Pucmm, Ceur y asesores deben reconsiderar su apoyo a planes que pretendan situarse al margen del ordenamiento territorial vigente

Urbanistas fundadores del ordenamiento territorial de Santiago cuestionan la intención de crear un supuesto PIDU como intermediario entre el Plan Estratégico Santiago 2030 y el POTSA 2030. Advierten que la ciudad necesita actualizar y ejecutar sus instrumentos legalmente aprobados, no multiplicar estructuras paralelas que debiliten la rectoría municipal.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Diversos sectores vinculados a la planificación urbana y territorial, entre ellos profesionales que participaron en los procesos fundacionales del ordenamiento de Santiago con el respaldo del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) y la Unión Europea, solicitaron moderación, responsabilidad institucional y mayor rigor jurídico ante la intención de impulsar un denominado Plan Integral de Desarrollo Urbano (PIDU), presentado como supuesto instrumento intermediario entre el Plan Estratégico Santiago 2030 (PES) y el Plan de Ordenamiento Territorial Santiago 2030 (POTSA).

Los cuestionamientos advierten que semejante iniciativa, de confirmarse su concepción como instrumento paralelo, podría representar un desacierto técnico, institucional y jurídico, especialmente cuando Santiago dispone de instrumentos de planificación construidos mediante amplios procesos de concertación social y aprobados por las instancias municipales correspondientes.

En ese sentido, consideran que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), su Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y los asesores involucrados deben reconsiderar el alcance de su respaldo a cualquier propuesta que pretenda introducir una instancia de intermediación entre dos instrumentos que, por su propia naturaleza, deben funcionar articuladamente.

La academia está llamada a fortalecer la institucionalidad territorial, no a legitimar su fragmentación.

Santiago no necesita un intermediario entre sus planes

El Colectivo de Investigadores y Consultores STRATEGIUS recordó que el Plan Estratégico Santiago 2030 establece una visión concertada de desarrollo económico, social, ambiental, cultural y territorial, mientras que el POTSA 2030 constituye el instrumento específico de organización, regulación y gestión del territorio municipal.

Ambos instrumentos son legales y tienen ordenanzas aprobadas de forma unánime por los 41 regidores de Santiago siendo complementarios.

No existe justificación técnica suficiente para introducir entre ellos una nueva estructura de planificación que pueda generar duplicidades, competencias superpuestas o confusión respecto a las decisiones sobre el uso y ocupación del suelo.

El POTSA fue aprobado mediante la Resolución Municipal 3240-19, como resultado de un proceso de construcción técnica, participación institucional y legitimación democrática.

La entrada en vigor de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos refuerza la necesidad de armonizar y actualizar los instrumentos existentes conforme al marco jurídico nacional, en lugar de promover iniciativas cuya naturaleza normativa y relación con las competencias municipales no estén suficientemente esclarecidas.

Los especialistas consideran que cualquier nuevo estudio urbano, programa de inversión o propuesta académica debe demostrar expresamente cómo contribuye a ejecutar, revisar o actualizar el POTSA, sin atribuirse competencias regulatorias que corresponden al gobierno municipal.

PUCMM y CEUR deben colocar su prestigio académico al servicio de la legalidad

Los sectores críticos entienden que la PUCMM y el CEUR poseen una trayectoria académica que debería contribuir a elevar la calidad científica de la planificación de Santiago.

Precisamente por esa trayectoria, su participación en propuestas territoriales demanda una responsabilidad mayor.

No resulta conveniente que instituciones académicas de reconocido prestigio respalden, sin un debate público suficientemente esclarecedor, iniciativas que puedan interpretarse como sustitutas, intermediarias o superiores a instrumentos previamente aprobados.

La investigación universitaria debe contribuir a mejorar los planes vigentes, identificar sus debilidades, formular propuestas de actualización y producir información científica independiente.

La legitimidad académica no sustituye la legitimidad jurídica, ni la capacidad consultiva equivale a potestad normativa.

STRATEGIUS considera indispensable que los promotores del supuesto PIDU expliquen públicamente cuál sería su fundamento jurídico, qué competencias tendría, cómo se relacionaría con el POTSA, quién aprobaría sus disposiciones y por qué Santiago necesitaría una nueva intermediación institucional para ejecutar decisiones que ya corresponden al Ayuntamiento.

La presión inmobiliaria exige más regulación y menos permisividad

La discusión adquiere especial importancia ante el crecimiento acelerado de la huella urbana de Santiago, la densificación inmobiliaria, la transformación de barrios tradicionales y la presión creciente sobre los sistemas de agua potable, saneamiento, movilidad e infraestructura verde.

