Ofensiva militar de Bukele contra pandillas en Haití genera cuestionamientos internacionales

Puerto Príncipe. – Helicópteros militares salvadoreños bombardean la vivienda de un presunto cabecilla de las pandillas en Haití. Civiles vitorean a soldados vestidos con uniformes de camuflaje, mientras vehículos blindados recorren las calles de comunidades afectadas por la violencia de los grupos armados.

Las imágenes circulan ampliamente en las redes sociales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de funcionarios de su Gobierno y de numerosos creadores de contenido que respaldan su gestión, acompañadas de mensajes en criollo haitiano, inglés y español que prometen contribuir a la recuperación del territorio haitiano.

«Los ayudaremos a recuperar su país… Por fin, Haití será libre», señala uno de los mensajes difundidos durante la ofensiva.

Esta campaña de comunicación forma parte de la estrategia mediante la cual Bukele presenta la intervención militar salvadoreña como una oportunidad para enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen amplias zonas de Haití bajo su control.

Sin embargo, especialistas en seguridad y comunicación política consideran que la operación también podría responder a objetivos políticos internos, en momentos en que El Salvador se prepara para celebrar elecciones presidenciales en febrero de 2027.

Los analistas advierten que el despliegue constituye una decisión de alto riesgo, debido a sus posibles consecuencias diplomáticas, económicas y humanitarias.

Analistas cuestionan estrategia comunicacional

El estratega salvadoreño de comunicación política Roberto Dubon considera que la difusión de imágenes de las operaciones militares busca fortalecer la figura presidencial mediante una narrativa de éxito frente a las pandillas.

«Es una campaña electoral abierta, de promocionar a Nayib Bukele y casi presentándolo como superhéroe. Lo que están vendiendo es Avengers», afirmó.

A su juicio, la intervención también representa una oportunidad para proyectar internacionalmente las políticas de seguridad aplicadas por el mandatario en El Salvador.

«Están utilizando Haití como laboratorio para poder implementar sus políticas ya a nivel internacional», sostuvo.

La ofensiva ha recibido respaldo de República Dominicana, cuyo presidente, Luis Abinader, informó que su Gobierno proporciona apoyo logístico y de inteligencia a las operaciones salvadoreñas.

Abinader también pidió a la fuerza internacional respaldada por Naciones Unidas coordinar sus actuaciones con las tropas de El Salvador para fortalecer los esfuerzos contra las pandillas.

Despliegue comenzó tras desaparición de cuatro militares

La intervención salvadoreña se intensificó a mediados de octubre, después de que cuatro técnicos de aviación de ese país, integrantes de una misión internacional respaldada por Naciones Unidas, desaparecieran durante un ataque perpetrado por pandillas haitianas.

En respuesta, el Gobierno de Bukele desplegó aproximadamente 2,500 militares en territorio haitiano para desarrollar operaciones contra las organizaciones señaladas como responsables de la desaparición.

Inicialmente, las acciones fueron presentadas como una misión destinada a localizar y rescatar a los cuatro salvadoreños.

Sin embargo, a medida que aumentaron los cuestionamientos internacionales y un cabecilla de las pandillas afirmó que los desaparecidos habían muerto, el discurso gubernamental comenzó a centrarse en el objetivo más amplio de combatir a las organizaciones criminales haitianas.

«Cumplimos nuestra promesa», publicó Bukele al compartir un video de fuerzas salvadoreñas atacando la vivienda de un presunto dirigente pandillero, después de haber solicitado previamente su ubicación mediante la red social X.

«La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!», agregó el mandatario.

Las publicaciones recuerdan la estrategia comunicacional utilizada por su Gobierno durante la ofensiva contra las pandillas en El Salvador, caracterizada por videos de operaciones policiales y militares difundidos ampliamente en plataformas digitales.

Aunque esa política ha sido respaldada por sectores de la población salvadoreña debido a la reducción de la violencia, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y otras presuntas violaciones de garantías fundamentales durante el régimen de excepción.

Elecciones de 2027 y cuestionamientos democráticos

La intervención en Haití se produce mientras Bukele se prepara para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista, aprobó reformas constitucionales que adelantaron los comicios presidenciales originalmente previstos para 2029 y eliminaron las restricciones a la reelección presidencial.

Las modificaciones han generado cuestionamientos de organizaciones y especialistas que advierten sobre sus posibles consecuencias para la alternancia política y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En este contexto, el consultor salvadoreño en seguridad Luis Enrique Amaya considera que la intervención en Haití podría contribuir a mantener el protagonismo de Bukele en materia de seguridad.

«Él tiene que construir esta narrativa de éxito en Haití para fortalecer su imagen como presidente», sostuvo.

El especialista agregó que el mandatario procura conservar el respaldo político acumulado durante los últimos años.

