Winston Vásquez advierte sobre crisis climática, amenazas mineras y vacío legal ambiental en República Dominicana

Santiago. – El abogado, ambientalista y presidente del Movimiento Cívico Tiempo Verde, Winston Vásquez, advirtió sobre la grave situación climática, hídrica y jurídica que enfrenta la República Dominicana, al tiempo que cuestionó las políticas mineras y ambientales impulsadas en distintas regiones del país.

Durante una entrevista en el espacio “El Café de Diario 55”, Vásquez analizó las recientes lluvias, la amenaza de sequía, la necesidad de una política hídrica más eficiente y los conflictos ambientales vinculados a proyectos mineros en San Juan de la Maguana y la cordillera Septentrional.

El jurista sostuvo que los cambios climáticos han alterado los ciclos naturales y están afectando severamente la agricultura y la ganadería, especialmente en provincias como Puerto Plata.

“Hace 40 años los inviernos eran más manejables. Hoy podemos pasar hasta 15 o 20 días seguidos bajo lluvia, y eso golpea la producción agrícola y ganadera”, expresó.

Indicó además que la posible llegada del fenómeno de El Niño podría generar una sequía aún más perjudicial para el país.

“Una sequía paraliza la nación y provoca escasez. Ya hemos vivido situaciones catastróficas en la línea noroeste, donde se morían las reses por falta de agua”, recordó.

Ante ese escenario, respaldó la construcción de pequeños embalses y represas en zonas estratégicas para garantizar el abastecimiento hídrico en distintas comunidades.

“El presidente debe escuchar y levantar información en zonas vulnerables donde existen ríos que no están represados. Es pertinente construir pequeños embalses para evitar la escasez continua”, afirmó.

Vásquez también valoró la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero en San Juan de la Maguana, aunque consideró que la medida respondió a la presión social y al impacto político que generó el conflicto.

“El pueblo protestó y el presidente reaccionó. Otros mandatarios no lo hubiesen hecho”, señaló.

No obstante, advirtió sobre las consecuencias que generan las revocaciones de proyectos ya aprobados, debido al impacto en la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.

“Un proyecto que sale del Palacio no puede revocarse constantemente. Eso afecta la imagen internacional y crea incertidumbre jurídica”, indicó.

En ese sentido, anunció que reactivará una acción de amparo contra la concesión otorgada a la empresa Beltrizing Golden SRL para la exploración de cobre en comunidades cercanas al Pico Diego de Ocampo, dentro de la cordillera Septentrional.

“Mañana reiniciamos la acción de amparo para que un juez suspenda esa operación, porque entendemos que viola la ley de Medio Ambiente y la ley de Áreas Protegidas”, explicó.

El presidente de Tiempo Verde aseguró que solicitarán la participación técnica de la Academia de Ciencias para evaluar el impacto hídrico, ecológico y ambiental del proyecto.

Asimismo, criticó que el Gobierno no aprovechara la suspensión del proyecto minero en San Juan para revisar también las concesiones otorgadas en la cordillera Septentrional.

“Ese proyecto afecta directamente a Puerto Plata y Santiago. Debió aprovecharse el momento para revisar ambos casos”, manifestó.

Durante la entrevista, Vásquez sostuvo que el país necesita definir de manera clara si desea continuar desarrollando proyectos mineros y bajo cuáles condiciones ambientales y jurídicas.

“Hay que sentar en la misma mesa al Gobierno y a la sociedad para decidir si República Dominicana puede ser un país minero o no. No podemos seguir aprobando proyectos que luego la población termina rechazando”, expresó.

El ambientalista también denunció la existencia de complicidad histórica entre sectores políticos y empresariales en temas ambientales y mineros.

“Todavía hay sectores que se comportan como si fueran dueños del país”, afirmó.

En otro orden, Vásquez se refirió a la situación ambiental de la cordillera Septentrional, calificándola como un “tema de Estado” por su importancia para las fuentes acuíferas y el equilibrio ecológico nacional.

“La cordillera trasciende cualquier concesión minera. Es un tema jurídico, constitucional y de supervivencia ambiental”, sostuvo.

Explicó que la defensa de esa zona se desarrolla tanto en los tribunales como en las calles, mediante protestas y acciones legales impulsadas por organizaciones comunitarias y ambientales.

“La democracia permite dos vías: la protesta y la vía jurídica. Mientras tengamos vida, seguiremos luchando por la protección de la cordillera”, expresó.

Vásquez también cuestionó el proyecto de la Autovía del Ámbar y pidió estudios técnicos independientes que determinen el impacto ambiental de la obra sobre áreas protegidas y zonas de amortiguamiento entre Santiago y Puerto Plata.

Además, reclamó la creación de tribunales ambientales especializados y una Fiscalía de Medio Ambiente con mayor capacidad de acción.

“Necesitamos fiscales con preparación y disposición para enfrentar el crimen ambiental”, indicó.

Contaminación visual y proyecto de la calle del Sol

Durante la entrevista, Winston también denunció el crecimiento de la contaminación visual en Santiago y cuestionó la ausencia de una ley nacional que regule el exceso de letreros y cableado en las ciudades.

Sostuvo que actualmente no existe en República Dominicana una legislación integral que tipifique la contaminación visual ni sus consecuencias.

Asimismo, analizó el proyecto de remodelación de la calle del Sol, en el centro histórico de Santiago, calificándolo como una intervención urbana y medioambiental de gran impacto para la ciudad.

“Ese proyecto transformará el casco histórico de Santiago y le dará un carácter urbano e histórico distinto”, expresó.

Sin embargo, manifestó preocupación por el tiempo de ejecución de la obra y los efectos económicos que los retrasos generan sobre los comerciantes de la zona.

“Todo desarrollo implica sacrificios, pero no pueden ser prolongados indefinidamente”, concluyó.