Opinion
Lo que se supone que el presidente debe saber sobre la operatividad de Senasa
Por José Ricardo Taveras Blanco
Después de las tres cuartas partes de dos periodos de gobierno, se supone que el presidente Luis Abinader ( @luisabinader ) debe saber que la naturaleza empresarial de Senasa ( @ARSSeNaSaRD )—que es, pura y simplemente, una aseguradora de riesgos de salud (ARS), aunque sea propiedad del Estado— no es compatible con los mecanismos de control que se usan en el sector público. Por lo tanto,los riesgos de desfalco no podrían, en ningún caso, ser controlados por la presencia de la Contraloría General de la República y mucho menos por un Consejo de Administración que, de acuerdo con una lógica elemental, podría trazar políticas, pero no controlar operaciones rutinarias.
¿Se imaginan a Senasa aguardando a que cada pago de honorarios médicos, reembolsos o medicamentos tenga que someterse al proceso de aprobación de la Contraloría o de un Consejo de Administración? ¿Puede ese tipo de controles someter la práctica médica y la libre elección del paciente al corsé de una licitación pública para el pago de honorarios o la adquisición de medicamentos? ¿Se le puede imponer a un facultativo qué tipo de prótesis usar o no según sean más baratas que las demás? La respuesta a todas estas preguntas es no: el seguro cubre de forma total o parcial, o simplemente no cubre.
Ustede se preguntarán: ¿quién debe ejercer los controles? Conforme tengo entendido, el sistema de seguridad social cuenta con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), ( @SISALRILRD ) gracias a cuya supervisión, según se sabe, fue descubierta la trama, de manera que no se trata de que el sistema no tiene supervisión como erróneamente se le ha dicho al presidente, eso, además del rol que en estos casos juegan los controles tecnológicos.
La versión que da el expediente del Ministerio Público no sitúa los fallos de Senasa en la ausencia de controles, sino que los atribuye a un conciliábulo defraudatorio que involucra a farmacias, médicos y personal de esa entidad, quienes crearon expedientes falsos con cargo a la cobertura de ciudadanos totalmente ajenos a ello; en general, de eso se trató.
Los vicios señalados son los mismos con los que luchan todos los sistemas de seguridad social; sucede en Estados Unidos y en todas partes del mundo, con la única salvedad de que allí no suele alcanzar las dimensiones dantescas con las que se dice que ha ocurrido entre nosotros, donde el nivel ejecutivo parece haberse convertido en un asaltante de caminos.
Pretender amarrar a Senasa con controles gubernamentales lo mataría empresarialmente; la sacaría de circulación y, mientras eso ocurre, la haría inoperante.
Eso no puede —o, más bien, no debe— suceder: Senasa desempeña un rol estratégico en el sistema de seguridad social, porque su existencia actúa como una balanza dentro de este, ayuda a disuadir al mercado de prácticas oligopólicas y sirve tanto a la población más desvalida como a los que más pueden.
Espero que el Gobierno se siente a reflexionar sobre este tema. Senasa puede funcionar bien si el escándalo no nos hace improvisar “soluciones” que terminarían con su existencia: ahí están el Banco de Reservas y la Refinería, cien por ciento estatales, con operaciones controladas al mismo nivel que las de las entidades privadas, como debe ser y, por supuesto, como tendría que ocurrir en Senasa, entidad que debe ser controlada, pura y simplemente, del mismo modo en que lo son las ARS privadas.
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