Nueva Ley de Contrataciones Públicas impulsa transparencia y modernización del sistema estatal

Santo Domingo, Rep. Dom. – La reciente Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que entró en vigor en enero de este año, está marcando un hito en la transformación del sistema nacional de compras del Estado dominicano. Su propósito es claro: fortalecer la transparencia, agilizar los procesos y modernizar la gestión pública.

Avances en la implementación

Durante su intervención en el Desayuno de Listín Diario, dirigido por Miguel Franjul, el director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, compartió los logros alcanzados gracias a la implementación de esta nueva normativa. En su presentación, subrayó la relevancia de la automatización en el sistema.

Pimentel estuvo acompañado por un equipo de expertos, incluyendo a Carlos Romero, director de Gestión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP); Brenda Núñez, analista funcional del SNCP; Katherine Gutiérrez, directora de Investigación y Reclamos; Ana Lisania Batista, encargada de la División de Prensa y Relaciones Públicas; y María Teresa Morel, encargada del Departamento de Comunicaciones.

Automatización: reducción de tiempos de respuesta

El titular de la DGCP destacó que la institución ha implementado un extenso proceso de automatización, lo que ha permitido una notable reducción en los tiempos de respuesta y un aumento en la eficiencia operativa. Procedimientos que antes podían tardar hasta tres meses ahora se completan en cuestión de minutos.

“Por ejemplo, una solicitud de registro de proveedor que solía tardar dos días ahora la estamos entregando en solo un día”, afirmó Pimentel.

Además, resaltó que la DGCP actualmente supervisa el 92 % del monto contratado por el Estado dominicano.

Incremento en procesos y adjudicaciones

Durante el primer trimestre de 2026, el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas reportó 14,312 procesos publicados y 14,612 contratos formalizados, alcanzando adjudicaciones por un total de RD$33,642 millones.

Según Pimentel, estas cifras desmienten las proyecciones que anticipaban posibles retrasos con la implementación de la nueva legislación. “Los datos dicen todo lo contrario”, afirmó.

Los indicadores también reflejan una reducción del 17 % en los procesos cancelados y un incremento del 3 % en los procesos planificados. Asimismo, el monto adjudicado experimentó un notable aumento del 72 % en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron RD$19,470 millones.

Mayor participación de mipymes

La nueva legislación ha tenido un impacto positivo en la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las compras estatales. Según los datos proporcionados, las adjudicaciones dirigidas a mipymes aumentaron del 18.5 % al 33 % del total, mientras que el número de oferentes diferentes creció cerca del 46 %.

Entre los avances también se destaca el incremento en la inversión pública en infraestructura, donde los contratos de obras pasaron de RD$364 millones a RD$12,054 millones.

Carlos Pimentel enfatizó la importancia de la soberanía tecnológica del Estado, señalando que desde 2021 la DGCP ha asumido el control total del sistema electrónico de contrataciones. “Contamos con expertos en infraestructura, ciberseguridad y desarrollo, lo que nos permite gestionar el sistema sin depender de terceros”, afirmó.

La institución también ha implementado herramientas de inteligencia artificial para monitorear los procesos de compras públicas, detectar posibles irregularidades y analizar patrones de comportamiento. El sistema cuenta con alertas preventivas y reactivas que pueden identificar prácticas de manipulación y realizar análisis de sentimiento en medios de comunicación.

Reglamentos complementarios para una mejor supervisión

Pimentel indicó que, aunque la Ley 47-25 fue promulgada el 28 de julio de 2025, su implementación requirió la creación de reglamentos complementarios. Entre estos, se encuentra el reglamento de veeduría ciudadana, diseñado para facilitar la participación de la sociedad civil en la supervisión de los procesos de compras públicas.

También mencionó reglamentos relacionados con el registro de proveedores, procedimientos administrativos sancionadores y métodos alternativos de resolución de conflictos.