Grupos Carnavaleros Independientes Exigen a Ulises Rodríguez Transparentar Millones Invertidos en el Carnaval de Santiago y Devolver Protagonismo a sus Verdaderos Actores

Gestores culturales cuestionan la comercialización de la tradición, demandan conocer los ingresos por patrocinios, los gastos de montaje de 2025 y 2026 y reclaman un comité organizador independiente, plural y representativo.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Representantes de grupos carnavaleros independientes y gestores culturales de Santiago reclamaron al alcalde Ulises Rodríguez una rendición de cuentas pública, detallada y documentada sobre la administración financiera de las ediciones 2025 y 2026 del Carnaval de Santiago, al tiempo que expresaron su preocupación por lo que consideran un proceso de concentración de decisiones, excesiva comercialización y desplazamiento progresivo de los auténticos protagonistas de esta histórica manifestación cultural.

Los sectores reclamantes consideran que el Carnaval de Santiago no puede continuar administrándose como una actividad exclusivamente municipal, subordinada a decisiones ejecutivas y acuerdos comerciales cuyos resultados económicos no han sido suficientemente explicados a la ciudadanía.

Advirtieron que la recuperación del protagonismo institucional del Ayuntamiento debe acompañarse de transparencia presupuestaria, participación democrática, respeto a la tradición y cumplimiento de las disposiciones legales que reconocen el carácter patrimonial del carnaval.

¿DÓNDE ESTÁN LOS MILLONES DEL CARNAVAL?

Los carnavaleros recordaron que, según informaciones difundidas por Diario Libre en febrero de 2025, la inversión estimada para el montaje de aquella edición oscilaba entre RD$40 millones y RD$42 millones.

Asimismo, señalaron que para 2026 la Alcaldía anunció una asignación de RD$6.8 millones destinada a los grupos de lechones y otras agrupaciones participantes, incluyendo una primera entrega de RD$2,337,500.

Aclararon que estas cantidades corresponden a conceptos presupuestarios distintos, por lo que solicitaron conocer el costo integral de ambas celebraciones, incluyendo la inversión municipal, los aportes privados y las recaudaciones comerciales.

«Santiago tiene derecho a saber cuánto costó realmente cada carnaval, cuánto dinero aportaron los patrocinadores, cuánto se recaudó por publicidad y comercialización y qué proporción de esos recursos llegó finalmente a los grupos que mantienen viva nuestra tradición», expresaron los sectores reclamantes.

Exigieron la publicación de los presupuestos, modificaciones, contratos, órdenes de compra, pagos a proveedores, gastos de producción artística, montaje, seguridad, logística, promoción y distribución de los aportes económicos.

Consideraron especialmente importante transparentar los ingresos obtenidos mediante patrocinadores oficiales, exclusividades comerciales, casetas, módulos de venta, espacios publicitarios y otros mecanismos de explotación económica.

Precisaron que sus cuestionamientos no constituyen una acusación de malversación, sino una exigencia legítima de rendición de cuentas sobre recursos públicos y privados administrados alrededor de una celebración de interés colectivo.

EL CARNAVAL NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA COMERCIAL QUE MARGINE A LOS CARNAVALEROS

Los grupos independientes cuestionaron que el crecimiento de los espectáculos musicales, las tarimas, las campañas publicitarias y las actividades comerciales pueda terminar imponiéndose sobre la esencia cultural de una manifestación construida durante generaciones por los barrios de Santiago.

Indicaron que el carnaval nació del talento popular, de los artesanos, fabricantes de caretas, comparsas, lechones y familias que han sostenido sus expresiones tradicionales, muchas veces sin contar con recursos económicos suficientes.

«No estamos en contra de los patrocinadores ni de la modernización. Estamos en contra de que la comercialización termine convirtiéndose en el objetivo principal, mientras los creadores de la tradición quedan reducidos a participantes secundarios de una fiesta que históricamente les pertenece», sostuvieron.

En ese sentido, reclamaron conocer qué proporción del presupuesto general se invirtió directamente en el fortalecimiento de los grupos, la fabricación artesanal, la preservación de los personajes tradicionales y la formación de nuevas generaciones de carnavaleros.

CUESTIONAN MODELO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y RECLAMAN REVISAR SU DESIGNACIÓN

Otro de los señalamientos está relacionado con el modelo de dirección ejecutiva adoptado por la administración municipal.

Los gestores culturales solicitaron al alcalde Ulises Rodríguez revisar la continuidad de un esquema que, según consideran, no garantiza suficientemente la participación de los sectores tradicionales en las decisiones fundamentales.

En particular, pidieron evaluar públicamente los criterios que sustentaron la designación de Adalberto Rodríguez como director ejecutivo, las competencias culturales consideradas, sus atribuciones administrativas y los resultados alcanzados durante las dos últimas ediciones.

Manifestaron que organizar el Carnaval de Santiago requiere mucho más que experiencia en producción de espectáculos, relaciones comerciales o coordinación de actividades multitudinarias.

