Casos de presunta corrupción desde 2020

Santo Domingo. Desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder en 2020, prometiendo un cambio hacia la transparencia, la administración del presidente Luis Abinader ha enfrentado múltiples casos de presunta corrupción administrativa. Estos casos han involucrado a funcionarios y diversas entidades públicas, generando un debate constante sobre la integridad del gobierno.

Investigaciones y expedientes remitidos

Según datos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, más de 300 expedientes han sido enviados al Ministerio Público de la República Dominicana desde 2020 para ser investigados. Estas remisiones son el resultado de auditorías, denuncias y reportes administrativos que han dado pie a procesos investigativos. Sin embargo, muchos de estos casos aún no han culminado en acusaciones formales por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

Casos que impactaron el inicio del gobierno

Uno de los primeros escándalos que sacudió al nuevo gobierno fue el de Kimberly Taveras, quien renunció en diciembre de 2020 tras ser cuestionada sobre su declaración jurada de patrimonio. Su sucesora en el Ministerio de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, fue destituida en 2021 debido a denuncias de irregularidades en procesos de compras tecnológicas, según la DIGEIG.

Procesos judiciales relevantes

Entre los casos más notorios se encuentra la Operación 13, que se relaciona con un fraude en un sorteo de la Lotería Nacional. El entonces administrador, Luis Maisichell Dicent, fue procesado judicialmente, aunque finalmente fue descargado por la Suprema Corte de Justicia.

En 2021, también se llevó a cabo la Operación Falcón, que investigó presuntas redes de narcotráfico y lavado de activos, involucrando a funcionarios y exlegisladores.

Investigaciones entre 2022 y 2023

Otros casos que han generado controversia en los últimos años incluyen:

• Roberto Fulcar: investigado por denuncias relacionadas con licitaciones de libros digitales.
• Adán Peguero: interrogado por presuntas irregularidades en contratos con la empresa Mia Cargo.
• Neney Cabrera: renunció tras denuncias vinculadas al programa “Pinta tu Barrio”.
• Lisandro Macarrulla: solicitó licencia y luego renunció tras la vinculación de su hijo en el caso de corrupción denominado Operación Medusa.

Otros casos recientes

Entre los escándalos más recientes se destacan:

• Caso Inabie: implicó la destitución del director ejecutivo Víctor Castro por irregularidades en contrataciones relacionadas con la alimentación escolar.
• Caso Camaleón: involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, por presuntas irregularidades en el sistema de semáforos inteligentes.
• Caso Senasa: el exdirector Santiago Hazim fue sometido a la justicia por presuntas irregularidades administrativas.
• Caso ITLA: tras la destitución en enero de 2026 de Rafael Félix por denuncias de supuestos descuentos irregulares a empleados.

Debate sobre sanciones

Un patrón común en muchos de estos casos ha sido la destitución administrativa inmediata de funcionarios tras denuncias públicas o informes de la DIGEIG. Sin embargo, expertos advierten que los procesos penales enfrentan serias dificultades probatorias, en parte debido a limitaciones en auditorías y peritajes técnicos que deben ser realizados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

La discusión pública actual se centra en si las destituciones administrativas son suficientes o si el sistema judicial debe avanzar con mayor eficacia hacia sanciones penales cuando se confirman irregularidades. Este debate es crucial para el futuro de la transparencia y la integridad en la administración pública dominicana.