Finjus insta al Congreso a corregir vicios del Código Procesal Penal antes de que venza el plazo del TC

Santo Domingo. — La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó al Congreso Nacional a priorizar con urgencia la corrección de los vicios de forma que afectan al Código Procesal Penal (CPP), tras la sentencia TC/0765/24 emitida el 6 de diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaño Guzmán, explicó que dicha sentencia declaró inconstitucional la Ley 10-15 —que introdujo reformas al CPP— por irregularidades en el proceso legislativo, aunque su contenido sustantivo no fue cuestionado. El fallo ordena la suspensión de sus efectos por un año, a fin de evitar un vacío legal que comprometa la seguridad jurídica y los derechos fundamentales.

Llamado al Congreso: evitar un caos jurídico

Castaño Guzmán advirtió que, si el Congreso no actúa antes del vencimiento del plazo, se podría generar un “caos jurídico” al tener que aplicar la versión anterior del CPP. Esto implicaría retrocesos importantes, como la ampliación de plazos de coerción, limitaciones a la prisión preventiva, la suspensión condicional del procedimiento y una reducción de mecanismos de protección para víctimas y testigos.

“Han pasado casi seis meses desde la emisión de la sentencia, y el Congreso debe asumir este mandato con sentido de urgencia. La inacción pondría en riesgo la institucionalidad del país”, afirmó.

Cuestionamientos al procedimiento legislativo

Finjus sostiene que la inconstitucionalidad se debió al incumplimiento de los principios de deliberación conjunta y aprobación bicameral establecidos en los artículos 76 y siguientes de la Constitución. “La bicameralidad garantiza no solo el equilibrio político, sino también una toma de decisiones más racional y legítima”, subrayó la organización.

En ese sentido, la fundación insistió en que todo proceso legislativo debe observar estrictamente los requisitos formales establecidos en la Carta Magna, como el voto calificado y la aprobación por ambas cámaras.

Oportunidad de mejora institucional

Para Finjus, esta coyuntura representa también una oportunidad para subsanar otras deficiencias del proceso penal. Castaño Guzmán señaló la necesidad de revisar aspectos clave como la declaratoria y el cómputo de los casos complejos, la participación del Ministerio Público, y las formalidades que muchas veces obstaculizan el acceso a la justicia.

“El Congreso debe abocarse a una reforma que respete la Constitución, pero también que fortalezca la efectividad y legitimidad del sistema penal”, puntualizó.

Llamado a la participación

Finjus instó no solo a los legisladores, sino también a los operadores del sistema de justicia y a la sociedad civil, a participar activamente en este proceso.

“El fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas, procesos apegados a la legalidad y una cultura política que valore el equilibrio entre los poderes del Estado”, concluyó Castaño Guzmán.