Policía desmantela presunta red que fabricaba armas de fuego con impresoras 3D en República Dominicana

Santo Domingo. – La Policía Nacional descubrió una presunta red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego mediante impresoras 3D en República Dominicana, una modalidad que permite producir componentes de armamento sin números de serie ni registros oficiales, dificultando su identificación y rastreo.

Las denominadas «armas fantasma» pueden ensamblarse clandestinamente utilizando piezas fabricadas con materiales como polímeros, combinadas con otros componentes adquiridos por separado.

Estas armas pueden disparar municiones convencionales y provocar heridas mortales, pero carecer de los elementos de identificación que permiten rastrear las armas producidas por fabricantes autorizados.

La utilización de tecnología de impresión tridimensional representa un desafío para las autoridades, debido a que facilita la fabricación clandestina de determinados componentes fuera de los controles tradicionales.

Cinco detenidos y dos prófugos

La Policía Nacional informó este martes que, durante allanamientos realizados entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, fueron detenidas cinco personas y ocupadas diversas armas de fuego, municiones y equipos.

Entre los materiales incautados figuran seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 466 cápsulas de distintos calibres, 26 cargadores, cinco armazones, 33 kits de ensamblaje y una impresora 3D.

También fueron ocupados dos chalecos antibalas, herramientas especializadas y otros componentes presuntamente utilizados para la fabricación y comercialización de armamento.

Uno de los principales investigados es el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera, detenido durante un allanamiento en el sector Nazareno, municipio de Los Alcarrizos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Barrera presuntamente utilizaba equipos de impresión tridimensional para fabricar armazones de polímero y ensamblar armas de fuego sin numeración de fábrica ni registro oficial.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una impresora 3D, componentes para armas de fuego y materiales relacionados con el ensamblaje de armamento.

La Policía también identificó a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero, quienes permanecen prófugos y son señalados como presuntos distribuidores vinculados con la comercialización ilegal de más de 20 armas de fuego.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones, identificar a otros posibles involucrados y establecer el destino de las armas presuntamente comercializadas.

Investigan fabricación clandestina de armamento

La impresión tridimensional permite producir determinados componentes en espacios relativamente pequeños, como viviendas y talleres, lo que representa un reto para los mecanismos tradicionales de supervisión.

A diferencia de las armas fabricadas y comercializadas mediante canales autorizados, las producidas clandestinamente pueden carecer de números de serie y otras identificaciones utilizadas para establecer su procedencia.

No obstante, la ausencia de estas marcas no significa que las armas sean imposibles de investigar, debido a que las autoridades pueden recurrir a pruebas balísticas y otras técnicas forenses.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha advertido sobre los riesgos asociados con la fabricación privada de armamento, la circulación de diseños digitales y las dificultades para rastrear armas que carecen de identificación de fábrica.

En el caso investigado por la Policía dominicana, todavía no se ha precisado cuántas de las armas ocupadas fueron elaboradas con componentes impresos en 3D ni el destino de todas las unidades presuntamente comercializadas.

Estas informaciones serán fundamentales para establecer las dimensiones de la estructura investigada y determinar si existen vínculos con otras redes dedicadas al tráfico ilegal de armamento.

República Dominicana ya había sido destino de armas fantasma

La República Dominicana había sido identificada anteriormente como destino de armas de fuego ensambladas clandestinamente en el extranjero.

El 21 de diciembre de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la condena de Robert Alcantara, residente de Rhode Island, a 68 meses de prisión por traficar más de 100 armas fantasma hacia territorio dominicano.

Según las autoridades estadounidenses, Alcantara operó entre 2017 y enero de 2022 un taller clandestino en el que ensamblaba armas a partir de componentes adquiridos por separado, para posteriormente comercializarlas en República Dominicana.

En aquel expediente, las armas eran ensambladas en Estados Unidos y trasladadas hacia territorio dominicano.

La investigación anunciada ahora por la Policía Nacional presenta una diferencia importante, debido a que documenta la presunta fabricación de componentes mediante impresoras 3D dentro del país.

Este hallazgo plantea nuevos desafíos para la identificación de talleres clandestinos, la vigilancia de las redes de distribución y el rastreo de las armas que circulan ilegalmente.

Legislación sanciona fabricación ilegal de armas

En septiembre, el Ministerio de Interior y Policía había advertido sobre las prohibiciones relacionadas con la fabricación ilegal de armas de fuego mediante impresión tridimensional.

La Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, establece disposiciones destinadas a regular la fabricación, tenencia, comercialización y circulación de armamento en República Dominicana.

La normativa contempla sanciones para quienes fabriquen armas sin contar con las autorizaciones correspondientes, independientemente de los métodos utilizados para producirlas.

Las autoridades deberán determinar la procedencia de los componentes incautados, identificar posibles talleres clandestinos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras continúan las investigaciones, el descubrimiento de la presunta red evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y las capacidades de investigación frente a nuevas modalidades de fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego.