Diversos sectores presentan observaciones al Código Penal a horas de vencer el plazo de modificaciones

Santo Domingo. – A pocas horas de que se cierre el plazo para recibir propuestas de modificación al Código Penal, diversos sectores de la sociedad se congregaron masivamente este miércoles en el Congreso Nacional. Su objetivo: solicitar la corrección de los "errores" identificados en la legislación antes de que entre en vigencia, programada para el próximo 5 de agosto.

Entre las observaciones más recurrentes se encuentran las tres causales del aborto y los delitos relacionados con la libertad de expresión, que han generado un intenso debate en la Comisión Bicameral del Poder Legislativo.

A pesar de recibir más de dos decenas de documentos, la Cámara de Diputados estima que solo necesitará un máximo de dos días para analizarlos y someter a votación las modificaciones a la Ley 74-25.

Aborto y tres causales

Los colores blanco y verde que adornan el interior de la sede legislativa simbolizan la profunda división en la sociedad sobre la despenalización del aborto en tres circunstancias específicas:

• Cuando la vida de la mujer está en peligro.
• Si el feto presenta una condición incompatible con la vida.
• En casos de violación sexual o incesto.

Mientras algunos sectores abogan por permitir la interrupción del embarazo en estas situaciones, otros argumentan que tal medida violaría la Constitución, afectando el derecho a la vida.

Al menos tres colectivos que defienden los derechos de las mujeres han enviado propuestas individuales a los congresistas para eliminar las sanciones contra quienes opten por interrumpir un embarazo o colaboren en dicho procedimiento. Un documento respaldado por 12,000 firmas y otro elaborado por 70 profesionales del ámbito jurídico incluyen esta solicitud. También se unió a esta iniciativa el partido Opción Democrática (OD).

Entre las organizaciones que apoyan estas modificaciones se encuentran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), la Coalición Ciudadana PODEMOS, el Centro de Atención a la Víctima y el National Dominican Women’s Caucus, entre otras.

Libertad de expresión: un tema controversial

Otro de los aspectos que ha generado una gran cantidad de observaciones son los artículos que establecen penas de prisión para delitos cometidos a través de la palabra o la difusión de contenidos.

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia (FPJ) consideran esencial aclarar las disposiciones relacionadas con este tema y revisar las sanciones previstas para evitar afectaciones al ejercicio del periodismo en el país.

El CDP califica de excesivo que el artículo 39 imponga responsabilidad penal a los medios de comunicación, argumentando que esta disposición podría llevar incluso al cierre de estas empresas. Además, cuestiona que los legisladores hayan restablecido la denominada "responsabilidad en cascada", previamente eliminada por el Tribunal Constitucional, lo que, según su opinión, vulnera el principio de la personalidad de la pena.

Asimismo, el artículo 192, que se refiere a la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, contempla sanciones sin establecer una excepción para los contenidos de interés público, lo que ha generado preocupación entre los profesionales del periodismo.

Ambigüedad en la redacción

En cuanto a los artículos 208 y 209, que tipifican la difamación y la vinculan con casos de extorsión, el CDP rechaza que el Código Penal mantenga penas de prisión para estos delitos. La redacción ambigua de ambos artículos podría afectar "denuncias legítimas" y, por lo tanto, es motivo de preocupación.

El gremio periodístico también advierte que el contenido del artículo 210, relativo a la injuria, podría penalizar de manera desproporcionada expresiones de opinión y críticas, lo que limitaría la libertad de expresión.

Ultraje y redes sociales

Tanto el CDP como Opción Democrática coinciden en solicitar la eliminación del artículo 310, al considerar que representa una amenaza para los comunicadores y cualquier ciudadano que formule críticas contra funcionarios públicos.

Este artículo tipifica el delito de ultraje cuando una persona pronuncia palabras, profiere amenazas o envía escritos, imágenes o cualquier objeto que atente contra la dignidad personal o el ejercicio de las funciones de un funcionario o servidor público. Si se mantiene esta disposición, la conducta sería sancionada con penas de quince días a un año de prisión menor.

Opción Democrática ha expresado que la eliminación de este artículo es fundamental, ya que, de mantenerse, otorgaría "a los servidores públicos una protección penal privilegiada de la que no goza el resto de la ciudadanía".

Además, la organización política ha manifestado su rechazo al artículo 192, argumentando que debilita la protección frente a la violencia digital. "Nos oponemos de manera categórica. En la era de la digitalización, desproteger a los ciudadanos en el entorno virtual constituiría un retroceso inaceptable", indica su comunicación.

Otras propuestas de modificación

Opción Democrática también ha propuesto eliminar la excepción de responsabilidad penal contemplada en el artículo 13 para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como para las iglesias, argumentando que esta disposición vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Asimismo, sugieren modificar el artículo 308 para garantizar que los delitos graves de corrupción no prescriban con el paso del tiempo y aumentar hasta 20 años la pena por malversación de fondos públicos, entre otras propuestas.