Mi ventana óptica La Constitución pisoteada  

Nada más peligroso que un gobierno autoritario y un pueblo que se deja someter. Y peor, que un Congreso apruebe leyes cuestionables, sólo para satisfacer caprichos del poder, sin que nos preguntemos, si esas leyes respetan o contravienen nuestros derechos; los dominicanos estamos entrando en esa zona peligrosa.

Mientras en el discurso hablan de institucionalidad, democracia, transparencia y del Estado de derecho, se multiplican las legislaciones para proteger el poder político y económico, y debería preocuparnos profundamente la aprobación de códigos y leyes que, bajo el argumento de ordenar, regular o combatir males sociales restringen derechos esenciales.

Una cosa es legislar sobre el marco constitucional y otra muy diferente es utilizar una mayoría política para pasar como legal aquello que vulnera derechos protegidos, pues esa mayoría no es dueña de la Constitución. El voto popular concede legitimidad política, no poder absoluto. Los legisladores fueron elegidos para hacer leyes, pero no para conculcar los derechos ciudadanos.

El Congreso puede aprobar un código, modificar leyes, nuevas regulaciones, responder a problemas de una sociedad cambiante, pero existe una línea que no puede cruzar, la Constitución, porque esta, está por encima de cualquier poder. Y cuando una mayoría política comienza a interpretar que tener suficientes votos, cree tener poder para aprobarlo todo y esto nos coloca ante una peligrosa distorsión de la democracia.

Una mayoría congresual no significa que pueda hacer absolutamente todo. Significa que gobierna dentro de límites previamente establecidos, y esos límites existen precisamente para proteger al ciudadano, no para someterlo. Una democracia reducida a números de representantes se convierte en dictadura de la mayoría.

Apoyados en esa aplastante mayoría aprueban préstamos y el ciudadano sólo puede obedecer o temer. ¿Eso es democracia? No, porque esta tiene dos componentes inseparables, la voluntad popular y el respeto a derechos fundamentales. Eso significa que los poderes tienen límites. Pero hay algo más cuestionable, el propio poder que promueve una legislación es quien decide sus límites, dejando al ciudadano en total vulnerabilidad. Existen los tribunales, el control constitucional, mecanismos de impugnación, pero la independencia judicial es sólo un enunciado en la República Dominicana.

El Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad histórica ante un Código Penal hecho aprobar por Abinader, poniendo en juego la supremacía constitucional y derechos fundamentales del ciudadano. Debe recordarle, que por encima de los poderes constituidos está la Constitución y que vulnerarla significa levantar la indignación de un pueblo que aprendió a vivir en democracia y conoce derechos y deberes.

Una de las mayores tragedias de nuestro sistema es que lo legislativo termina reducido a una competencia entre partidos, quién gana o pierde, el que tenga más votos, aplasta a los demás, dejando en el medio de su lucha a la ciudadanía. El pueblo está llamado a detener estos aprestos dictatoriales disfrazados de democracia. Porque una ley puede parecer excelente desde el despacho de un funcionario y convertirse en pesadilla cuando cae sobre el ciudadano común. El argumento de la seguridad puede ser peligrosísimo. Hay una fórmula que históricamente ha resultado eficaz para justificar restricciones, es “por seguridad" y el Estado tiene la obligación de garantizar esto; pero eso no puede ser en base a justificar abusos de autoridad, pues aceptar que todo derecho puede ser restringido, invocando seguridad, descubriremos que no existe ningún derecho que no pueda ser restringido y entonces habremos cambiado una población libre por una controlada; porque cuando la Constitución es pisoteada, la sociedad termina humillada.

Por Alejandro Almánzar

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