Tala de árboles en espacios públicos reabre debate sobre responsabilidad de las autoridades y protección ambiental

Santo Domingo. – La tala de robles y árboles de mango en las inmediaciones de la Gobernación de Peravia, en Baní, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las instituciones públicas en la protección del arbolado urbano y la aplicación de las leyes ambientales, especialmente cuando las intervenciones son ejecutadas o autorizadas por organismos del propio Estado.

El caso se suma a una serie de denuncias registradas desde 2022 en parques, avenidas, zonas costeras, terrenos protegidos y propiedades privadas del país, donde la eliminación o poda de árboles ha generado cuestionamientos sobre los permisos ambientales, la supervisión institucional y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Algunas de estas intervenciones dieron lugar a sometimientos judiciales, investigaciones administrativas y destituciones, mientras que otras fueron justificadas mediante autorizaciones oficiales o explicaciones técnicas cuyos resultados no siempre se han dado a conocer públicamente.

Tala de 330 árboles provocó sometimiento judicial en 2022

Uno de los casos ocurrió en mayo de 2022, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, entonces director municipal de Palmarejo Villa Linda, en Los Alcarrizos, acusado de talar 330 árboles en un área verde protegida de Pantoja, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte.

Según los registros de la época, el funcionario había solicitado una autorización ambiental para realizar la intervención, pero esta le fue denegada.

El entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, cuestionó la actuación del funcionario al señalar que había procedido sin contar con el permiso correspondiente.

“Por alguna razón, él se fue por encima de la ley”, expresó Jorge Mera.

El caso también generó diferencias entre instituciones, luego de que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente denunciara que no había sido notificada oportunamente sobre lo ocurrido.

La Procuraduría cuestionó, además, que los troncos fueran trasladados sin la presencia del Ministerio Público, actuación que calificó como una obstrucción a sus labores.

Poda irregular en el Mirador Sur provocó destituciones

En junio de 2024 surgió otra controversia relacionada con la poda de árboles en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional.

El exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal denunció públicamente la intervención, señalando que presuntamente había sido solicitada por el propietario de una torre residencial ubicada frente al parque, debido a que los árboles obstaculizaban la vista hacia el mar.

Tras la denuncia, el Ministerio de Medio Ambiente envió técnicos al lugar, quienes determinaron que se había realizado una poda inapropiada por instrucciones de la administración del parque, bajo responsabilidad de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Una investigación interna de la alcaldía estableció que 17 árboles habían sido podados en sus copas sin supervisión técnica ni autorización del departamento de Foresta Urbana.

Como consecuencia, la institución separó de sus funciones a dos colaboradores y anunció la presentación de una denuncia ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente.

Sin embargo, el texto investigativo no identifica una resolución judicial posterior ni establece si hubo consecuencias para la persona que presuntamente solicitó la poda.

Intervenciones en Güibia, Plaza de la Bandera y Centro Olímpico

Durante 2025 se registraron nuevas controversias por la eliminación de árboles en distintos sectores del Distrito Nacional, algunas relacionadas con proyectos de infraestructura y remodelaciones de espacios públicos.

En febrero, residentes denunciaron la tala de uvas de playa y almendros en el litoral comprendido entre Güibia y el muelle de Los Pescadores, en el Malecón de Santo Domingo.

El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, informó que no había otorgado autorización para la intervención y anunció investigaciones para identificar a los responsables.

No obstante, no se especifica el resultado de esas indagatorias.

Entre finales de febrero y marzo del mismo año, los trabajos de construcción del túnel bajo la Plaza de la Bandera, en la avenida Luperón, también implicaron el retiro de decenas de árboles ubicados en la isleta norte del monumento, como parte de las labores preparatorias de excavación.

Otro episodio ocurrió en julio, cuando se denunció la eliminación de aproximadamente 300 árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Posteriormente, se conoció que la intervención estaba respaldada por la autorización ambiental número 016-2025, emitida el 13 de mayo de ese año, que contemplaba la tala de 901 árboles, incluidos 325 con diámetros superiores a diez centímetros.

Los trabajos estaban relacionados con la remodelación de las instalaciones deportivas a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ante las críticas, el 22 de julio, el comité organizador del evento y los titulares de Vivienda y Deportes aseguraron que se respetarían las áreas verdes y describieron los trabajos como una intervención puntual.

Meses después, el Mived anunció la creación de una denominada “acera bosque”, mediante la siembra de árboles en el perímetro del complejo deportivo.

Denuncias por proyectos inmobiliarios en el Cinturón Verde

En agosto de 2025, organizaciones comunitarias de Arroyo Hondo y Cuesta Brava denunciaron la presunta destrucción de una franja protegida del Cinturón Verde de Santo Domingo, atribuida a proyectos inmobiliarios desarrollados en la zona.

Los denunciantes señalaron a un viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones como propietario de la empresa constructora involucrada.

