Empresas se querellan contra alcalde Ulises Rodríguez y funcionaria municipal por presunta retención ilegal de equipos

Santiago. – Las empresas Star Satellite Cable and Communications, S.R.L. (Star Cable) y Centric Mobility (CEMO), S.R.L. interpusieron una querella penal con constitución en actor civil contra el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez Guzmán, y la encargada del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, Génesis Elena Cruz, a quienes atribuyen presuntos delitos de desacato judicial, robo agravado y retención ilegal de equipos utilizados en operaciones de telecomunicaciones.

La acción judicial, fechada el 8 de octubre de 2026 y dirigida a la Procuraduría General de Corte del Departamento Judicial de Santiago, también incluye al Ayuntamiento de Santiago como tercero civilmente demandado, por los daños económicos y operativos que las empresas aseguran haber sufrido.

De acuerdo con el documento, suscrito por el abogado Waldo Paulino Launcer, el conflicto se originó el 27 de mayo de 2026, cuando siete empleados municipales, bajo instrucciones de la Dirección de Planeamiento Urbano, habrían incautado un vehículo de trabajo y diversos equipos especializados de las compañías, mientras realizaban labores relacionadas con instalaciones de fibra óptica en la avenida Circunvalación Sur, próximo a la fortaleza San Luis.

Entre los bienes retenidos, según la querella, figuran un camión marca Kia, modelo K2700, herramientas de instalación, equipos de medición de fibra óptica, fusionadoras y aproximadamente 2,000 metros de cable, materiales que las empresas consideran esenciales para el desarrollo de sus operaciones.

Alegan incumplimiento de una orden judicial

Las compañías sostienen que, tras la incautación, iniciaron acciones legales para recuperar sus propiedades, obteniendo una decisión judicial que ordenaba al Ayuntamiento la devolución de los bienes.

Según el expediente, el 28 de agosto de 2026 fue emitida la Ordenanza Civil núm. 0514-2026-SORD-00460, mediante la cual se dispuso la entrega del vehículo, los equipos y las herramientas incautadas, además de establecer una penalidad de RD$2,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión.

Sin embargo, las empresas denuncian que el cabildo no habría ejecutado íntegramente la disposición judicial, pese a las notificaciones e intimaciones realizadas.

La querella señala que el 9 de septiembre de 2026 el Ayuntamiento efectuó una entrega parcial de los bienes. No obstante, los representantes legales de las compañías sostienen que, de los 17 renglones incluidos en el inventario, solamente tres fueron entregados en su totalidad, mientras que los restantes presentaban faltantes.

Asimismo, alegan que algunos equipos fueron devueltos sin sus accesorios esenciales y que el vehículo recuperado presentaba daños y problemas de funcionamiento.

Los querellantes también atribuyen a la funcionaria Génesis Elena Cruz actuaciones que, según afirman, habrían obstaculizado trabajos de reparación de una avería de telecomunicaciones el 21 de septiembre de 2026, situación que supuestamente afectó la prestación de servicios y las operaciones de las empresas.

Reclaman millonaria indemnización

Como parte de la acción judicial, Star Cable y CEMO solicitan una compensación de RD$31,673,757.06 por concepto de lucro cesante y pérdidas operativas, además de US$88,638.50 por daños materiales relacionados con la reposición de los equipos retenidos.

También reclaman RD$1,850,000 por gastos de representación y honorarios legales, así como la aplicación de la penalidad diaria de RD$2,000 establecida mediante la ordenanza judicial.

De igual manera, solicitan la devolución de los equipos que aseguran permanecen retenidos, entre ellos dos fusionadoras de fibra óptica, dos analizadores OTDR y un rollo de aproximadamente 2,000 metros de cable.

En el documento, los representantes legales piden que se declare admisible la querella, se investiguen las actuaciones denunciadas y se establezcan las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder.

Entre las medidas solicitadas figuran la imposición de medidas de coerción contra el alcalde Ulises Rodríguez y la funcionaria Génesis Elena Cruz, incluyendo impedimento de salida del país, presentación periódica y garantías económicas, según las peticiones formuladas para cada imputado.

La querella también solicita que el Ayuntamiento responda solidariamente por los daños reclamados, bajo el argumento de que los hechos denunciados habrían ocurrido durante actuaciones de funcionarios municipales en el ejercicio de sus atribuciones.

Hasta el momento, el documento presentado recoge las acusaciones y pretensiones de las empresas querellantes, sin que estas constituyan una determinación judicial de culpabilidad contra los funcionarios señalados.