Yeni Berenice destaca que el nuevo Código Penal tipifica la corrupción como delito autónomo

Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este jueves que el nuevo Código Penal representa un avance histórico en la lucha contra la corrupción en el país, al tipificarla por primera vez como un delito autónomo.

“Cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción y puede ser sancionado, aunque no esté expresamente descrito en otro tipo penal”, explicó Reynoso durante una conferencia en la Dirección General de Aduanas (DGA), donde abordó los alcances de la nueva normativa en materia de corrupción administrativa.

Instrucción presidencial y socialización de la norma

La conferencia se produce luego de que el presidente Luis Abinader instruyera a la procuradora a socializar las nuevas figuras establecidas en el Código Penal tras su promulgación a principios de agosto.

Reynoso calificó la nueva legislación como un “gran código”, alineado con convenciones internacionales y con los marcos jurídicos de los países más avanzados.
“Toda norma es mejorable, pero puedo decir al Congreso y a la sociedad que es un gran código, un Código Penal moderno. No lo decimos por decirlo, lo decimos porque lo buscamos, lo estudiamos y lo comparamos”, señaló.

Corrupción y sus consecuencias

La magistrada subrayó que la corrupción no es un simple problema administrativo, sino un fenómeno que afecta de forma directa el desarrollo nacional.
“Cuando se comete un acto de corrupción, los fondos que deben ir a salud, educación o seguridad no llegan. La víctima de la corrupción es la sociedad entera”, puntualizó.

Como ejemplo, citó un caso de soborno en aduanas para permitir la entrada de un contenedor con armas de fuego. “Quizás quien recibió el dinero lo vea solo como un soborno, pero esas armas terminan en manos de la criminalidad, en cadáveres, en muerte. Y las víctimas pueden ser incluso la misma persona que aceptó el soborno, su familia o cualquier ciudadano”, advirtió.

Novedades de la legislación

El Código Penal, que sustituye una normativa con 141 años de vigencia tras décadas de intentos fallidos, fortalece los mecanismos de persecución contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer sanciones e inhabilitar a los condenados para ejercer cargos públicos.

Entre sus disposiciones, establece penas de hasta 20 años de prisión y plazos de prescripción de hasta 30 años para casos de corrupción, ciberdelitos y manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.

Otra de las innovaciones es que, por primera vez, las empresas podrán ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.