Fiscalía solicita prisión contra abogado y mujer acusados de explotación sexual de adolescentes en Santiago

Santiago. – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un abogado y una mujer, acusados de integrar una presunta estructura dedicada a captar adolescentes de distintas localidades del Cibao, trasladarlos hasta Santiago y someterlos a explotación sexual a cambio de pequeñas sumas de dinero.

Los imputados fueron identificados mediante las iniciales A.A.V., abogado de profesión, y F.F.P.G., contra quienes la Fiscalía de Santiago presentó una solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

El órgano acusador les atribuye presuntas violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25; a la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Denuncia de un padre dio inicio a la investigación

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la investigación comenzó después de que, el 26 de octubre de 2026, el padre de una adolescente de 17 años denunciara que su hija había sido trasladada desde el municipio de Esperanza, provincia Valverde, hasta Santiago.

Según la denuncia, la joven habría sido convencida de viajar bajo la promesa de adquirir experiencia práctica en una oficina de abogados durante sus días libres de la escuela.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la adolescente fue llevada a la residencia del abogado investigado, donde presuntamente fue sometida a explotación sexual a cambio de dinero.

El expediente establece que F.F.P.G. se habría encargado de trasladar a la adolescente desde Valverde hasta Santiago, mientras que A.A.V. supuestamente coordinaba los encuentros y realizaba grabaciones sin el consentimiento de las víctimas.

La investigación también señala que los imputados imponían reglas para impedir que los adolescentes intercambiaran números telefónicos u otras informaciones personales con las personas involucradas en los encuentros, con el propósito de evitar contactos posteriores.

Identifican otras posibles víctimas menores de edad

Durante las investigaciones, la Fiscalía identificó al menos tres posibles víctimas de la presunta estructura, entre ellas adolescentes de 13, 14 y 17 años.

Según el expediente, una de las personas menores de edad habría sido contactada mediante una aplicación de citas y posteriormente incorporada a las actividades investigadas mediante ofrecimientos económicos.

Las autoridades también recibieron testimonios sobre presuntas grabaciones de los encuentros, que forman parte de las diligencias desarrolladas para establecer las responsabilidades correspondientes.

El Ministerio Público informó que una de las adolescentes fue sometida a evaluaciones psicológicas y exámenes médicos forenses.

Una prueba practicada el 27 de octubre confirmó que la joven de 17 años se encontraba en estado de gestación.

Las autoridades mantienen bajo reserva las identidades de las víctimas, en cumplimiento de las disposiciones de protección de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía pide prisión preventiva

La Fiscalía de Santiago sostiene que la gravedad de los hechos atribuidos a los imputados y el presunto riesgo de que evadan el proceso justifican la imposición de prisión preventiva.

Además, el órgano persecutor solicitó autorización para realizar entrevistas mediante anticipo de prueba a varias personas menores de edad identificadas durante las investigaciones.

Este procedimiento busca preservar sus testimonios y evitar que deban repetir sus declaraciones en diferentes etapas del proceso judicial.

La investigación también contempla el análisis de posibles evidencias digitales relacionadas con los hechos denunciados.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está pautada para este miércoles 11 de noviembre, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

Corresponderá al tribunal evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público y decidir sobre la medida solicitada, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la presunta estructura de explotación sexual.