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Cámara de Cuentas detecta nueve irregularidades en contratos de Edesur con empresa Senase

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Santo Domingo. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana identificó nueve irregularidades en los procesos de contratación y pago de servicios de vigilancia de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) con la compañía Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), tras una investigación especial que abarcó operaciones entre marzo de 2017 y marzo de 2025.

La empresa privada también figura en las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), relacionadas con la denominada Operación Lobo, que examina presuntos hechos de corrupción en contrataciones públicas.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, Edesur suscribió en 2017 un contrato para la prestación de servicios de seguridad por tres años, con un monto inicial de RD$104,727,207.

Posteriormente, el acuerdo fue objeto de cuatro adendas que modificaron montos y plazos contractuales. Los desembolsos registrados entre 2017 y 2022 ascendieron a RD$180,757,984.

Irregularidades en contratos y procesos de contratación

Durante la revisión del contrato original y sus modificaciones, la Cámara de Cuentas detectó inconsistencias cronológicas en la formalización de los documentos.

El órgano fiscalizador observó que el contrato principal fue firmado después de la fecha establecida para el inicio de su vigencia, situación que también se presentó en las adendas III y IV.

Otro de los hallazgos corresponde a un proceso de contratación por RD$124,561,152, del cual no se encontró evidencia suficiente de publicación en los portales digitales correspondientes, lo que constituye un incumplimiento de las disposiciones aplicables a las compras y contrataciones públicas, según el informe.

La investigación también identificó diferencias entre los montos y las cantidades establecidos en la oferta, el pliego de condiciones, la adjudicación y el contrato finalmente suscrito.

De acuerdo con la Cámara de Cuentas, Edesur contrató una cantidad de vigilantes por zona distinta de la contemplada originalmente en la licitación y se comprometió a pagar RD$258,744 por encima del resultado del cálculo matemático del servicio.

Asimismo, los auditores señalaron que las adendas I y II no incluían información sobre las cantidades de horas diurnas y nocturnas contratadas, los precios correspondientes ni el monto total de los servicios.

Documentos faltantes en expedientes de contratación

La Cámara de Cuentas también identificó la ausencia de documentos necesarios para sustentar un procedimiento de contratación valorado en RD$124,561,152.

Entre los documentos faltantes figuran la solicitud de contratación, la certificación de registro del contrato en la Contraloría General de la República, las actas del Comité de Compras, las invitaciones a presentar ofertas y la evidencia de publicación en dos periódicos.

También se señalaron la ausencia de la certificación de existencia de fondos y del dictamen jurídico del pliego de condiciones, entre otros soportes administrativos.

Estas deficiencias, según el órgano fiscalizador, limitaron la posibilidad de comprobar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la contratación de servicios.

Diferencias en facturas y operaciones sin soporte

Otro de los hallazgos corresponde a una diferencia de RD$500,598 entre una factura confirmada por Senase y la documentación contenida en el expediente de pago suministrado por Edesur.

Los auditores también identificaron 37 transacciones, entre facturas y notas de crédito, cuyos documentos no fueron entregados para su evaluación. Estas operaciones ascendían a RD$53,882,161.

La falta de esos soportes impidió completar las comprobaciones documentales correspondientes.

Pagos realizados sin contrato vigente

La investigación identificó además 14 pagos efectuados después del vencimiento del contrato de servicios de seguridad.

Estos desembolsos ascendieron a aproximadamente RD$60.8 millones, pese a que el período de vigencia contractual había concluido, según las observaciones del organismo fiscalizador.

La Cámara de Cuentas consideró que esta situación evidenciaba debilidades en la planificación contractual y en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

Otro hallazgo corresponde a tres expedientes de pago que no fueron suministrados a los auditores, por un monto de RD$8,287,839, lo que limitó la obtención de evidencias suficientes para su evaluación.

Expedientes incompletos por más de RD$172 millones

Como último hallazgo, el informe señala expedientes de pago que carecían de documentación de respaldo por un monto de RD$172,470,145.

Entre los soportes faltantes figuraban solicitudes de pago firmadas y selladas por funcionarios autorizados, constancias de recepción de servicios, facturas, órdenes de compra y certificaciones relacionadas con obligaciones tributarias y de seguridad social.

También se identificaron ausencias de controles de facturación, formularios de entrada y salida del personal y certificaciones de disponibilidad presupuestaria.

La Cámara de Cuentas advirtió que estas deficiencias reflejan debilidades en el resguardo de la documentación que sustenta las operaciones financieras de la distribuidora.

Cámara de Cuentas mantuvo los hallazgos tras respuestas de Edesur

Edesur presentó respuestas a las observaciones formuladas durante el proceso de investigación.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas determinó mantener los hallazgos al considerar que no se habían aportado evidencias suficientes para desvirtuarlos.

Las conclusiones del informe documentan irregularidades administrativas y debilidades en los controles de contratación y pago de servicios de vigilancia.

La investigación adquiere relevancia por su relación con las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en contratos de seguridad privada con instituciones públicas.

No obstante, los hallazgos administrativos de la Cámara de Cuentas no constituyen, por sí solos, una sentencia de responsabilidad penal contra la empresa contratista o los funcionarios involucrados.

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