Dirección de Ética concluye que exdirector del ITLA y coordinador de Gabinete incurrieron en faltas éticas por recaudación política

Santo Domingo, Rep. Dom. – En un reciente informe, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) ha determinado que el exdirector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Feliz García, y el coordinador de Gabinete de dicha institución, Winston Paulino, incurrieron en faltas éticas al solicitar aportes económicos, ya sean voluntarios o forzosos, de empleados para un movimiento político.

Impacto en la integridad institucional

El informe de investigación especial señala que esta conducta compromete la integridad institucional y es susceptible de sanción administrativa. En consecuencia, la Digeig ha remitido los hallazgos al Ministerio de Administración Pública (MAP) para que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y determine las sanciones pertinentes conforme a la ley.

Violaciones a la Ley de Función Pública

El documento establece que tanto Rafael Feliz García, quien fue destituido recientemente por el presidente Luis Abinader, como Winston Paulino, utilizaron un mecanismo de recaudación dentro del ITLA en violación de la Ley 41-08 sobre Función Pública.

• El artículo 80, numeral 13, prohíbe a los servidores públicos servir a intereses partidarios durante el ejercicio de sus funciones, organizar actividades políticas, distribuir propaganda o solicitar fondos con esos fines.
• El numeral 14 de la misma ley prohíbe requerir, inducir u obligar a los subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, en beneficio propio o de terceros.

Faltas de tercer grado y la Ley de Partidos

El informe también menciona el artículo 84 de la Ley de Función Pública, que tipifica como faltas de tercer grado, sancionables con destitución, conductas como la falta de probidad y la realización de actos que dañen el buen nombre del Estado o de sus instituciones.

Además, se invoca la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que prohíbe:

• Imponer o aceptar descuentos salariales o aportes económicos de empleados públicos o privados, aun cuando se presenten como cuotas o donaciones voluntarias.
• Poner a disposición de partidos políticos o candidatos bienes, recursos o fondos pertenecientes al Estado.

Recomendaciones de la Digeig

El informe identifica a Winston Paulino como el principal responsable de las prácticas denunciadas y concluye que existen elementos suficientes para considerar que sus actuaciones constituyen posibles faltas éticas susceptibles de sanción disciplinaria administrativa.

Entre las recomendaciones de la Digeig se sugiere:

• Fortalecer los mecanismos de control interno.
• Adoptar medidas preventivas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
• Promover el estricto cumplimiento de los principios éticos que rigen la administración pública.

Investigación paralela de la Contraloría

El documento también destaca que la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República está llevando a cabo una investigación paralela sobre aspectos técnicos y administrativos en el ITLA. Esta pesquisa se centra en evaluar la integridad de los procesos financieros y de control interno, con el objetivo de determinar si hubo vulneraciones a los mecanismos de supervisión institucional.