Familiares de peluquero asesinado cuestionan designación de oficial procesado del Dicrim en Puerto Plata

Santiago. – Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, un peluquero que fue asesinado junto a otros cuatro hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, en Santiago, han expresado su profundo desacuerdo con la reciente designación de uno de los oficiales involucrados en el caso como encargado de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la provincia Puerto Plata.

Designación controvertida

El oficial en cuestión es el teniente coronel Hansel Michel Cuevas Carrasco, quien, según los familiares, fue nombrado al frente del organismo investigativo hace apenas cinco días. En el momento de los hechos, Cuevas Carrasco era mayor y fue ascendido a teniente coronel el 27 de febrero de este año.

Críticas a la decisión

El abogado Rafael Valerio, primo de José Vladimir, criticó esta decisión, argumentando que envía un mensaje negativo a la sociedad. "Este es un país que le manda una clase de señal a la juventud y al pueblo en sí, de que los policías pueden cometer estas acciones, abusar de las personas y ejecutarlas, y que aquí no hay instituciones", expresó con preocupación.

Justicia por mano propia

Valerio también cuestionó la tendencia de algunos agentes policiales a hacer justicia por su propia mano, señalando que no existe un régimen de consecuencias para este tipo de actuaciones. "Una persona como ese señor, que está en un proceso judicial, debiera estar en su casa esperando que concluya el proceso. Sin embargo, lo premian colocándolo al frente del Dicrim en Puerto Plata y, además, lo ascienden de rango", manifestó.

Reforma policial en entredicho

El abogado Valerio afirmó que resulta difícil de entender que un oficial sometido a un proceso judicial reciba una designación de tal magnitud, ya que esto envía un mensaje peligroso a la ciudadanía. Criticó que, a pesar de la promoción de una reforma policial en la que se han invertido millones de dólares, continúen ocurriendo actuaciones que se alejan del cumplimiento de la ley y de los procedimientos institucionales.

Medidas de coerción impuestas

El 14 de octubre de 2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra 11 agentes policiales imputados por el asesinato de cinco hombres durante un operativo realizado el 10 de septiembre de ese mismo año en una plaza comercial del sector La Barranquita. El tribunal declaró el caso como complejo y dictó prisión preventiva para varios de los implicados.

Detalles de las medidas

• Prisión preventiva para los agentes José Octavio Jiménez Peña, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo y Yohandy Encarnación.
• Garantía económica de un millón de pesos para otros implicados, incluyendo a Hansel Michel Cuevas Carrasco y Álvaro Paredes Paniagua.
• Impedimento de salida del país y presentación periódica para varios de los agentes.

Investigación sobre eliminación de evidencias

Según la investigación del Ministerio Público, los agentes involucrados habrían sustraído equipos DVR de varios establecimientos comerciales en la escena del crimen, así como teléfonos celulares de personas presentes, con la supuesta intención de destruir evidencias y obstaculizar las pesquisas. Además, se informó que contactaron al propietario de un negocio cerrado para solicitarle la entrega del DVR del establecimiento.

Este caso ha generado un gran revuelo en la sociedad, resaltando la necesidad de una reforma real y efectiva en las instituciones policiales del país.