Ministerio Público tiene hasta el 11 de diciembre para presentar acusación en caso Senasa

Santo Domingo. – El Ministerio Público tiene hasta el próximo 11 de diciembre de 2026 para presentar su requerimiento conclusivo en el proceso judicial contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, el empresario Eduardo Read Estrella y otros ocho imputados, investigados por un presunto fraude de casi RD$16,000 millones contra esa administradora estatal de riesgos de salud.

El plazo fue establecido por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el pasado 4 de septiembre concedió una prórroga de cuatro meses al órgano acusador para concluir las diligencias investigativas.

El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud de los fiscales al considerar que había sido presentada dentro del período establecido por la legislación procesal, debido a que fue depositada el 11 de agosto de 2026, antes de que venciera el plazo inicial.

El proceso fue judicializado en diciembre de 2025 y declarado complejo, por lo que el tribunal otorgó ocho meses para el desarrollo de las investigaciones.

La extensión aprobada posteriormente permitirá al Ministerio Público completar las diligencias pendientes y determinar las actuaciones judiciales correspondientes contra los investigados.

Vencimiento del plazo y consecuencias procesales

En los procesos de corrupción administrativa, las investigaciones suelen requerir el análisis de documentos financieros, contratos, movimientos bancarios y otras pruebas relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, la legislación establece plazos para concluir la fase preparatoria y presentar los requerimientos correspondientes ante el tribunal.

Si el Ministerio Público no presenta acusación, dispone el archivo o formula otro requerimiento conclusivo dentro del tiempo establecido, corresponde aplicar el procedimiento legal de intimación previsto para estos casos.

Ese mecanismo permite requerir una actuación procesal antes de que pueda declararse la extinción de la acción penal por el incumplimiento de los plazos.

En expedientes anteriores de presunta corrupción administrativa, como los relacionados con los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez y el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, también se han producido debates sobre el agotamiento de los períodos de investigación.

Señalamientos contra exfuncionarios de Senasa

Santiago Hazim y los también exfuncionarios Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez figuran entre los investigados por el Ministerio Público.

Según la solicitud de medidas de coerción, los imputados habrían participado en la creación de programas especiales sin el debido respaldo técnico ni financiero, presuntamente utilizados para facilitar el cobro de sobornos millonarios.

La acusación preliminar sostiene que determinadas empresas habrían entregado pagos equivalentes hasta al 30 % de los montos contratados, sin cumplir necesariamente con las obligaciones establecidas en los acuerdos.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también señala presuntas irregularidades en la autorización de procedimientos médicos que, según su investigación, no eran necesarios y podían representar riesgos para los afiliados.

Estas imputaciones forman parte de las investigaciones del órgano acusador y deberán ser sustentadas ante los tribunales.

Empresarios señalados en el expediente

Entre las personas vinculadas al presunto entramado figuran el empresario Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo.

El Ministerio Público sostiene que varias empresas habrían resultado beneficiadas con contrataciones cuestionadas, mediante mecanismos que presuntamente facilitaron el desvío de recursos de la administradora estatal.

Asimismo, la Pepca y la Dirección General de Persecución atribuyen al empresario Jhonny Morales una participación en la gestión de pagos irregulares.

De acuerdo con el expediente, Morales habría recibido RD$95 millones por gestiones vinculadas con Cinty Acosta Sención.

El empresario estuvo detenido años atrás por su vinculación con el caso de corrupción del Plan Renove, investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Las autoridades también sostienen que las contrataciones cuestionadas afectaron los presupuestos de hospitales públicos y provocaron un desvío de recursos que debían destinarse a servicios de atención primaria de salud.

Otras investigaciones por irregularidades en Senasa

Paralelamente al expediente principal, el Ministerio Público desarrolla otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos y autorizaciones de servicios médicos de Senasa.

Una de ellas es la denominada Operación Onco14, mediante la cual se investiga un supuesto desvío de RD$148,660,116 entre 2018 y 2025, relacionado con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

En este expediente fueron sometidos inicialmente Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez.

La Pepca y la Dirección General de Persecución también investigan el manejo de aproximadamente RD$3,700 millones recibidos por el instituto oncológico de parte de Senasa.

Investigan autorizaciones de procedimientos no realizados

Otra investigación, identificada como Operación Cobra 2.0-A, involucra a 26 imputados, entre ellos 22 médicos, señalados por presuntas irregularidades en la autorización y facturación de servicios de salud.

De acuerdo con el Ministerio Público, el expediente comprende 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos que supuestamente nunca fueron realizados.

El monto atribuido a estas operaciones asciende a RD$41,125,551.02, correspondiente al período comprendido entre enero de 2021 y febrero de 2025.

Entre los investigados figura Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado de Senasa, a quien las autoridades atribuyen un papel de dirección dentro de la supuesta estructura.

Estas investigaciones forman parte de los esfuerzos del Ministerio Público para establecer las responsabilidades penales que pudieran derivarse de las irregularidades denunciadas en la administradora estatal.

Mientras tanto, el expediente principal contra Santiago Hazim y los demás imputados se aproxima al vencimiento de su plazo de investigación, previsto para el 11 de diciembre de 2026.

La presentación oportuna del requerimiento conclusivo será determinante para definir la siguiente etapa judicial del proceso.