ADP rechaza informe de Educa sobre pérdida de docencia y cuestiona sus conclusiones

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha expresado su rechazo a las conclusiones del Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, un informe presentado por Acción Empresarial por la Educación (Educa). La ADP considera que el documento se basa en datos inconsistentes y carece de la objetividad necesaria para emitir juicios sobre el sistema educativo nacional.

A través de una nota de prensa, el gremio afirmó que el informe presenta “datos descontextualizados” y busca responsabilizar exclusivamente a los docentes por problemas que, según ellos, tienen raíces en las deficiencias estructurales del sistema educativo dominicano.

La ADP también expresó su preocupación por el hecho de que entidades privadas intenten posicionarse como árbitros de la educación pública en el país mediante la elaboración de informes que, según el gremio, no cuentan con el respaldo técnico ni institucional del Ministerio de Educación (Minerd), el organismo legalmente facultado para evaluar y monitorear el cumplimiento del calendario escolar.

Cuestionamientos al informe de Educa

“En primer lugar, el informe de Educa parte de una base cuestionable y errónea al afirmar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia. Según el calendario escolar oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación, los niveles de Educación Inicial y Secundaria, incluyendo las modalidades Técnico Profesional, Artes y Centros de Excelencia, tienen establecidas 1,528 horas de clases distribuidas en 191 días lectivos. Por lo tanto, las cifras presentadas requieren una explicación que valide si solo se impartieron 144 horas de clases antes de construir conclusiones de carácter nacional”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.

“Antes de construir conclusiones de alcance nacional, Educa debe explicar de manera transparente cómo obtuvo esos resultados y cuáles fueron los criterios empleados para determinar la supuesta pérdida de horas de docencia”, agregó el gremio.

Asimismo, la ADP indicó que resulta incorrecto afirmar que 55 convocatorias de suspensión impactaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país. “La realidad es que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP tiene más de tres años sin convocar una paralización nacional de la docencia”, sostuvo.

Los reclamos de docentes en distintas comunidades, municipios y provincias del país, como Duarte, Santiago, Azua, San Juan de la Maguana, Haina, Tamayo y Boca Chica, responden a situaciones relacionadas con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, problemas de seguridad en los centros educativos y casos extraordinarios, como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.

“Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista que ignora que muchas de esas acciones procuran, precisamente, garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes”, sostuvo el gremio.

Cuestiona uso de fondos públicos

La ADP también cuestionó la autoridad moral con la que Educa, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría presentan estimaciones económicas sobre la educación pública, al señalar que algunas de estas entidades reciben recursos del Estado dominicano.

La organización destacó que, según datos oficiales citados en su comunicado, durante los últimos cinco años, Educa habría recibido RD$67,078,539.93 a través de programas de formación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), mientras que Fe y Alegría habría recibido RD$12,037,375.00 por concepto de subvenciones.

En conjunto, ambas entidades habrían percibido RD$79,115,914.93 provenientes de fondos públicos, de acuerdo con la ADP.

El gremio sostuvo que, considerando que el costo de construcción de un aula regular oscila entre RD$5 millones y RD$7 millones, esos recursos habrían permitido la construcción de entre 11 y 15 aulas escolares adicionales.

“Resulta contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos del 4 % del PIB intenten presentar a los docentes como responsables exclusivos de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil, el deterioro de planteles y las múltiples necesidades de infraestructura que afectan el proceso educativo”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional.

La ADP reiteró que la prioridad debe centrarse en garantizar escuelas seguras, adecuadas y dignas para estudiantes y docentes, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la inversión pública en educación bajo criterios de eficiencia, transparencia y equidad.