Autoridades intensifican fiscalización de comercios de capital chino por irregularidades fiscales, laborales y sanitarias

Santo Domingo. – Las autoridades dominicanas han intensificado las inspecciones y el cierre de establecimientos comerciales de capital chino que presentan incumplimientos de las normativas nacionales, en operativos que han permitido detectar irregularidades fiscales, laborales, sanitarias y de seguridad estructural, así como actividades industriales sin los permisos correspondientes.

Como parte de estas acciones, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) dispuso la clausura temporal de seis establecimientos en el Gran Santo Domingo y mantiene otros dos bajo investigación para determinar si procede aplicar medidas similares.

Las inspecciones identificaron presuntas infracciones relacionadas con la comercialización de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en espacios visibles para menores de edad.

Entre los negocios mencionados en las actuaciones figuran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena.

La institución, dirigida por Eddy Alcántara, fundamentó sus decisiones en las resoluciones 1934-26 y 1935-26, como parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Estas intervenciones se suman a otros operativos realizados por diferentes organismos estatales, que han detectado incumplimientos en determinados establecimientos y empresas de capital chino que operan en el país.

Clausuran fábrica que operaba sin permisos en San Antonio de Guerra

Uno de los casos más recientes se registró en San Antonio de Guerra, donde las autoridades clausuraron la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, debido a la falta de permisos de construcción, uso de suelo y funcionamiento.

El complejo industrial estaba compuesto por tres naves y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.

Durante la inspección, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) detectó un depósito clandestino de hidrocarburos.

Las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron aproximadamente 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en RD$2.25 millones.

Asimismo, se identificaron presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, situación que motivó la intervención de la Dirección General de Migración.

DGII determina ajustes fiscales superiores a RD$1,500 millones

Las fiscalizaciones tributarias también han revelado diferencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de determinados comercios de capital chino.

En septiembre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que había determinado ajustes fiscales superiores a RD$1,500 millones, correspondientes a obligaciones tributarias de períodos anteriores.

El director de la institución, Pedro Urrutia, aclaró que esas determinaciones no representan necesariamente recursos recaudados, debido a que los contribuyentes tienen derecho a impugnar los montos establecidos por la administración tributaria.

Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) reportó diferencias impositivas por RD$66.4 millones entre enero y agosto de 2026, como resultado de 14 fiscalizaciones concluidas, mientras otras 51 permanecían abiertas.

Los registros de Aduanas también indican que, entre 2020 y 2025, fueron realizadas 139 auditorías al sector importador asiático, que determinaron diferencias tributarias acumuladas de RD$4,509 millones.

Solamente en 2025, las 49 auditorías efectuadas hasta el 23 de diciembre arrojaron diferencias por RD$1,592 millones.

Estos procedimientos permiten a las autoridades identificar posibles impuestos omitidos en operaciones anteriores, aunque los montos determinados no equivalen necesariamente a pagos efectivos al fisco.

Inspecciones detectan incumplimientos laborales

Las actuaciones de las autoridades también se han extendido a las condiciones de trabajo en establecimientos comerciales de capital chino.

En octubre, el Ministerio de Trabajo informó que había inspeccionado 101 negocios y levantado 1,016 actas relacionadas con las verificaciones realizadas.

De estas actuaciones, 42 infracciones fueron remitidas a los tribunales correspondientes.

Entre las irregularidades detectadas figuran incumplimientos del descanso semanal, pago de horas extraordinarias, bonificaciones y disposiciones relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros.

Las inspecciones forman parte de los mecanismos de supervisión para garantizar el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación dominicana.

Verifican condiciones de seguridad en edificaciones

Las fiscalizaciones también abarcan el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad en las edificaciones utilizadas para actividades comerciales.

Durante 2025, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones dispuso la clausura de establecimientos por incumplimientos de las normas constructivas, algunas de las cuales permanecieron cerradas durante varios meses.

Estas medidas estuvieron dirigidas a verificar las condiciones estructurales de los inmuebles y el cumplimiento de los procedimientos requeridos para su funcionamiento.

Comerciantes reclaman igualdad de condiciones

Las intervenciones oficiales se desarrollan en medio de reclamos de comerciantes dominicanos que demandan igualdad de condiciones en materia tributaria, laboral y regulatoria frente a los negocios de inversión extranjera.

Representantes del comercio nacional han insistido en la necesidad de que todas las empresas que operan en el país cumplan las mismas obligaciones fiscales y administrativas.

Por su parte, el Gobierno dominicano ha reiterado que la inversión extranjera es bienvenida, siempre que se ajuste a las leyes y regulaciones nacionales.

Las actuaciones de Pro Consumidor, Impuestos Internos, Aduanas, el Ministerio de Trabajo y otras instituciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la fiscalización de las actividades económicas y verificar que los establecimientos cumplan las disposiciones vigentes.

El proceso plantea el desafío de garantizar condiciones de competencia y protección a los consumidores y trabajadores, sin establecer diferencias regulatorias basadas en el origen del capital de las empresas.