El Gobierno apremia una nueva ley de contrataciones, pero los diputados la retrasan por desacuerdos

Aunque el presidente Luis Abinader ha solicitado en varias ocasiones acelerar el estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas para fortalecer su discurso anticorrupción, la iniciativa enfrenta obstáculos en la Cámara de Diputados, donde los legisladores han retrasado su aprobación debido a desacuerdos con los sectores que serían impactados por la normativa.

Antes del cierre de la pasada legislatura, el 8 de enero de este año, una comisión de diputados prometió que la ley sería aprobada a principios de 2025. Sin embargo, la falta de consenso y las diferencias de criterio provocaron que el proyecto quedara estancado hasta la nueva legislatura, prevista para iniciar el 27 de febrero.

En ese entonces, cuando comenzaba 2025 y la pasada legislatura estaba por concluir, el diputado Gregorio Domínguez, quien presidió la comisión encargada de analizar la nueva ley de contrataciones públicas, aseguró que el proyecto se aprobaría antes del 8 de enero. No obstante, en la última sesión del período legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que el cierre de la legislatura dejaría pendientes varios proyectos en los que los diputados no lograron un acuerdo, entre ellos el de gestión de residuos sólidos y el de contrataciones públicas.

Ahora, con la nueva legislatura a punto de iniciar, el diputado Domínguez afirma que el proyecto "ya está totalmente consensuado" con todos los sectores y que su aprobación está prevista a partir del 27 de febrero, garantizando su cumplimiento con los requisitos constitucionales. "El proyecto de ley es bastante amplio, con unos 240 artículos. Se volverá a depositar tal como fue aprobado en el Senado de la República para que, antes de que termine marzo, quede aprobado", aseguró el legislador. También recordó que la iniciativa perimió, pero aún tiene la posibilidad de ser reintroducida con los consensos alcanzados.

Los desacuerdos

Aunque el diputado Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostiene que el proyecto ya no enfrenta obstáculos, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ASC) ha manifestado su desacuerdo. Argumentan que la normativa otorga "amplias facultades" a la Dirección General de Contrataciones Públicas para solicitar información a ciudadanos que no están directamente vinculados con las licitaciones, lo que ha generado preocupación en el sector.