Mi ventana óptica – Feminicidio y complicidad social

Estamos frente a una herida abierta, donde ser mujer representa un riesgo. Hijos huérfanos, familias destruidas y una sociedad que no logra enfrentar efectivamente la violencia de género. Los últimos cinco años muestran una realidad alarmante, una constante dolorosa en la República Dominicana, pues según la Procuraduría General de la República y organismos vinculados al sistema judicial, entre 2020 y 2024 más de 350 mujeres fueron asesinadas, una cifra trastornadora.

En 2020 hubo 70 feminicidios, 2021 86, 2022 63, 2023 65 y en 2024 74, totalizando más de 350 muertes violentas de mujeres y aunque 2022 y 2023 reflejaron alguna disminución, el incremento observado en 2024 demuestra que el problema no es enfrentado con la seriedad que amerita.

Que la violencia machista continúa arraigada en múltiples niveles de la sociedad. Y peor, cuando muchas de estas muertes ocurren luego de amenazas, denuncias previas o antecedentes de violencia y en numerosos casos, las víctimas convivían con sus agresores o dependían emocional y económicamente de ellos. El feminicidio no surge de la nada, es el desenlace de una cadena de abusos ignorados o minimizados por el entorno y las autoridades.

Dejando una profunda secuela social de niños huérfanos cada año; donde algunos pierden a sus madres y, simultáneamente, a sus padres, quienes terminan presos o muertos tras cometer el hecho, creando un impacto psicológico y emocional sobre menores que puede extenderse de por vida y sin que el Estado disponga de entidades para dar seguimiento a las víctimas de la violencia en el hogar.

Esto involucra a adolescentes y, aunque hemos venido alertando sobre el aumento de la violencia extrema contra menores de edad y las fallas en los mecanismos de protección y prevención, nadie hace nada. Un ejemplo es Esmeralda Moronta, quien buscó auxilio de las instituciones y hoy el Ministerio Público se desliga diciendo que ella rechazó ir a una casa de acogida.

Pero la pregunta sería, qué garantía de subsistencia ofreció el Estado a su familia para que ella abandonara su medio de producción para ser protegida, pues justificarlo no resuelve el problema y es un reflejo de patrones culturales profundamente normalizados, el control sobre la mujer, celos disfrazados de amor, la dependencia emocional, la impunidad y la tolerancia social son otras formas de maltratos contra ellas.

La educación preventiva debe comenzar desde la infancia, en las escuelas y los hogares. Fortalecer la atención psicológica, las casas de acogida, las líneas de emergencia y la respuesta rápida de las autoridades ante denuncias de intimidación, pues cada feminicidio refleja el fracaso de una sociedad incapaz de proteger una vida, mientras las estadísticas se acumulan año tras año y cientos de familias viven un duelo eterno.

Con esto no muere solamente la víctima, también se hiere la conciencia de toda una nación, por la cantidad de huérfanos que dejan estos hechos, pues de acuerdo con investigaciones del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), entre 2019 y 2020 unos 189 menores quedaron en esta condición como consecuencia de dicho fenómeno.

Otro estudio de 2025 reveló que entre 2016 y 2024 alrededor de 1,072 niños quedaron en la orfandad por conflictos intrafamiliares. Muchos de esos niños presenciaron el asesinato de sus madres y posiblemente para ellos tampoco aparezca el apoyo necesario para borrarle el trauma dejado por la irracionalidad machista, que los pone bajo el cuidado de familiares en condiciones precarias, conviviendo con sus traumas psicológicos, o sea, el feminicidio y la complicidad social debería llamar a la reflexión.

Por Alejandro Almánzar

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