Intervención en CCR La Isleta: traslado de 21 internos

Moca, Espaillat. – La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) llevó a cabo una intervención significativa en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XII) La Isleta, que resultó en el traslado de 21 internos presuntamente involucrados en actividades ilícitas dentro del recinto, todo por motivos de seguridad.

Detalles del operativo

Este operativo se ejecutó tras varias semanas de labores de inteligencia y seguimiento. La intervención incluyó:

• Requisa general del centro.
• Aplicación de medidas administrativas y legales.
• Movilización de privados de libertad considerados de alto riesgo.

Coordinación y apoyo

La intervención fue coordinada por las autoridades penitenciarias, con el respaldo de las Unidades Especiales, la Unidad Canina y la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR). Esta operación forma parte de una estrategia anticorrupción destinada a fortalecer el control interno y preservar el orden en el centro.

Compromiso de la DGSPC

En un comunicado oficial, la DGSPC reafirmó su compromiso de no permitir que “unos pocos privados de libertad” lleven a cabo acciones contrarias a la ley que puedan afectar la convivencia y los derechos del resto de la población penitenciaria.

Nueva etapa en el sistema penitenciario

La institución explicó que estas acciones son parte de una nueva etapa enfocada en consolidar el Nuevo Modelo Penitenciario. Este modelo busca garantizar el bienestar de los internos y la tranquilidad de sus familiares, al tiempo que reafirma el compromiso con la rehabilitación y la reinserción social.

Estrategia integral de saneamiento

Además, la DGSPC recordó que anteriormente se habían intervenido otros dos centros penitenciarios como parte de una estrategia integral de saneamiento y fortalecimiento institucional. Esta estrategia está dirigida a encaminar el sistema bajo principios de legalidad, seguridad y reinserción social.

Contexto actual

La intervención en La Isleta se produce en un contexto de mayor vigilancia y supervisión en los centros de privación de libertad del país. El objetivo es consolidar un sistema penitenciario más eficiente y libre de prácticas ilícitas, asegurando así un entorno más seguro tanto para los internos como para el personal que labora en estos centros.