Ministerio Público deposita solicitud de coerción contra implicados fraude millonario en Oncológico del Cibao

Santiago. – Este lunes, el Ministerio Público presentó una solicitud de medida de coerción contra los implicados en una presunta red que desvió recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Este esquema de fraude y corrupción ha generado gran preocupación en la comunidad.

El expediente fue entregado al Área de Litigación Inicial, mientras que la defensa de los investigados aguarda que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente establezca la fecha para la audiencia correspondiente.

Juan Francisco Consoró, abogado de varios de los imputados, indicó que hasta el momento no han recibido notificación formal sobre la solicitud, lo que le impide emitir comentarios sobre las acusaciones contenidas en el expediente.

Por su parte, Ricardo Reina, abogado de una de las imputadas, manifestó que están a la espera de la entrega formal del expediente para conocer a fondo los cargos que el Ministerio Público ha formulado.

Cuestionamientos sobre los arrestos

Reina también cuestionó la manera en que se llevaron a cabo los arrestos durante el operativo, señalando que "todas esas personas se estaban presentando ante el Ministerio Público y colaborando con la investigación. Eso no era necesario".

Operativo y arrestos

La intervención fue realizada en conjunto por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.

Durante el operativo, fueron arrestados:

• Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer;
• Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida;
• Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado y exvicepresidenta del patronato.

Alcance de las acusaciones

Según la investigación, los imputados formaban parte de una estructura fraudulenta que habría sustraído millones de pesos mediante diversas maniobras en perjuicio de los pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao, así como de aquellos afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y del Estado dominicano.

El Ministerio Público sostiene que la red utilizó el patronato que administra el centro de salud para cometer presuntos delitos de:

• Asociación de malhechores;
• Estafa contra el Estado;
• Soborno;
• Delitos de alta tecnología;
• Lavado de activos.

Las autoridades también afirman que la estructura contó con la participación de otros empleados y colaboradores que actuaron de manera coordinada para desviar fondos destinados a la atención médica de pacientes oncológicos que pertenecen al régimen subsidiado.

Continuación de las investigaciones

El órgano acusador sigue profundizando en las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a esta presunta red y establecer las responsabilidades penales correspondientes. La comunidad espera que se haga justicia y que los recursos destinados a la atención de los pacientes sean protegidos adecuadamente.