SIP cuestiona iniciativas legislativas que podrían afectar la libertad de prensa en República Dominicana

Punta Cana. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en su informe anual sobre iniciativas legislativas en República Dominicana que podrían poner en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

El pronunciamiento se produjo al cierre de la 81ª Asamblea General de la SIP, celebrada este domingo en Punta Cana, donde se analizó el impacto del Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Senado.

Proyecto de ley y creación del Inacom

La iniciativa, elaborada durante dos años por una comisión designada por el presidente Luis Abinader, fue sometida con el consenso previo de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y otras organizaciones del sector.

El proyecto propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un ente regulador que supervisaría contenidos en redes sociales y medios digitales, con el propósito de proteger la privacidad y la dignidad de las personas.

No obstante, la SIP señaló que diversos sectores políticos, gremiales y comunicadores independientes han manifestado preocupación, advirtiendo que “el Inacom, aunque concebido como un órgano independiente, tiene el potencial de extralimitar sus funciones y convertirse en un mecanismo de censura gubernamental”.

Por su parte, el Gobierno, junto a medios nacionales y el CDP, han defendido la propuesta, asegurando que garantiza la libertad de expresión sin censura previa y refuerza el derecho ciudadano a la crítica pública.

Denuncias sobre restricciones a la prensa

En su informe, la SIP también destacó que periodistas dominicanos han reportado un aumento del hermetismo gubernamental y mayores limitaciones al acceso a las fuentes oficiales.

Según la organización, el ingreso al Palacio Nacional, que antes se gestionaba mediante acreditación de prensa, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación. Además, reporteros denunciaron que se les impide entrevistar libremente a funcionarios y que los equipos de seguridad han mostrado actitudes más agresivas durante las coberturas.

El Gobierno, por su parte, ha reiterado en foros nacionales e internacionales su compromiso con la libertad de prensa, respondiendo públicamente cada vez que se producen denuncias de maltratos verbales o físicos contra periodistas.

Caso de censura extranjera y nuevas propuestas

La SIP también mencionó el caso del Listín Diario, que en mayo denunció un intento de censura indirecta por parte de la empresa estadounidense Network Solutions, tras recibir un ultimátum de 48 horas para eliminar una noticia sobre un caso de corrupción relacionado con Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro.

El periódico rechazó la exigencia, canceló el contrato con la empresa y denunció el hecho como una violación a la libertad de expresión, llamando a establecer marcos legales de protección contra la censura externa o digital.

Durante este mismo periodo, la SIP también registró la introducción de un proyecto de ley por el senador Rafael Duluc, que busca penalizar las expresiones que inciten al odio, la hostilidad o la discriminación.

“Si bien la intención declarada es loable, la ambigüedad de su redacción genera temor de que pueda ser usada de manera arbitraria para silenciar la crítica y el periodismo de investigación”, advirtió la organización.

Agresiones y medidas administrativas

El informe anual también recoge la resolución del Ministerio de Cultura con pautas de comportamiento para los medios, así como la suspensión por 30 días del programa radial Sin Filtro y del artista Sujeto Oro 24 por expresiones consideradas vulgares.

Además, la SIP denunció varios incidentes de agresiones y obstrucción al trabajo periodístico protagonizados por miembros de seguridad de funcionarios públicos.

Uno de los casos más notorios involucró a los escoltas de la vicepresidenta Raquel Peña, quien posteriormente ofreció disculpas públicas. Otro hecho similar habría involucrado a la seguridad de la ministra de Interior, Faride Raful.