Estados Unidos respalda cierre de fábrica china en RD y provoca reacción diplomática de Pekín

Santo Domingo. – La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana respaldó públicamente el cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, al reproducir un pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quien destacó la importancia de garantizar una competencia económica justa y el cumplimiento de las leyes.

La misión diplomática difundió este lunes, a través de su cuenta oficial en la red social X, el mensaje publicado originalmente en inglés por Segura, dando mayor visibilidad en el país a la posición del Departamento de Estado estadounidense.

«Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china», expresó el funcionario.

Segura cuestionó que establecimientos industriales operen sin los permisos correspondientes, mantengan depósitos irregulares de combustible o incumplan las disposiciones laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros.

«Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho», manifestó.

El respaldo estadounidense se produce en medio de una serie de inspecciones realizadas por las autoridades dominicanas a establecimientos comerciales e industriales de capital chino, que han permitido detectar presuntas irregularidades fiscales, laborales, migratorias y de seguridad.

China rechaza pronunciamiento de Estados Unidos

La posición estadounidense provocó una respuesta de la Embajada de China en República Dominicana, que acusó a Washington de intentar generar tensiones y estigmatizar a los inversionistas chinos establecidos en el país.

La representación diplomática asiática consideró que Estados Unidos aprovechó un caso particular de aplicación de la legislación dominicana para formular señalamientos que podrían afectar la imagen de toda la comunidad empresarial china.

En su pronunciamiento, la Embajada sostuvo que República Dominicana es un Estado soberano y que corresponde exclusivamente a sus autoridades aplicar las leyes nacionales, sin interferencias de gobiernos extranjeros.

Asimismo, afirmó que China respeta las disposiciones legales dominicanas y exige a sus ciudadanos y empresas cumplir las normas de los países donde desarrollan sus actividades económicas.

No obstante, rechazó que las irregularidades atribuidas a un establecimiento específico sean utilizadas para desacreditar a los demás inversionistas chinos.

La misión diplomática aseguró que la mayoría de las empresas de capital chino opera legalmente en República Dominicana, genera empleos y contribuye al desarrollo económico y social.

También pidió evitar que las actuaciones de las autoridades dominicanas sean utilizadas para promover confrontaciones políticas o perjudicar las relaciones comerciales entre ambos países.

Fábrica funcionaba sin permisos en San Antonio de Guerra

La empresa intervenida, identificada como Fábrica Cartesa, operaba en San Antonio de Guerra, en un complejo compuesto por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.

Durante la inspección, las autoridades determinaron que el establecimiento carecía de certificación de uso de suelo y de las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades industriales y comerciales.

El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) también detectó un depósito clandestino de hidrocarburos dentro de las instalaciones.

Como parte de la intervención, las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron aproximadamente 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en RD$2.25 millones.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones dispuso la paralización de las obras por presuntas violaciones a la Ley 687-82, relacionada con la construcción de edificaciones.

Asimismo, la Dirección General de Migración intervino para verificar la situación legal de los trabajadores extranjeros que laboraban en el establecimiento, procedimiento durante el cual varias personas fueron detenidas.

Las autoridades señalaron que las actuaciones respondieron a incumplimientos de las normativas nacionales aplicables a las actividades industriales, comerciales y laborales.

Inspecciones detectan irregularidades en otros establecimientos

El cierre de Cartesa forma parte de una serie de intervenciones realizadas por las autoridades dominicanas a negocios de capital chino en distintas localidades del país.

Durante octubre, el Ministerio de Trabajo inspeccionó 101 tiendas y plazas comerciales ubicadas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey.

Los inspectores levantaron 1,016 actas, de las cuales 42 correspondieron a infracciones, y dispusieron la paralización de 24 establecimientos por condiciones que representaban riesgos para los trabajadores.

Entre las irregularidades detectadas figuran incumplimientos del descanso semanal, falta de pago de horas extraordinarias, despidos antes de completar tres meses de trabajo y presuntas violaciones a las disposiciones sobre contratación de empleados dominicanos y extranjeros.

A estas actuaciones se sumaron las intervenciones del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), que dispuso cierres temporales de establecimientos por comercializar productos sin registro sanitario y exhibir artículos para adultos en espacios accesibles a menores.

Comerciantes reclaman igualdad de condiciones

Las fiscalizaciones también se producen en medio de reclamos de empresarios dominicanos que demandan igualdad de condiciones tributarias y regulatorias frente a establecimientos de inversión extranjera.

Algunos representantes del comercio nacional han expresado preocupación por las ventajas competitivas que podrían obtener negocios que incumplen obligaciones fiscales, laborales o administrativas, mientras otras empresas asumen los costos de operar conforme a la legislación.

El caso de Cartesa también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión estatal, debido a que una instalación industrial de esas dimensiones habría desarrollado actividades sin contar con autorizaciones fundamentales para su funcionamiento.

Las autoridades dominicanas mantienen la responsabilidad de garantizar que todos los establecimientos comerciales e industriales cumplan las disposiciones legales, independientemente del origen de sus inversiones.

El pronunciamiento de Estados Unidos y la respuesta de China han añadido una dimensión diplomática a las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el cierre de la fábrica.

Mientras ambas representaciones expresan posiciones diferentes sobre el alcance de estas medidas, la aplicación de la legislación dominicana y la supervisión de las actividades económicas continúan bajo la responsabilidad de las instituciones nacionales competentes.