Ministerio Público recusa a jueza del caso Hugo Beras y Jochi Gómez por “parcialidad manifiesta” a favor de imputados

Santo Domingo.  — El Ministerio Público recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por supuesta “abierta parcialidad” durante la audiencia preliminar del caso de corrupción que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros implicados en el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la jueza ha tomado decisiones “abiertamente favorables” a los imputados, en contradicción con precedentes de casos similares.

Entre las decisiones cuestionadas está el permiso otorgado a José Gómez, uno de los principales acusados, para viajar a destinos como Disney World y Panamá, pese a tener un impedimento de salida. Asimismo, la devolución de armas de fuego a su nombre, aunque estaban registradas a terceros.

“El Ministerio Público tiene la firme convicción de que la Corte de Apelación valorará la recusación ante esta conducta incompatible con la imparcialidad que requiere un proceso penal de esta magnitud”, declaró Pérez Fulcar al salir de la audiencia.

Los implicados y los cargos

Además de Hugo Beras, en el expediente figuran Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, todos exfuncionarios o suplidores vinculados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El grupo es acusado de integrar una presunta red de crimen organizado dedicada al desfalco, estafa al Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje a infraestructura crítica y robo de identidad.

Operación e incautaciones

En el marco de la investigación, la Pepca desplegó un amplio operativo con más de 30 fiscales y unos 170 agentes de la Policía Nacional y unidades especiales. Se allanaron propiedades en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, incautándose documentación, equipos y otras evidencias que, según la fiscalía, fortalecen la acusación.

El Ministerio Público ha calificado esta operación como una de las más contundentes contra la corrupción administrativa y el crimen organizado en el país.

Se espera que en los próximos días la Corte de Apelación del Distrito Nacional conozca la recusación interpuesta por la Pepca y determine si la jueza Patricia Padilla continuará al frente del caso.