Se necesita conocimiento de la historia de los lechones, de las expresiones barriales, de las federaciones, de los artesanos y de los procesos sociales que han convertido esta celebración en patrimonio cultural.

«El Carnaval de Santiago no necesita una dirección que sustituya a sus protagonistas. Necesita una estructura profesional que trabaje con ellos, escuche sus propuestas y respete su autoridad cultural», señalaron.

EXIGEN UN COMITÉ ORGANIZADOR REPRESENTATIVO Y NO UNA ESTRUCTURA DE DECISIONES UNILATERALES

Los grupos carnavaleros independientes plantearon la necesidad de constituir formalmente un Comité Organizador del Carnaval de Santiago, con representación efectiva de las federaciones, agrupaciones independientes, artesanos, gestores culturales, especialistas, organizaciones comunitarias, Ayuntamiento y Ministerio de Cultura.

Dicho organismo deberá contar con atribuciones definidas, reglamento de funcionamiento, actas públicas, mecanismos de fiscalización y participación en las decisiones presupuestarias y culturales.

Advirtieron que una estructura representativa no puede limitarse a legitimar decisiones previamente adoptadas por funcionarios o responsables ejecutivos.

También solicitaron que se haga pública la documentación que permita conocer si durante 2025 y 2026 funcionó un comité organizador formal, quiénes lo integraron y cuáles fueron sus competencias y decisiones.

EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE ACTUAR DE ESPALDAS AL MINISTERIO DE CULTURA Y A LOS PROTAGONISTAS DE LA TRADICIÓN

Los sectores culturales recordaron que la Ley núm. 1-12 declara el Carnaval de Santiago de los Caballeros Patrimonio Folclórico de la Nación y establece un marco de protección y coordinación que involucra al Estado, al Ministerio de Cultura, al gobierno local y a los actores carnavalescos correspondientes.

Por consiguiente, consideran indispensable esclarecer los mecanismos de coordinación establecidos entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la Corporación Carnavalesca de Santiago.

A su juicio, la inversión de recursos municipales no debe interpretarse como una autorización para concentrar unilateralmente las decisiones sobre una manifestación cultural de naturaleza comunitaria y patrimonial.

El gobierno local tiene responsabilidades importantes de apoyo, promoción y organización, pero estas deben ejercerse respetando las competencias institucionales y garantizando la participación de los portadores de la tradición.

CINCO EXIGENCIAS AL ALCALDE ULISES RODRÍGUEZ

Los grupos carnavaleros independientes y gestores culturales formularon cinco demandas para iniciar un proceso de revisión y fortalecimiento institucional del Carnaval de Santiago:

1. Auditoría y transparencia financiera: publicación de los ingresos y gastos definitivos de las ediciones 2025 y 2026, incluyendo contratos, patrocinios, comercialización y aportes institucionales.
2. Revisión de la dirección ejecutiva: evaluación de los criterios de designación, competencias, resultados y mecanismos de participación de los sectores tradicionales.
3. Constitución de un comité organizador plural: integración efectiva de federaciones, grupos independientes, artesanos, gestores culturales, Ayuntamiento y Ministerio de Cultura.
4. Protección de la identidad carnavalesca: establecimiento de una política que priorice los lechones, las comparsas, las caretas, los personajes tradicionales y las expresiones culturales de los barrios frente a la excesiva comercialización.
5. Nuevo modelo de gestión para 2027: elaboración participativa de un presupuesto, reglamento organizativo y programa cultural que garantice transparencia, equidad y sostenibilidad.

ULISES RODRÍGUEZ DEBE DECIDIR ENTRE LA CONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA Y UNA VERDADERA GESTIÓN CULTURAL PARTICIPATIVA

Finalmente, los sectores reclamantes expresaron que el alcalde Ulises Rodríguez tiene la oportunidad de corregir las debilidades señaladas y abrir una nueva etapa de diálogo institucional antes de iniciar los preparativos del Carnaval de Santiago 2027.

Advirtieron que el éxito de esta celebración no puede medirse exclusivamente por la cantidad de asistentes, la magnitud de las tarimas, los artistas contratados o los ingresos comerciales obtenidos.

Su verdadero éxito debe expresarse en el fortalecimiento de los grupos tradicionales, la participación comunitaria, la protección de su patrimonio y la administración transparente de los recursos.

«Queremos un carnaval moderno, organizado, atractivo y económicamente sostenible, pero también queremos un carnaval que siga perteneciendo culturalmente a Santiago y a quienes lo han construido durante generaciones».

Los grupos concluyeron reiterando que la Alcaldía debe ofrecer respuestas documentadas y abrir un proceso de concertación con todos los sectores involucrados.

«El Carnaval de Santiago no es propiedad de una administración municipal, de una dirección ejecutiva ni de una empresa patrocinadora. Es patrimonio del pueblo dominicano, expresión de nuestros barrios y herencia cultural de generaciones. Los recursos deben transparentarse, las decisiones deben compartirse y sus verdaderos protagonistas deben ser respetados».