Mi ventana óptica – Un reclamo insólito

Por Alejandro Almánzar

En los últimos años, la República Dominicana ha sido escenario de un intenso debate sobre la nacionalidad, migración y su soberanía por parte de organismos internacionales. Donde ha surgido una situación que, vista desde una perspectiva jurídica y política, resulta cuando menos insólita, que extranjeros y organizaciones internacionales exigen al Estado dominicano el reconocimiento de una nacionalidad que el propio Haití no garantiza a sus ciudadanos.

Desconocen, que la nacionalidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado moderno, que consiste en el vínculo jurídico y político que une a una persona con una nación determinada, estableciendo derechos, deberes y responsabilidades mutuas y que cada Estado define, conforme a sus leyes y a los tratados internacionales suscritos, quiénes son sus nacionales y bajo qué situación pueden adquirir o perder dicha condición. Sin embargo, cuando observamos el debate dominicano, pareciera que algunos pretenden trasladar al país responsabilidades que corresponden exclusivamente a Haití, pues que nuestro país resuelva problemas históricos de documentación, registro civil y reconocimiento de ciudadanía que tienen su origen fuera de sus fronteras como el caso haitiano resulta en una quimera.

Una paradoja, pues mientras países de la región mantienen sistemas restrictivos para el reconocimiento de sus ciudadanos en el exterior o presentan profundas deficiencias en sus registros civiles, las críticas suelen concentrarse exclusivamente sobre la República Dominicana, para que otorgue una nacionalidad que es responsabilidad de la nación de origen de los padres o ascendientes de esas personas.

Ningún país del mundo puede asumir obligaciones que corresponden a otro Estado. Hacerlo, equivaldría a desdibujar las fronteras jurídicas de la nacionalidad y convertir la ciudadanía en una responsabilidad transferible según conveniencias políticas o coyunturales, poniendo en juego su soberanía. Esto no significa desconocer la realidad humana de quienes enfrentan dificultades de identidad, pero ese compromiso jamás puede recaer sobre un país receptor como pretenden grupos organizados con la solución al problema haitiano; cuando reitero, ese problema es exclusivo de su país de origen y la comunidad internacional, no del pueblo dominicano.

Resulta llamativo, que algunos sectores defienden con firmeza la soberanía migratoria de países desarrollados, mientras cuestionan el derecho nuestro a aplicar nuestras propias leyes constitucionales y migratorias. Lo que se considera legítimo en Europa y otros países del continente, suele presentarse como cuestionable cuando se trata de nuestra nación; cuando la discusión debe centrarse en que las autoridades del vecino país resuelvan la apatridia de su propia gente que anda por el mundo como muertos vivientes, haciendo un reclamo insólito de que otro Estado les provea los documentos que su país no les proporciona.

Es ampliamente conocido que la República Dominicana, como otras naciones no contempla una ciudadanía por el derecho de suelo, ningún hijo de inmigrantes en tránsito o que viva irregularmente en el país califica para obtenerla, los que se manifestaron frente al palacio nacional deben ir a su embajada a buscar sus documentos y optar por una legalización, porque el hecho de nacer allí no los hace dominicanos, ni la dominicanidad es un pergamino de poco valor que se anda regalando a cualquiera. Pretender que carguemos con responsabilidades que otros no han asumido, constituye una contradicción difícil de justificar, como el caso de extranjeros exigiendo con vehemencia una nacionalidad que no les corresponde, no nos imaginamos a un dominicano en España pidiendo la ciudadanía española sin pertenecerle.

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