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Diputados aprueban ley que endurece sanciones por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

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Santo Domingo. – La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, estableciendo penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión en casos agravados.

La nueva legislación contempla que el delito de trata de personas será sancionado con penas de entre 20 y 25 años de reclusión, además de multas que oscilan entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. Los cómplices enfrentarán condenas de entre 15 y 20 años de prisión.

En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, se establece una pena base de entre 10 y 15 años de prisión para los participantes. No obstante, cuando concurren agravantes, las penas pueden escalar hasta los 40 años de reclusión.

Agravantes contempladas

El proyecto detalla diversas circunstancias que agravan la pena, entre ellas:

  • Muerte de una o más personas objeto del tráfico

  • Daños físicos o psicológicos permanentes a las víctimas

  • Participación de funcionarios públicos

  • Vínculos con el crimen organizado nacional o transnacional

  • Uso de tortura o tratos crueles

  • Falsificación de documentos de identidad o viaje

  • Reincidencia del infractor

  • Uso de empresas, agencias de viajes o aerolíneas para facilitar el delito

Cuando el delito ocasiona la muerte de una víctima, la condena será de 30 a 40 años de prisión. En casos de daño físico, tortura o barbarie, la pena será de entre 25 y 30 años, y para las demás agravantes, oscilará entre 20 y 25 años.

Sanciones para funcionarios

La legislación también dispone la inhabilitación por 10 años para aquellos funcionarios públicos hallados culpables o cómplices en estos delitos.

Esta iniciativa legislativa surgió desde el Poder Ejecutivo en el marco de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Luis Abinader, enfocadas en el control de la migración irregular, particularmente de ciudadanos haitianos indocumentados.

Tras haber sido aprobada en ambas cámaras legislativas, la pieza será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

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