El 13 de agosto, la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) presentaron una querella contra el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, y el referido viceministro.

Las organizaciones alegaron que se había otorgado un permiso irregular para construir más de 300 apartamentos en un área donde, según sus planteamientos, estaban prohibidas las edificaciones multifamiliares.

La empresa constructora rechazó los señalamientos y aseguró que contaba con los permisos y documentos exigidos para desarrollar el proyecto.

El caso abrió un debate sobre la protección de las zonas verdes y los controles ambientales aplicados a las construcciones inmobiliarias.

Decreto presidencial establece medidas contra daños ambientales

El 2 de septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, mediante el cual declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención y el combate del denominado terrorismo medioambiental.

La disposición contempla mecanismos de coordinación institucional para enfrentar acciones deliberadas que provoquen daños graves a los recursos naturales y ecosistemas estratégicos del país.

Sin embargo, el decreto no convierte automáticamente cualquier tala irregular en un acto de terrorismo medioambiental, pues remite a los elementos establecidos en la legislación penal vigente.

Pese al fortalecimiento de las medidas anunciadas, durante los meses siguientes continuaron las controversias relacionadas con intervenciones de árboles en espacios urbanos.

Tala de anacagüita en Los Prados genera cuestionamientos

Otro caso corresponde a una anacagüita ubicada en la intersección de las calles Rafael Abreu Licairac y Altagracia Saviñón, en el sector Los Prados, del Distrito Nacional.

El árbol había sido declarado patrimonio natural en 2022, aunque se encontraba dentro de una propiedad privada cuyo propietario llevaba años solicitando una intervención debido a presuntos daños ocasionados a la estructura de su vivienda.

En mayo de 2026, vecinos denunciaron un supuesto deterioro intencional del ejemplar, mientras surgían cuestionamientos sobre las responsabilidades de la alcaldía y el Ministerio de Medio Ambiente.

Posteriormente, en septiembre, se retiró la condición de protección que tenía el árbol y, en octubre, fue talado.

El caso generó interrogantes sobre las razones técnicas y legales que justificaron la eliminación de un ejemplar previamente reconocido por su valor natural.

Según la información recopilada, no se había divulgado públicamente el estudio técnico que sustentó la decisión de retirarle su condición de protección.

Tala de robles en Baní reabre controversia

Uno de los casos más recientes se registró en Baní, provincia Peravia, donde los trabajos de remodelación del edificio de la Gobernación y de otras oficinas públicas provocaron la eliminación de robles y árboles de mango que brindaban sombra en las inmediaciones de estas instalaciones y del hospital Nuestra Señora de Regla.

El proyecto de remodelación contempla una inversión de RD$57.5 millones, mientras que la tala ha generado preocupación por la pérdida de árboles en una zona de tránsito peatonal y actividad institucional.

La vocería de la Gobernación justificó la intervención al calificarla como un “mal necesario”, argumento que ha sido cuestionado por los efectos ambientales de la eliminación de los ejemplares.

De acuerdo con las indagatorias periodísticas citadas, no se habían tramitado autorizaciones ante el Ministerio de Medio Ambiente ni ante el Ayuntamiento de Baní para realizar los trabajos.

Tampoco se identificaron actuaciones de ambas instituciones dirigidas a impedir la intervención.

La situación vuelve a plantear interrogantes sobre los controles aplicados a las obras públicas y el cumplimiento de las disposiciones ambientales cuando las acciones son ejecutadas desde instituciones del Estado.

Impacto de la tala en la salud y calidad de vida

La eliminación de árboles en espacios urbanos tiene consecuencias que van más allá de la pérdida del paisaje, especialmente durante períodos de altas temperaturas.

Uno de los principales efectos es la intensificación del fenómeno conocido como isla de calor urbana, que ocurre cuando superficies como el concreto, el asfalto y los edificios absorben radiación solar durante el día y liberan progresivamente ese calor.

Los árboles contribuyen a disminuir las temperaturas mediante la sombra y la evapotranspiración, proceso por el cual liberan vapor de agua a través de sus hojas y favorecen el enfriamiento del ambiente.

Su eliminación puede aumentar la exposición de los peatones al calor, reducir los espacios de sombra y afectar las condiciones de confort térmico en calles, parques y otras áreas de circulación.

Además, el arbolado urbano contribuye a la regulación de la escorrentía de las lluvias, ofrece refugio a distintas especies y ayuda a mejorar las condiciones ambientales de las ciudades.

La sucesión de intervenciones denunciadas desde 2022 pone de relieve la necesidad de fortalecer la transparencia en la emisión de permisos, la supervisión de los trabajos y la publicación de los resultados de las investigaciones ambientales.

También plantea la importancia de establecer responsabilidades cuando se comprueben actuaciones contrarias a la legislación, independientemente de que sean realizadas por particulares, empresas privadas o instituciones públicas.