Oposición demanda al TC por indexación salarial y cuestiona distorsiones en sueldos públicos

Santo Domingo. – La situación salarial en el Estado dominicano ha generado preocupación entre los legisladores de la oposición, quienes han denunciado el incumplimiento de las disposiciones salariales vigentes. La congelación de la indexación del impuesto sobre la renta (ISR) afecta especialmente a los trabajadores de menores ingresos, mientras que la falta de aplicación plena de la ley que regula los salarios de los funcionarios públicos ha creado distorsiones en la estructura estatal.

Con el objetivo de corregir esta problemática, los legisladores opositores han presentado una acción directa ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026. Este artículo deja sin efecto la indexación establecida en la Ley 11-92.

Si el recurso prospera, la retención del ISR se aplicaría a partir de salarios de 52,000 pesos, en lugar de los 34,685 pesos que han estado vigentes desde 2017. El Gobierno ha argumentado que la implementación de esta medida podría resultar en una disminución de la recaudación de aproximadamente 25,000 millones de pesos anuales.

La Ley 105-13 y su falta de aplicación

La Ley 105-13, promulgada en 2013 tras un proceso legislativo que incluyó debates y observaciones del entonces presidente Leonel Fernández, tenía como objetivo regular los salarios del sector público. Sin embargo, a casi 13 años de su aprobación, aún no se ha desarrollado un reglamento que permita su correcta aplicación.

Esta normativa establece que el presidente de la República debe recibir un salario de 450,000 pesos mensuales, mientras que la vicepresidenta, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como los jueces del Tribunal Constitucional, deben percibir 400,000 pesos.

• 375,000 pesos para los titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE).
• 350,000 pesos para el presidente de la Cámara de Cuentas.
• 300,000 pesos para ministros, el procurador general, el contralor y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
• 250,000 pesos para el Defensor del Pueblo.

No obstante, la ausencia de reglamentación ha impedido la correcta aplicación de estas disposiciones, lo que ha llevado a situaciones irregulares.

Distorsiones salariales en el sector público

Según datos de nóminas estatales, al menos nueve funcionarios están percibiendo salarios superiores al del presidente de la República, lo que contraviene el artículo 5 de la ley, que prohíbe que un servidor público gane más que los titulares de los poderes del Estado.

Entre los casos más destacados se encuentran direcciones como Impuestos Internos, Aduanas y Alianzas Público-Privadas, cuyos titulares reciben salarios que superan los 500,000 pesos, por encima de los ministros que dependen de ellos.

Además, la ley limita la asignación de combustible a un máximo del 10 % del salario, salvo para el presidente y el vicepresidente. Sin embargo, auditorías realizadas en 2022 por la Cámara de Cuentas y la Contraloría revelaron un manejo discrecional de estos beneficios en varias instituciones.

Falta de voluntad política para implementar la ley

A pesar de las gestiones de los expresidentes Danilo Medina y Luis Abinader, el reglamento de aplicación de la Ley 105-13 no ha sido aprobado. En 2024, el entonces titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo, informó que se había enviado una propuesta de reglamento a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

No obstante, ante las dificultades para su implementación, se optó por elaborar un anteproyecto de modificación de la ley, el cual aún no ha sido sometido al Congreso Nacional. Esta propuesta plantea eliminar los topes salariales y establecerlos en función de los sueldos mínimos.

Apoyo del sector privado a la indexación salarial

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, ha expresado su respaldo a la indexación salarial, argumentando que esta medida contribuiría a aliviar la carga económica de la población.

Dargam subrayó que la indexación debe formar parte de una reforma integral que permita identificar los recursos necesarios sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

En esta misma línea, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, ha reiterado su llamado al Gobierno para que implemente la indexación y evite que el peso de la carga tributaria recaiga sobre los ciudadanos.