Aunque las encuestas citadas por los analistas reflejan elevados niveles de aprobación presidencial, persisten cuestionamientos relacionados con la economía, los derechos humanos y las reformas institucionales.

Amnistía Internacional exige transparencia

La operación militar también ha generado preocupación entre organizaciones internacionales por la falta de información pública sobre los acuerdos que regulan la presencia de tropas extranjeras en Haití.

Amnistía Internacional solicitó a los gobiernos de El Salvador y Haití que divulguen los términos del convenio que autoriza el despliegue militar y garanticen el respeto al derecho internacional de los derechos humanos.

La organización advirtió que las operaciones podrían agravar la violencia y aumentar los riesgos para la población civil si no se desarrollan bajo mecanismos adecuados de supervisión.

Entre las principales preocupaciones figuran las reglas para el uso de la fuerza, la cadena de mando y las garantías para evitar afectaciones a personas ajenas a los enfrentamientos.

Estados Unidos se distancia de la operación bilateral

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró que Washington no participa activamente en la ofensiva bilateral desplegada por El Salvador en Haití.

Rubio explicó que Estados Unidos mantiene su respaldo a la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por Naciones Unidas, pero que la operación salvadoreña constituye una intervención separada, acordada directamente con las autoridades haitianas.

El funcionario también advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre ambos contingentes para evitar enfrentamientos accidentales.

La preocupación responde a que distintas fuerzas militares operan simultáneamente en territorios donde permanecen organizaciones criminales fuertemente armadas.

Aunque una parte del personal salvadoreño participa en la misión internacional, la mayor parte de los efectivos enviados recientemente actúa bajo el acuerdo bilateral entre El Salvador y Haití.

Expertos dudan que el modelo salvadoreño pueda replicarse

Especialistas en seguridad consideran que las diferencias entre las estructuras criminales de El Salvador y Haití dificultan aplicar las mismas estrategias para combatirlas.

Diego Da Rin, analista sobre Haití del International Crisis Group, señaló que la situación haitiana presenta una mayor complejidad, debido a la cantidad de organizaciones armadas, sus recursos y sus vínculos con determinados sectores de poder.

En El Salvador, Bukele consiguió debilitar considerablemente a las principales pandillas mediante una política de seguridad que incluyó la suspensión de garantías constitucionales y el encarcelamiento de un elevado número de personas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y medios de investigación también han cuestionado esa estrategia por sus consecuencias sobre las libertades individuales y por denuncias de presuntos acuerdos previos entre las autoridades y dirigentes pandilleros.

La situación haitiana presenta características diferentes.

En Puerto Príncipe operan aproximadamente dos docenas de organizaciones criminales conocidas, mientras que otros grupos mantienen presencia en distintas regiones del país.

Estas estructuras disponen de armamento de alto poder, obtenido en gran medida mediante redes de contrabando procedentes de Estados Unidos, y han aprovechado la inestabilidad política y las limitaciones de las fuerzas de seguridad para ampliar su control territorial.

Además, algunas organizaciones mantienen vínculos con sectores económicos y políticos, una realidad que complica los esfuerzos para desarticular sus redes de financiamiento y protección.

Advierten sobre riesgos de una intervención prolongada

Tiziano Breda, analista de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), considera que el despliegue salvadoreño podría derivar en una operación prolongada o concentrarse en intervenciones de alto impacto que permitan mostrar resultados inmediatos.

El especialista también advirtió que los costos de mantener tropas en Haití podrían generar cuestionamientos dentro de El Salvador, donde una parte importante de la población continúa enfrentando dificultades económicas.

Por su parte, Da Rin reconoció que la presencia salvadoreña podría contribuir a fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional haitiana y las fuerzas internacionales.

No obstante, alertó sobre la posibilidad de que las operaciones militares provoquen una reorganización de las pandillas y favorezcan nuevas alianzas entre organizaciones anteriormente enfrentadas.

También expresó preocupación por las consecuencias de una estrategia enfocada en conseguir resultados rápidos, especialmente en comunidades donde civiles viven bajo el control de grupos armados.

«El afán de las tropas salvadoreñas por asegurar victorias rápidas y simbólicas conlleva enormes riesgos para los civiles, que pueden quedar atrapados en el fuego cruzado», manifestó.

La intervención de El Salvador abre así un nuevo capítulo en los esfuerzos internacionales para enfrentar la crisis de seguridad haitiana, pero también plantea interrogantes sobre su duración, los mecanismos de supervisión y la protección de la población civil.

Mientras Bukele presenta la ofensiva como una oportunidad para contribuir a la recuperación de Haití, los especialistas insisten en que la estabilidad del país requerirá, además de operaciones militares, instituciones fortalecidas y medidas que permitan desarticular las estructuras económicas y políticas que sostienen a las pandillas.