Fedanorte rechaza fideicomiso del Teleférico de Puerto Plata y anuncia marcha de protesta

Puerto Plata. – La Federación de Trabajadores y Vendedores de Artesanía y Afines de la Región Norte (Fedanorte) manifestó su rechazo al decreto presidencial que dispone la creación de un fideicomiso público para la administración del teleférico de Puerto Plata.

La organización calificó la medida como un intento de despojar a los puertoplateños del control de una de sus principales infraestructuras turísticas, por lo que anunció la realización de una marcha de protesta el próximo martes 23 de julio.

Durante una reunión del buró ampliado, Fedanorte informó que la movilización comenzará a las 8:00 de la mañana en la Plaza Independencia y concluirá en la Gobernación Provincial, donde entregarán un documento con sus demandas.

Mariano Rodríguez, presidente de Fedanorte, advirtió que no permitirán la privatización del teleférico ni del parque de La Puntilla, y denunció la difícil situación que enfrentan los vendedores de la zona, afectados por el cierre de las instalaciones desde hace más de un año.

Por su parte, el sindicalista Luis Bencosme acusó al Gobierno de propiciar el deterioro del parque y la paralización del teleférico como parte de un plan para su privatización. Aseguró que técnicos colombianos y dominicanos han certificado que el sistema estaba en condiciones de seguir operando, por lo que considera injustificado su cierre.

Fideicomiso bajo decreto presidencial

El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 162-25, mediante el cual ordena la constitución de un fideicomiso público para la gestión del teleférico de Puerto Plata, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, financiamiento y operatividad.

Esta infraestructura, cerrada desde hace más de un año, movilizaba a más de 16,000 personas hacia la loma Isabel de Torres. Sin embargo, hasta el momento no se ha iniciado la anunciada modernización del sistema de transporte.

Fedanorte reiteró su oposición al fideicomiso y exigió una respuesta clara del Gobierno ante lo que consideran un proceso encubierto de privatización que afectaría a los trabajadores, comerciantes y a la oferta turística de la ciudad.