Reforma policial corre riesgo de perimir en el Congreso a un mes de concluir la legislatura

Santo Domingo. – A medida que se acerca el cierre de la actual legislatura del Congreso Nacional, el proyecto de reforma policial, una de las promesas más destacadas del Gobierno desde 2021, se encuentra en una situación crítica. Mientras que el plan fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado en menos de una semana, la reforma que busca transformar la estructura de la Policía Nacional enfrenta el riesgo de no ser aprobada, ya que solo queda poco más de un mes para que finalice el período legislativo.

Estado actual del proyecto de reforma

El proyecto de reforma fue depositado en el Senado el 8 de diciembre de 2025. Sin embargo, tras siete meses, aún no cuenta con un informe favorable de la comisión especial que se encarga de su estudio. Durante este tiempo, se han acumulado numerosas solicitudes de modificaciones y opiniones que aún están pendientes de revisión.

Trámites pendientes

A pesar de que la comisión especial se reúne regularmente para avanzar en el análisis de la propuesta, diversos procesos, como las solicitudes de modificación y las revisiones legales, amenazan con retrasar su aprobación. La legislatura ordinaria concluye el próximo 26 de julio, y si el proyecto no es aprobado por ambas cámaras antes de esa fecha, perimiría, obligando a reiniciar todo el proceso legislativo.

Desafíos en el Senado y la Cámara de Diputados

La situación se complica aún más, ya que el proyecto no solo debe superar los trámites en el Senado, sino que también deberá ser conocido por la Cámara de Diputados, donde tendrá que seguir el procedimiento legislativo correspondiente. El presidente de la comisión especial, el senador Franklin Romero, ha reconocido que aún quedan varios pasos por completar antes de presentar el informe al pleno senatorial.

Observaciones y modificaciones

Romero explicó que la comisión ha concluido la lectura y análisis de los 345 artículos del proyecto y ha recibido opiniones de diversas instituciones. Recientemente, el Ministerio de Interior y Policía envió observaciones y propuso modificaciones relacionadas con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que está prevista para el próximo mes de agosto.

Además, el Departamento de Revisión Legislativa solicitó una prórroga de dos semanas para emitir un informe sobre los aspectos legales y constitucionales de la propuesta, plazo que fue aprobado por la comisión. Romero también mencionó que aún están a la espera de observaciones de algunos senadores antes de rendir un informe favorable o desfavorable.

Una reforma anunciada desde 2021

La lentitud del proceso contrasta con la prioridad que el Gobierno ha otorgado a la reforma policial desde 2021, cuando se inició el proceso de transformación institucional tras varios casos de violencia policial y cuestionamientos sobre la capacidad operativa y disciplinaria del cuerpo del orden. Sin embargo, el proyecto de ley no fue sometido al Congreso hasta diciembre de 2025 y, siete meses después, sigue bajo estudio.

Modificaciones en discusión

La situación también pone de manifiesto que las instituciones involucradas en la elaboración de la propuesta continúan sugiriendo modificaciones, incluso cuando la iniciativa ya está en discusión legislativa. Romero explicó que el Ministerio de Interior y Policía ha solicitado ajustes en varios artículos, incluyendo disposiciones a partir del artículo 246, con el fin de armonizar la propuesta con las nuevas disposiciones del Código Penal.

Cuestionamientos y objetivos de la reforma

La discusión legislativa se produce en un contexto de nuevas investigaciones y denuncias que involucran a miembros de la Policía Nacional en presuntas actividades ilícitas, incluyendo casos que afectan a oficiales de alto rango. Al ser consultado sobre estas situaciones, Romero defendió que la nueva legislación busca precisamente fortalecer los mecanismos internos de control, supervisión y sanción dentro de la institución.

Transparencia y control interno

El proyecto contempla estructuras para conocer los procesos disciplinarios contra agentes policiales y reformar los mecanismos de reclutamiento y supervisión. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que policías juzguen a otros policías, Romero enfatizó que el objetivo es garantizar mayores niveles de transparencia institucional. "Tenemos 30,000 policías actualmente y que salgan algunos cuantos malos… lo importante es los que salen buenos, que son más", manifestó.

Creación del Consejo Superior Policial

La propuesta incluye la creación de un Consejo Superior Policial, que será el máximo órgano de dirección estratégica de la institución, compuesto por representantes del Gobierno, del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Este organismo tendrá la facultad de aprobar políticas institucionales, supervisar la gestión administrativa, conocer los ascensos de alto nivel y evaluar los procesos de modernización y rendición de cuentas.

Pilares de la iniciativa

Otro de los pilares de la iniciativa es el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y supervisión disciplinaria dentro de la institución policial, lo que es fundamental para mejorar la confianza pública y la eficacia operativa de la Policía Nacional.