Abusos de empleados de la Alcaldía de Santiago contra los vendedores ambulantes

El abuso contra los vendedores ambulantes en Santiago ha alcanzado niveles alarmantes. Empleados de la Alcaldía, acompañados por la Policía Municipal armada con escopetas 12, han impuesto un régimen de terror en las calles, despojando a ciudadanos de sus pertenencias sin previo aviso. Esta práctica no solo vulnera el derecho al trabajo de cientos de personas, sino que también expone una evidente contradicción en el accionar de quienes hoy ostentan el poder municipal.

Operativos sin garantías y despojo arbitrario

Los operativos llevados a cabo por las autoridades municipales se han convertido en redadas represivas, donde los vendedores son despojados de su mercancía sin importar si esta es perecedera y podría dañarse. No se otorga tiempo para recoger sus productos ni se ofrecen alternativas viables para su reubicación.

Los testimonios de los afectados revelan que, además de perder sus medios de sustento, muchos son víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de los agentes municipales. La imagen de policías armados con escopetas amedrentando a humildes trabajadores es una escena que debería avergonzar a cualquier administración que se diga preocupada por el bienestar de los ciudadanos.

Doble moral de la actual gestión municipal

Lo más indignante es que los mismos empleados y funcionarios que hoy ejecutan estas medidas fueron en su momento los más férreos críticos de la pasada gestión municipal, acusándola de abusos similares. Durante la administración anterior, se denunciaron acciones arbitrarias contra los vendedores informales, con pronunciamientos enérgicos por parte de quienes hoy aplican la misma estrategia represiva.

Esta doble moral pone en evidencia que, más allá del discurso de campaña y de la supuesta defensa de los derechos ciudadanos, la actual gestión no ha hecho más que repetir las mismas prácticas que antes condenaban.

El derecho al trabajo debe ser respetado

Es innegable que la organización del comercio informal es un reto para cualquier ciudad, pero esto no justifica el abuso y la represión como método de control. En lugar de atropellar a los vendedores, la Alcaldía de Santiago debería establecer un diálogo real y ofrecer soluciones que permitan la convivencia armónica entre el comercio informal y el ordenamiento urbano.

Existen alternativas como la creación de espacios específicos para los vendedores, programas de regularización y capacitación, y medidas que permitan su inclusión dentro de la economía formal sin recurrir a la violencia ni al abuso de poder.

Si la actual administración municipal no rectifica su accionar, quedará en la historia como otra gestión que, en lugar de gobernar con justicia, optó por la represión y el atropello de los más vulnerables.