STRATEGIUS INDICA GRANDES DESAFIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOMINICANA (Es momento de avalar que el Congreso Dominicano impulse las reformas pendientes.

Santo Domingo, República Dominicana. El Colectivo de Investigadores y Consultores Strategius indicó que República Dominicana y América Latina y el Caribe están envejeciendo con una velocidad que está desbordando las estructuras tradicionales de seguridad social.

El problema ya no consiste solamente en garantizar empleo, cotizaciones y pensiones para quienes están en edad laboral. El desafío es mucho mayor: construir sistemas capaces de proteger a las personas durante todo el ciclo de vida y, especialmente, durante las décadas posteriores a los 65 años.

Strategius subrayó que la CEPAL y estudios compilados por esa entidad consultora, documentan que la región atraviesa una transición demográfica acelerada y avanzada caracterizada por el descenso sostenido de la fecundidad y la mortalidad, la fecundidad en adolescentes y la mortalidad en menores de 5 años. A lo anterior se suma un aumento significativo de la población de mayor edad marcada por una endemia de enfermedades crónicas no transmisibles tal como previmos en el plan estratégico de salud-PLANDES 2030.

La región pasó rápidamente de sociedades predominantemente jóvenes a sociedades adultas y, progresivamente, envejecidas. CEPAL señala que el envejecimiento latinoamericano ha ocurrido incluso con mayor rapidez que en otras regiones del mundo.

Aquí indicó Reynaldo Peguero CEO de Santiago por el grupo Strategius que aparece una contradicción fundamental: la demografía del siglo XXI está cambiando mucho más rápido que las instituciones creadas para atenderla.

Durante décadas, los sistemas de seguridad social fueron estructurados alrededor de una sociedad donde predominaban los jóvenes, las familias numerosas, la incorporación relativamente estable al mercado laboral y una expectativa de vida considerablemente menor y grandes epidemias de enfermedades infecciosas.

Hoy esas condiciones han cambiado radicalmente. Hay menos nacimientos, mayor longevidad, más hogares pequeños, mayor informalidad laboral y una proporción creciente de personas que vivirán muchos años después de su jubilación.

Por eso resulta insuficiente continuar pensando la seguridad social principalmente desde los 18, 20, 30, 40 o 50 años y colocar los 65 años como una especie de frontera administrativa. La vida no termina a los 65 y tampoco desaparecen las necesidades de protección social.

Por el contrario, después de los 65 años pueden aumentar las necesidades de atención médica, medicamentos, rehabilitación, vivienda adaptada, movilidad, alimentación, asistencia personal y cuidados de larga duración. El propio envejecimiento puede prolongarse durante veinte, treinta o incluso más años.

Strategius indicó que la CEPAL estima que en América Latina y el Caribe, las personas de 65 años y más representaban 9,9% de la población en 2024 y que esta proporción alcanzaría 18,9% en 2050. Esto significa que en apenas 26 años el peso relativo de este grupo prácticamente se duplicaría

La seguridad social dominicana no está preparada para ese cambio. La respuesta no puede ser complaciente. OPS y CEPAL han advertido que una proporción importante de las personas mayores carece de una pensión suficiente. En 2022, el 42% de las mujeres y el 39% de los hombres de 65 años y más recibían pensiones insuficientes; en el quintil de menores ingresos, esa proporción llegaba al 77%.

Este dato desmonta la idea de que jubilarse es sinónimo mecánico a estar protegido.

Una pensión insuficiente no es seguridad social plena.

Y mucho menos lo es cuando esa pensión debe cubrir alimentación, medicamentos, vivienda, transporte, servicios básicos y cuidados durante una etapa de la vida en la que las posibilidades de incrementar los ingresos mediante el trabajo suelen reducirse.

Strategius subrayó que el problema tiene además una raíz estructural. Los sistemas contributivos dependen de empleos formales y de cotizaciones regulares, mientras América Latina arrastra elevados niveles de informalidad y precariedad laboral. Se destaca precisamente que la informalidad y la precariedad reducen las tasas de contribución a la seguridad social y condicionan los ingresos de las personas mayores.

Así, una persona puede llegar a los 65 años después de cuatro décadas de trabajo y, paradójicamente, encontrarse sin una protección económica suficiente porque durante buena parte de su vida laboral estuvo fuera del sistema contributivo.

El sistema termina castigando al ciudadano por haber trabajado en una economía que el propio Estado no consiguió formalizar.

Esta situación exige superar una concepción estrecha de la seguridad social. No basta con discutir la edad de jubilación, el porcentaje de cotización o la fórmula para calcular una pensión. Hay que preguntarse qué significa realmente proteger a una persona que puede vivir 20, 25 o 30 años después de retirarse.

La seguridad social del futuro debe incorporar, junto con las pensiones, salud, cuidados de larga duración, prevención de la dependencia, vivienda, movilidad, autonomía personal, inclusión digital, recreación y participación social.

Advertimos en el plan estratégico de salud PLANDES que el envejecimiento incrementará la demanda de cuidados y que esta responsabilidad recae actualmente de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente sobre las mujeres. También se proyecta que la población de 65 años y más será 2.1 veces mayor en 2050 que en 2024.

Esto plantea una segunda gran insuficiencia: el SDSS y los sistemas de seguridad social en general están más preparados para pagar una pensión que para financiar la vida cotidiana de una población longeva.

La crisis será todavía mayor si se mantiene la idea de que la familia debe resolver aquello que el Estado y el mercado no cubren. Las familias también están cambiando. Hay menos hijos, mayor movilidad territorial, hogares unipersonales y más mujeres incorporadas al mercado laboral. Por tanto, la capacidad familiar tradicional de asumir cuidados también se está debilitando.

Se ha planteado que los países necesitan avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, particularmente frente a la crisis de cuidados y el envejecimiento. (CEPAL⁠)

El desafío, entonces, no es construir una seguridad social para viejos, sino construir una seguridad social para sociedades longevas. Esta diferencia conceptual es fundamental.

Una sociedad longeva necesita que las políticas públicas comiencen mucho antes de los 65 años. La protección de la vejez se construye durante toda la vida mediante educación, empleo decente, salud preventiva, vivienda adecuada, ahorro, protección familiar, pensiones y redes comunitarias.

Por eso, la seguridad social debe dejar de ser concebida como un mecanismo que comienza a actuar cuando una persona envejece. Debe convertirse en una política de ciclo de vida.

La CEPAL ha planteado precisamente la necesidad de incorporar las tendencias demográficas y las perspectivas de ciclo de vida, género, derechos y relaciones intergeneracionales en las políticas públicas.

América Latina todavía dispone de una ventana de oportunidad. La población en edades laborales continúa siendo numerosa y, se sabe que el grupo de 15 a 64 años alcanzaría su máximo en cantidad alrededor de 2041. Pero esa ventana se está cerrando.

Cada año que los gobiernos postergan la reforma integral de los sistemas de la seguridad social aumenta la presión futura sobre las finanzas públicas, las familias y las propias personas mayores.

El desafío es particularmente grave porque América Latina está envejeciendo sin haber alcanzado los niveles de riqueza, formalidad laboral y consolidación del Estado de bienestar que caracterizan a otras sociedades envejecidas. CEPAL identifica precisamente esta combinación de envejecimiento acelerado, desigualdad estructural y ausencia de Estados de bienestar consolidados como uno de los grandes desafíos regionales.