Santo Domingo. – Luego de que el presidente de la Comisión para la Libertad de Expresión del Poder Ejecutivo (CCLEX), Namphi Rodríguez, propusiera eliminar del proyecto de reforma a la Ley 61-32 el apartado que busca regular las redes sociales, los representantes del Congreso Nacional iniciaron una nueva fase de discusión.

La división de posturas entre los miembros de la comisión gubernamental ha generado un debate sobre el alcance que debe tener la normativa respecto a las plataformas digitales.

Mientras Rodríguez considera oportuno posponer ese diálogo para lograr un mayor consenso social, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, y el abogado Eric Raful —también miembros de la comisión ejecutiva— defienden la necesidad de aprobar un nuevo marco legislativo que incluya la reglamentación de los medios digitales.

Durante la reunión celebrada este miércoles por la comisión especial del Senado encargada de estudiar el proyecto de ley elaborado por los expertos honoríficos del Gobierno, Henríquez y Raful manifestaron estar a favor de mantener dicha regulación.

“Estoy de acuerdo con que se mantenga. Yo creo que el Congreso debe conservar este tipo de controles. Las plataformas digitales garantizan derechos importantes. Los usuarios que creamos contenido para YouTube, Facebook, X… tenemos derechos que deben ser protegidos”, afirmó Henríquez.

Por su parte, Raful consideró que eliminar las disposiciones relativas a redes sociales “no es conveniente”, y que lo más adecuado es que se mantengan integradas en el proyecto.

La decisión final sobre este aspecto recaerá en los miembros de la comisión especial legislativa, presidida por la senadora Aracelis Villanueva, quienes deberán presentar el informe final para someterlo a votación en el Senado.

Durante el encuentro, Rodríguez reiteró su propuesta de adoptar un “modelo de regulación por separado” para los medios digitales, en lugar del esquema “convergente”, con el fin de obtener mayor respaldo ciudadano.

Modificaciones propuestas

La comisión del Poder Ejecutivo también entregó a los legisladores un glosario en el que se definen diversos términos relacionados con las redes sociales incluidos en el proyecto.

“La libertad de expresión no es solo un derecho de periodistas, es universal. Todo el que tenga algo que decir, que lo haga, y eso enriquece el proyecto”, sostuvo Rodríguez.

Los debates incluyeron temas como la posibilidad de declarar el internet como un derecho fundamental, garantizar la neutralidad de la red, y la eventual creación del Instituto Nacional de Comunicaciones (Inacom), organismo que sustituiría a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), en caso de aprobarse la ley.

Vistas públicas

Desde que el Senado recibió el proyecto el pasado 2 de mayo, influenciadores y creadores de contenido han cuestionado su constitucionalidad, principalmente por la inclusión de regulaciones a la comunicación digital.

Ante esas inquietudes, la senadora Villanueva anunció que la comisión está abierta a recibir a cualquier ciudadano que desee expresar sus preocupaciones.

“Queremos que esos sectores nos señalen específicamente en qué parte del proyecto identifican aspectos inconstitucionales, para poder estudiarlos”, expresó.

Además, la legisladora adelantó que están dispuestos a convocar vistas públicas para ampliar el debate si fuese necesario.

¿Por qué regular la libertad de expresión?

El senador Félix Bautista defendió la inclusión del término “regular” en la propuesta legislativa, señalando que la Constitución establece que los derechos fundamentales deben ser regulados por ley.

“El proyecto es garantista de la libertad de expresión. Así como se regula el derecho a la educación o a la salud, que también son derechos fundamentales, se regula igualmente la libre expresión y difusión del pensamiento”, explicó.

Leyes orgánicas y ordinarias

De acuerdo con el artículo 112 de la Constitución, los derechos fundamentales, junto a otras materias como la estructura del Estado, el régimen electoral y la seguridad nacional, deben ser regulados por leyes orgánicas. Estas requieren la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras.

En cambio, las leyes ordinarias solo requieren mayoría absoluta de los votos de los presentes en cada cámara.

Santo Domingo. – El vocero del Bloque de Regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Franklin Ferreras, expresó su rechazo al Decreto 312-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declara en estado de emergencia al Distrito Nacional, alegando que fue emitido sin consulta previa, sin información detallada y sin la participación del Concejo de Regidores.

Ferreras afirmó que esta declaratoria no representa una solución, sino que constituye un reconocimiento oficial del fracaso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la gestión de la ciudad capital. “Santo Domingo necesita planificación, respeto institucional y soluciones reales, no más improvisación ni atropellos”, manifestó.

El regidor calificó el decreto como una grave violación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y a los principios de autonomía, transparencia y legalidad establecidos en la Constitución de la República.

Explicó que la Ley 176-07, en su artículo 19, literal a, y en el artículo 52, establece con claridad las competencias del Ayuntamiento del Distrito Nacional y del Concejo de Regidores en lo que respecta a la planificación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos municipales.

“Declarar el Distrito Nacional en estado de emergencia sin consulta ni conocimiento del Concejo representa una vulneración directa al principio de autonomía municipal consagrado en la legislación vigente”, sostuvo Ferreras.

Asimismo, señaló que el artículo 21 de la misma ley dispone que el presupuesto municipal debe responder a las prioridades definidas en los planes de desarrollo, y no puede ser modificado sin un proceso deliberativo abierto y validado por el Concejo de Regidores.

“Desde el PLD exigimos respeto al orden institucional, participación de los gobiernos locales en las decisiones que los afectan y transparencia en los procesos de compras y contrataciones. Además, demandamos que el Concejo de Regidores sea convocado de forma inmediata para conocer el alcance de esta medida y evaluar sus implicaciones reales”, concluyó.

Santo Domingo. – El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) informó que las tres empresas distribuidoras del Estado (Edesur, Edeeste y Edenorte) se encuentran al día con los pagos a sus contratistas, y desmintió versiones sobre retrasos que supuestamente pondrían en riesgo la estabilidad financiera de estos suplidores.

El presidente del CUED, Celso Marranzini, explicó que al inicio de la actual gestión se encontraron atrasos de entre seis y ocho meses en los pagos a contratistas, una situación que ya ha sido corregida en su totalidad.

“Hoy, los pagos han mejorado de manera significativa, se han regularizado y se han resuelto los obstáculos que existían a nivel de la Contraloría para permitir un flujo más ágil”, señaló Marranzini, tras conversar con representantes del sector contratista en el día de hoy.

En la actualidad, el CUED indicó que lo que está en curso es un proceso normal de discusión sobre variaciones de precios, a solicitud de los contratistas, quienes han planteado ajustes basados en la inflación y otros factores de costos operativos.

En abril de este año ya se aprobó un reajuste por el incremento salarial dispuesto por el Comité Nacional de Salarios, el cual fue aceptado por las EDE.

“La revisión y discusión de precios con los suplidores es una práctica legítima y esperada en cualquier empresa responsable. No puede presentarse como conflicto lo que es parte del funcionamiento comercial”, afirmó Marranzini.

El CUED calificó como infundadas las versiones que han circulado sobre presuntos atrasos que amenazarían con llevar a la quiebra a los contratistas. Aseguró que el compromiso de las EDE es seguir operando con transparencia y eficiencia en la gestión de sus relaciones contractuales.