Leonel Fernández propone crear código de comunicación para regular medios y plataformas digitales

Santo Domingo. – El expresidente de la República, Leonel Fernández, propuso la creación de un código de comunicación que reúna las disposiciones legales relacionadas con los medios de comunicación, las plataformas digitales y las nuevas tecnologías, durante una mesa redonda celebrada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La actividad, titulada «Libertad de expresión: una reflexión desde el derecho francés y el derecho dominicano», reunió a especialistas de ambos países para analizar la regulación de este derecho fundamental, las sanciones penales por difamación y los desafíos jurídicos derivados del uso de la inteligencia artificial.

El encuentro, organizado por Funglode junto con la Embajada de Francia y otras instituciones académicas y jurídicas, contó con la moderación de Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano.

Durante su intervención, Fernández, fundador y presidente de Funglode, consideró que las disposiciones relacionadas con los medios de comunicación deberían abordarse mediante una legislación especializada, en lugar de incluirse en el Código Penal.

«Eso no ha debido discutirse en el marco del Código Penal, sino en la ley especial», expresó el exmandatario.

Asimismo, planteó la necesidad de armonizar las regulaciones de la radio, la televisión y las telecomunicaciones con las relacionadas con el cine, las redes sociales y las plataformas digitales.

Plantean diálogo para fortalecer la libertad de expresión

El magistrado Namphi Rodríguez abordó la evolución histórica de la libertad de expresión en República Dominicana, así como los distintos intentos de reformar la legislación que regula este derecho.

Destacó que la Constitución de 2010 amplió el reconocimiento de las facultades de buscar, recibir y difundir información, fortaleciendo las garantías constitucionales en esta materia.

Rodríguez sostuvo que uno de los principales desafíos del país consiste en promover un diálogo que permita construir un marco jurídico adecuado a las transformaciones de la comunicación.

«El gran desafío que tenemos… es la construcción en la sociedad dominicana de un diálogo», afirmó.

También señaló que la discusión debe tomar en consideración los estándares internacionales y la creciente concentración de poder en las principales plataformas tecnológicas.

Cuestionan penas de prisión por difamación

La catedrática francesa Farah Safi cuestionó la aplicación de penas de prisión por difamación y advirtió sobre las dificultades que genera la coexistencia de disposiciones del Código Penal y la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

A su juicio, la duplicidad normativa puede provocar incertidumbre sobre las sanciones aplicables y afectar las garantías relacionadas con la libertad de expresión.

«La prisión obstaculiza tanto la libertad de informar como la de ser informado», sostuvo.

Safi consideró necesario corregir esas contradicciones y garantizar que la libertad constituya la regla general en el tratamiento jurídico de los asuntos relacionados con la comunicación.

Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Hermógenes Acosta abordó la doctrina de la real malicia y los estándares internacionales aplicables a los delitos de prensa.

Explicó que, bajo ese criterio, no basta con demostrar que una información difundida es falsa, sino que también deben examinarse las circunstancias en que fue publicada y el conocimiento o la negligencia grave de quien la divulgó.

«No basta con demostrar que lo que se dijo era mentira», manifestó.

Acosta también expuso criterios internacionales que favorecen limitar las sanciones penales en materia de expresión a situaciones excepcionales.

Inteligencia artificial y redes sociales plantean nuevos desafíos

La profesora francesa Valérie Malabat examinó la responsabilidad de las plataformas digitales y sus usuarios frente a la difusión de contenidos en internet.

Durante su intervención, defendió la necesidad de limitar la aplicación del derecho penal y establecer criterios que permitan distinguir entre la creación, la difusión y las interacciones con publicaciones realizadas por terceros.

«Aprobar algo con un pulgar hacia arriba no significa necesariamente tomar la iniciativa de difundirlo ni querer hacerlo», explicó al referirse a las reacciones de los usuarios en las redes sociales.

La especialista consideró importante evaluar las circunstancias de cada actuación antes de atribuir responsabilidad penal a quienes interactúan con contenidos digitales.

Mientras tanto, la abogada Ana Carolina Blanco Haché advirtió sobre los riesgos que podrían representar determinadas regulaciones relacionadas con contenidos modificados mediante inteligencia artificial, especialmente cuando no contemplan excepciones expresas para la parodia y la sátira.

Según explicó, la ausencia de estas garantías podría afectar la difusión de contenidos humorísticos y limitar determinadas manifestaciones de crítica social y política.

«Esto puede ahogar la crítica y asfixiar la libertad de expresión», expresó.

Blanco Haché propuso incorporar disposiciones que permitan proteger la parodia y la sátira, evitando que las medidas destinadas a regular los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial terminen restringiendo expresiones legítimas.

El encuentro permitió contrastar las experiencias jurídicas de Francia y República Dominicana en materia de libertad de expresión, así como examinar la necesidad de adaptar las legislaciones a los cambios tecnológicos sin comprometer los derechos fundamentales.