Ministerio Público cambia solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario para imputada en caso Onco 14

Santiago. – El Ministerio Público ha realizado un cambio significativo en su solicitud de medida de coerción contra Dilcia Patricia Vargas, exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, quien fue expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Este viernes, la solicitud de prisión preventiva fue modificada a arresto domiciliario, tras la disposición de la imputada de colaborar con la investigación del caso conocido como Onco 14 y su reconocimiento de parte de los hechos que se le atribuyen.

Declaraciones del abogado de Vargas

El abogado de Vargas, Ricardo Reyna, ofreció esta información al finalizar la audiencia de conocimiento de la medida de coerción. Según Reyna, el cambio en la solicitud del órgano acusador se debe a la colaboración que su defendida ha brindado. "El Ministerio Público acogió nuestro pedimento de variar la solicitud de prisión preventiva por prisión domiciliaria para Dilcia Patricia Vargas. Esperamos seguir colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y que la sociedad dominicana sea resarcida de lo ocurrido en el patronato", expresó el jurista.

El abogado también indicó que su representada ha reconocido parte de los hechos investigados, aunque evitó ofrecer mayores detalles, señalando que estos se darán a conocer una vez se formalicen los acuerdos con el Ministerio Público.

Próximo fallo judicial

Después de más de tres horas de audiencia, la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, se reservó el fallo para el próximo lunes 29 de junio, a las 7:00 de la noche. Esto se produjo tras escuchar los argumentos, réplicas y conclusiones de las partes involucradas.

Solicitudes de medidas no privativas

Durante la audiencia, el abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la imputada Luisa Guzmán, solicitó la imposición de medidas de coerción no privativas de libertad. Argumentó que el Ministerio Público no ha demostrado la necesidad de imponer prisión preventiva, y que la investigación aún no ha concluido, con auditorías y otras diligencias probatorias pendientes.

Cuestionamientos sobre la investigación

Mieses también cuestionó que su defendida permanezca vinculada al expediente únicamente por ser la esposa de Lora Cruceta. Además, consideró desproporcionado que Vargas, quien presuntamente formaba parte de la estructura investigada, pueda recibir arresto domiciliario tras colaborar, mientras que para Guzmán se mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva.

Responsabilidades en el caso

El abogado Francisco Consoró, representante de dos de los imputados, también cuestionó la decisión del Ministerio Público de someter únicamente a dos de los nueve integrantes del Consejo Directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Según él, las responsabilidades deben investigarse de manera integral.

Detalles financieros del caso

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red investigada habría administrado alrededor de RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Estos recursos son parte de una investigación por presuntos delitos de estafa, chantaje, lavado de activos y otras infracciones en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y del sistema de salud.

Declaraciones del procurador adjunto

El procurador adjunto Wilson Camacho declaró: "El Oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es precisamente lo que está siendo objeto de investigación".

Al finalizar la audiencia, los representantes del Ministerio Público, encabezados por Camacho, abandonaron la sala sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. La decisión sobre las medidas de coerción para todos los imputados será anunciada el próximo lunes.