan establecer hasta dónde puede llegar la respuesta penal ante expresiones que puedan afectar el honor de las personas o la dignidad de funcionarios judiciales.

Despenalización del consumo de drogas

Entre los expedientes conocidos se encuentra el presentado por Affe Gutiérrez Gil, quien busca despenalizar el simple consumo de drogas, argumentando que la persecución penal debería centrarse en quienes participan en el narcotráfico.

Gutiérrez sostiene que el consumo debe ser tratado principalmente como un problema de salud y rehabilitación, enfatizando que los consumidores requieren tratamiento y reinserción social, mientras que los esfuerzos represivos deberían enfocarse en quienes comercializan y distribuyen sustancias ilícitas.

Una audiencia con múltiples acciones

Los cuatro recursos relacionados con el Código Penal formaron parte de las 23 acciones directas de inconstitucionalidad que se conocieron durante la audiencia. El bloque penal también incluyó un expediente contra una disposición del Código Procesal Penal.

El Tribunal Constitucional ha informado que los temas examinados abarcaron desde inclusión y participación política hasta asuntos penales, laborales, ambientales, sanitarios y tributarios. También se revisaron expedientes relacionados con el régimen electoral, gestión integral de residuos sólidos, medioambiente, salud, facturación electrónica, legislación sobre drogas, lavado de activos, derecho laboral y registro inmobiliario.

Una vez concluidas las exposiciones de las partes, los expedientes quedan en estado de fallo, y será responsabilidad del pleno del Tribunal Constitucional deliberar y emitir las decisiones correspondientes.