La experiencia del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) demuestra la importancia de evaluar no solamente la cantidad de proyectos inmobiliarios, sino también sus impactos acumulativos sobre el territorio.

En tal virtud, Santiago necesita fortalecer un observatorio territorial independiente, crítico y técnicamente solvente que permita relacionar cada nueva edificación con su localización, superficie construida, altura, densidad, uso de suelo, demanda hídrica, generación de viajes, capacidad vial y disponibilidad de infraestructura pública.

El crecimiento constructivo no puede convertirse en una autorización implícita para continuar densificando sectores sin determinar previamente su capacidad de soporte.

Las asociaciones empresariales e inmobiliarias tienen una contribución importante que realizar. Sin embargo, su participación debe estar subordinada al interés general y a las disposiciones territoriales aprobadas democráticamente.

La inversión privada es necesaria para el desarrollo de Santiago, pero no puede convertirse en el principal criterio para definir el futuro urbanístico de la ciudad.

El patrimonio verde tampoco puede quedar subordinado a nuevos proyectos

Otra preocupación fundamental es la insuficiencia de instrumentos efectivamente fiscalizados para preservar el arbolado urbano, las superficies permeables, los corredores ecológicos y las áreas ambientalmente sensibles.

La actualización del POTSA debería incorporar disposiciones verificables para proteger árboles patrimoniales, establecer índices mínimos de cobertura vegetal, preservar las riberas del río Yaque del Norte y sus afluentes, exigir compensaciones ambientales y privilegiar especies nativas y endémicas en los programas de arborización.

Igualmente, resulta indispensable establecer criterios de movilidad peatonal, accesibilidad universal y transporte sostenible para impedir que los nuevos desarrollos continúen trasladando sus externalidades negativas a los barrios circundantes.

La infraestructura verde debe reconocerse como infraestructura pública esencial, tan importante como las redes de agua potable, electricidad, saneamiento y transporte.

Ningún instrumento adicional de planificación debería utilizarse para flexibilizar estas obligaciones o facilitar excepciones urbanísticas sin una evaluación territorial integral.

Actualizar el POTSA es la decisión correcta impulsada por el Ayuntamiento con apoyo ViOTDR

Los urbanistas consideran que el alcalde Ulises Rodríguez, el Concejo de Regidores y las instituciones nacionales competentes tienen la oportunidad de conducir un proceso transparente de actualización del POTSA 2030, aprovechando los estudios, diagnósticos y propuestas existentes.

En ese proceso pueden participar activamente la PUCMM, el CEUR, las organizaciones empresariales, las juntas de vecinos, los colegios profesionales, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y los especialistas que contribuyeron a construir la institucionalidad territorial de la ciudad.

La colaboración académica y empresarial es bienvenida, siempre que se produzca dentro de un esquema de competencias claras, transparencia y respeto a la rectoría municipal.

También es necesario articular los proyectos de regeneración urbana, movilidad, vivienda, resiliencia climática y desarrollo económico con el PES y el POTSA, evitando que cada nueva iniciativa pretenda convertirse en un plan rector independiente.

Un llamado a rectificar antes de profundizar la fragmentación

Finalmente, los sectores críticos exhortaron a los promotores del PIDU a reconsiderar su planteamiento y abrir una discusión pública sobre su verdadera necesidad, naturaleza y compatibilidad con los instrumentos municipales existentes.

No se cuestiona el derecho de las universidades, consultores y organizaciones privadas a investigar, proponer e innovar. Se cuestiona la conveniencia de introducir una figura de intermediación cuya utilidad institucional no ha sido suficientemente demostrada.

Santiago ha invertido décadas en construir capacidades de planificación estratégica, ordenamiento territorial y concertación social. Desconocer esa acumulación institucional sería un retroceso que la ciudad no debería permitirse.

Santiago no necesita un tercer plan que se interponga entre su visión estratégica y su ordenamiento territorial. Necesita que ambos se cumplan, se actualicen y produzcan resultados medibles para sus habitantes.

La PUCMM, el CEUR y sus asesores todavía tienen la oportunidad de contribuir positivamente a ese propósito, reorientando cualquier iniciativa complementaria hacia el fortalecimiento del sistema de planificación vigente.

Porque la modernización territorial no consiste en multiplicar nombres, consultorías y documentos, sino en garantizar que las decisiones sobre el suelo respondan a la ley, al conocimiento científico y al interés colectivo.

La ciudad no necesita intermediarios entre sus planes: necesita instituciones capaces de hacerlos cumplir.