PLD denuncia impunidad en muertes a manos de la Policía y pide investigaciones concluyentes

Santo Domingo. – Aunque el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República anunciaron una investigación tras la muerte de cinco hombres a manos de agentes policiales en esta ciudad, hasta el momento no existe “un solo informe concluyente” sobre las pesquisas iniciadas por la Policía Nacional en torno a los fallecimientos en presuntos intercambios de disparos.

Así lo afirmó el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, quien advirtió que la tendencia creciente de muertes de civiles a manos de la institución encargada del orden público resulta cada vez más preocupante.

De acuerdo con el dirigente opositor, en los últimos cuatro años los casos han aumentado en un 195 %, y solo cuando se tornan mediáticos se ordenan indagatorias.

“Estamos viendo la época de la impunidad. Solo cuando la gota rebosa la copa las autoridades ordenan investigaciones; nunca hemos visto una concluyente, la ciudadanía no conoce a un investigado”, denunció.

Lorenzo destacó que en lo que va de año se registran 170 muertes atribuidas a la Policía Nacional, y reiteró que la búsqueda de seguridad no puede justificar el irrespeto a los derechos humanos ni al debido proceso.

Llamado a la Procuraduría

El legislador instó a la Procuraduría y al Ministerio Público a cumplir su rol con independencia, al tiempo que cuestionó la presencia de fiscales junto a oficiales en las reuniones semanales de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana.

A su juicio, esa dinámica genera una “camaradería” que compromete la objetividad de las investigaciones. “Si cada lunes se sientan en la misma mesa, escuchan los reportes y no reaccionan, se descalifican para investigar”, puntualizó.

Reclamo de la sociedad civil

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana pidió la formulación de políticas públicas que garanticen investigaciones rigurosas y transparentes de cada fallecimiento en supuestos intercambios de disparos.

La organización subrayó que las pesquisas deben ser lideradas por fiscales y publicarse en un plazo razonable, advirtiendo que la eliminación de personas bajo ese alegato constituye, en muchos casos, una política pública de facto que perpetúa la impunidad.

“Se trata de un patrón que vulnera derechos fundamentales, socava la confianza de la ciudadanía en el Estado y evidencia la necesidad urgente de protocolos claros, investigaciones independientes y rendición de cuentas efectiva”, sostuvo la entidad.

Posición oficial

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró que la misión de la Policía Nacional es “proteger y servir a la ciudadanía” y que cualquier desviación de ese principio debe enfrentar consecuencias claras.

Explicó que la investigación penal corresponde al Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional abrió un proceso disciplinario interno que incluye la suspensión de los agentes involucrados.

Asimismo, informó que el ministerio mantiene abiertas sus vías de denuncia para casos de abusos o irregularidades, garantizando la confidencialidad de los denunciantes.

“Apostamos a la transparencia, al respeto de los derechos humanos y a la transformación profunda de la Policía Nacional, tal como lo ha planteado el presidente Abinader”, subrayó Raful.