Contraloría detecta 15 empleados públicos como beneficiarios de programa del Conape

Santo Domingo. – La Contraloría General de la República identificó que al menos 15 servidores públicos figuraban durante 2024 como beneficiarios del programa Familias de Cariño, del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), pese a recibir salarios de otras instituciones del Estado que alcanzaban hasta los 200,000 pesos mensuales.

La situación fue detectada mediante una auditoría realizada al Conape, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, cuyos resultados evidenciaron debilidades en los mecanismos de selección de beneficiarios, manejo de recursos y controles administrativos.

Según el informe, 12 de los servidores públicos estaban registrados como cuidadores de adultos mayores, mientras que los otros tres figuraban como envejecientes beneficiarios del programa, destinado a brindar asistencia a personas de edad avanzada en condiciones de vulnerabilidad.

Los 12 cuidadores también trabajaban en otras instituciones públicas, donde percibían salarios mensuales de entre 30,000 y 155,000 pesos.

Durante la revisión de las nóminas de enero, junio y diciembre de 2024, los auditores identificaron pagos mensuales por 170,000 pesos a estos cuidadores, de los cuales 11 recibían 15,000 pesos cada uno y otro percibía 5,000 pesos.

Las remuneraciones que estos empleados devengaban en otras entidades estatales ascendían conjuntamente a 784,550.32 pesos mensuales.

Asimismo, la Contraloría identificó a tres personas registradas como adultos mayores beneficiarios que también aparecían en nóminas de otras instituciones públicas, con salarios que alcanzaban hasta 200,000 pesos mensuales.

El organismo fiscalizador advirtió que estas situaciones representan riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos del programa, duplicidad de beneficios y aumento del gasto público.

Debilidades en el programa Familias de Cariño

La auditoría también examinó los informes de gestión y las solicitudes de pago correspondientes a 2024, período en el que el programa registró desembolsos por 54,395,000 pesos.

De ese monto, los auditores seleccionaron una muestra de 16,545,000 pesos, correspondiente a los meses de enero, junio y diciembre, para evaluar los procedimientos de selección de beneficiarios y la documentación que respaldaba los pagos.

Durante la revisión encontraron expedientes que carecían de documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los adultos mayores y sus cuidadores para ingresar al programa.

También identificaron la ausencia de informes médicos elaborados por las unidades correspondientes de la institución, así como de contratos suscritos entre el Conape, los beneficiarios y las personas responsables de su cuidado.

Entre las deficiencias figuraban, además, la falta de comunicaciones dirigidas a la dirección ejecutiva para solicitar la incorporación de adultos mayores y recomendar a sus cuidadores, así como expedientes sin copias de cédulas, datos personales y otros documentos esenciales.

La Contraloría señaló posibles incumplimientos de la Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.

Ante estos hallazgos, recomendó establecer mecanismos de verificación mediante cruces periódicos de información con las nóminas y bases de datos gubernamentales, a fin de prevenir la duplicidad de beneficios y fortalecer los controles de acceso al programa.

Respuesta del Conape

En respuesta a las observaciones, el Conape remitió a la Contraloría, mediante una comunicación fechada el 10 de marzo de 2026, una matriz con un plan de acción y documentos de respaldo relacionados con los hallazgos de la auditoría.

La institución informó que había definido medidas correctivas y de mejora para atender las deficiencias identificadas y fortalecer sus mecanismos de control interno.

Sin embargo, el informe no recoge una explicación específica que justifique la inclusión de los 15 servidores públicos en el programa Familias de Cariño ni establece que esas situaciones hayan sido corregidas en su totalidad.

Por esa razón, la Contraloría mantuvo el hallazgo con el estatus de «en proceso de subsanación» en su informe del 24 de marzo de 2026.

Pagos por más de RD$162 millones sin documentación completa

Entre las demás irregularidades detectadas, la Contraloría identificó 35 operaciones de pago, realizadas mediante cheques y libramientos, por un monto conjunto de 162,239,154.94 pesos, cuyos expedientes carecían de documentos de respaldo requeridos.

De estas operaciones, 20 correspondían a libramientos por 161,191,607.47 pesos, mientras que otras 15 fueron realizadas mediante cheques por 1,047,547.47 pesos.

Las deficiencias incluían la ausencia de documentos como el Registro de Proveedores del Estado (RPE), así como certificaciones relacionadas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

El organismo advirtió que estas prácticas dificultan la verificación de los desembolsos y recomendó fortalecer los controles internos para garantizar que cada operación cuente con la documentación exigida.

Este hallazgo también fue clasificado como «en proceso de subsanación».

Empleados con expedientes incompletos

La auditoría también reveló deficiencias en la documentación del personal del Conape, institución que al cierre de diciembre de 2024 contaba con 1,345 empleados.

De una muestra de 114 expedientes de trabajadores activos, los auditores identificaron la falta de documentos necesarios para sustentar los procesos de contratación y administración de recursos humanos.

Entre las principales irregularidades figuraban 111 expedientes sin contratos de trabajo o nombramientos y 101 sin cartas de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP).

También detectaron la ausencia de certificados de estudios, constancias de buena conducta y otros documentos relacionados con los procesos de selección y evaluación del personal.

Ante esta situación, la Contraloría recomendó completar y actualizar los expedientes, así como fortalecer los procedimientos de contratación y gestión de recursos humanos. La observación también permaneció «en proceso de subsanación».

Detectan 15 vehículos oficiales sin rotular

La inspección física del parque vehicular del Conape determinó que 15 de los 42 vehículos registrados a nombre de la institución no estaban debidamente rotulados.

Según la Contraloría, esta situación contraviene las disposiciones sobre identificación de bienes del Estado y dificulta el control y reconocimiento de los vehículos destinados a las operaciones institucionales.

Los auditores recomendaron adoptar las medidas necesarias para garantizar su identificación y adecuado control. Este hallazgo también quedó pendiente de subsanación.

Institución no presentó título de propiedad de su sede

Otro de los hallazgos de la auditoría estuvo relacionado con la documentación de la edificación donde funciona la sede del Conape, debido a que la institución no presentó el título de propiedad correspondiente.

Los auditores señalaron que esta situación constituye un incumplimiento de las disposiciones sobre registro y control de bienes inmuebles del Estado.

En ese sentido, recomendaron mantener debidamente organizada la documentación que acredita la titularidad de los inmuebles, así como sus registros y demás informaciones patrimoniales.

Aunque el Conape presentó un plan de acciones correctivas, la Contraloría mantuvo esta observación «en proceso de subsanación», debido a que el informe no acreditaba que la situación registral estuviera resuelta al momento de su emisión.